La maternidad sigue siendo, en pleno siglo XXI, una de las decisiones personales más condicionadas por factores externos. Pese a que la sociedad presume de libertad reproductiva, la realidad demuestra que muchas mujeres continúan asumiendo costes laborales, económicos y sociales que los hombres no comparten.
La maternidad, lejos de ser un proyecto vital apoyado colectivamente, se convierte con frecuencia en un lastre profesional y en un factor de desigualdad estructural. Y las consecuencias van mucho más allá de las trayectorias individuales: afectan a la natalidad, al mercado laboral y al futuro demográfico del país.
Los datos lo confirman con contundencia. En España, el llamado “peaje de la maternidad” implica que, durante el primer año tras el nacimiento, las madres pierden de media un 11% de sus ingresos laborales, una caída que no se observa en los hombres. Diez años después, esa brecha alcanza el 28%. La penalización no es puntual: es persistente, se acumula en el tiempo y acaba repercutiendo también en la pensión futura.
Diversos estudios internacionales estiman que hasta un 80% de la brecha salarial entre hombres y mujeres en países ricos se explica por este efecto “hijo”, que impacta de manera sistemática sobre las carreras femeninas.
Pero no se trata solo de cifras. El 87% de las madres españolas reconoce haber renunciado a salario, promoción o estabilidad laboral tras la llegada de los hijos. Más de la mitad reduce su jornada; una de cada cuatro solicita excedencia; una de cada cinco renuncia a ascensos.
A este panorama se suma un clima laboral que sigue penalizando implícitamente la maternidad.
Dos de cada tres mujeres creen que tener hijos perjudicará su carrera, frente a menos de la mitad de los hombres. Una cuarta parte teme incluso ser despedida si solicita la baja por maternidad. Además, persisten sesgos sutiles: menos oportunidades de promoción para quienes tienen hijos, peores expectativas de contratación para mujeres en edad fértil y la percepción empresarial —no siempre confesada— de que un hombre con familia es un trabajador “estable”, mientras que una madre es un “riesgo”.
Estas barreras no solo condicionan la libertad de decisión de las mujeres, sino que tienen efectos visibles sobre la estructura demográfica del país. España vive hoy uno de los niveles de natalidad más bajos del mundo, con apenas 1,12 hijos por mujer, muy lejos del nivel de reemplazo (2,1).
Tener hijos se ha convertido en un lujo que muchas mujeres y parejas no pueden permitirse, o que retrasan hasta edades que reducen la probabilidad de formar familias del tamaño que desean. Las encuestas demuestran que la mayoría de las mujeres querrían tener más hijos de los que finalmente tienen, pero la falta de conciliación y la inseguridad económica actúan como frenos potentes.
Las consecuencias de esa baja natalidad ya están aquí: una población que envejece aceleradamente, un mercado laboral con menos jóvenes entrando que jubilados saliendo y un sistema de pensiones sometido a tensiones crecientes. España podría alcanzar en 2050 el mayor índice de dependencia de Europa, con más de 70 mayores por cada 100 personas en edad activa.
La economía también se resiente: menos población joven implica menos innovación, menos consumo y menos contribuyentes para sostener el estado del bienestar. En ausencia de nacimientos, la inmigración se convierte en la única vía para evitar la contracción demográfica, pero también plantea desafíos de integración y cohesión social.
Frente a este escenario, los expertos coinciden en que la solución de una mayor natalidad, pasa por garantizar condiciones reales de igualdad. Los países que han logrado combinar empleo femenino y tasas de natalidad relativamente altas —como Francia o los nórdicos— lo han hecho apostando por políticas ambiciosas: permisos parentales bien remunerados, redes amplias de guarderías asequibles, horarios laborales racionales y una cultura empresarial que no penaliza la maternidad. El resultado es un equilibrio más sano entre vida laboral y familiar, y una natalidad más cercana a la deseada por las mujeres.
España, en cambio, se mueve todavía en un modelo donde la maternidad se asume en soledad y con coste personal. Y donde el aborto es una elección prioritaria hasta alcanzar más del uno de cada tres nacimientos. En Cataluña todavía es más grave porque la cifra alcanza el 40%.
Mientras no cambie esta estructura, la decisión de tener hijos difícilmente podrá considerarse libre: será una elección condicionada, cargada de riesgos y desigualdades. Y una sociedad que penaliza a las mujeres por ser madres se expone a un futuro demográfico incierto.
Y todo esto se combina con una evidencia negligida: en los años setenta del siglo pasado una familia podía disponer de un hogar y vivir con un solo salario. Hoy, con las cifras del salario más frecuente, una pareja trabajando los dos difícilmente puede aspirar a un hogar si no lo tiene y a llegar al primer hijo sin incurrir en una situación de riesgo de pobreza.
El mensaje central es claro: la mujer solo optará con libertad cuando deje de penalizarse la maternidad, y solo entonces la natalidad podrá acercarse a niveles que garanticen la sostenibilidad social.
La igualdad no es una reivindicación abstracta: es un requisito para asegurar el futuro económico y demográfico del país. Porque una sociedad que no permite a las mujeres tener los hijos que desean —o que las empuja a no tenerlos— es una sociedad que recorta su propio futuro.
Los países con igualdad y permisos parentales fuertes tienen más natalidad. No es magia: es política pública. #PermisosParentales #PolíticasFamiliares #Natalidad Compartir en X
