Sin respeto a los procedimientos, sin plenitud de funcionamiento parlamentario, la democracia representativa es una ficción y se transforma en un sistema autoritario dirigido por el ejecutivo bajo formas liberales. Hay parlamento, hay jueces, pero éstos son puros elementos instrumentales al servicio de la voluntad del ejecutivo.
En México durante muchas décadas existió un sistema autoritario en manos del partido revolucionario institucional, totalmente compatible con elecciones parlamentarias al funcionamiento del congreso y senado y una teórica rama de la justicia compuesta por jueces independientes. Por tanto, no estamos ante un fenómeno nuevo, en todo caso la especificidad española radica en que esta degradación de la representación democrática se lleva a cabo de forma progresiva y no repentina.
La nueva regulación sobre lo que era el delito de sedición, que ahora será sustituido por el de desórdenes públicos agravados, con una pena mucho menor, tiene en la forma de desarrollarse todos los ingredientes de aquel proceso de vulneración democrática, que empezó con la suspensión del congreso y el senado por parte del ejecutivo durante la pandemia. Lo que después ha sido declarado inconstitucional, sin embargo, sin que tenga ningún tipo de consecuencia sancionadora.
La ley que ahora se tramita ya es en sí misma anómala porque es fruto de una proposición y no de un proyecto presentado por el gobierno, aunque aquél es su origen. Es una primera trampa parlamentaria que se hace para evitarse las tramitaciones y las consultas externas pertinentes. De esta forma se hurta el debate parlamentario, la luz y los taquígrafos, la opinión de expertos y de instancias consultivas, como el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado. Pero, además, en esta ocasión, mediante enmiendas que alterarán sustancialmente a velocidades nunca vistas el Código Penal.
Mediante esta práctica se reformará el delito de malversación de fondos públicos a fin de rebajar los tipos penales. Se incorporará una nueva figura delictiva, para intentar evitar que ese cambio legal dé lugar a una nueva parodia como la que está produciendo la ley del “sí es sí” con rebajas de penas en cascada, que de producirse sería un escándalo, porque en ese caso, además de llover sobre mojado, estaría afectando a personas condenadas por corrupción.
Y por si estos cambios fueran pocos todavía se introducirá otra modificación penal con la sanción a las empresas que tengan falsos autónomos. Todo esto se hará con enmiendas que se han presentado este viernes, se discutirán hoy lunes 12 y martes 13 en ponencia y comisión y se aprobarán el jueves 15 en el pleno. En 3 días habrá alteradas figuras muy importantes del Código Penal. Es un escándalo.
Pero, ¿por qué? ¿Por qué tantas prisas? Pues, por una razón meramente táctica de interés político de Sánchez. Porque quiere llegar, pasado las vacaciones de Navidad y para empezar el año electoral, recordemos que en mayo hay elecciones en muchas comunidades autónomas además de municipales por todas partes, limpio de toda ley que pueda representar elementos conflictivos o polémicos. Naturalmente, bajo un criterio democrático este oportunismo político no puede ser en modo alguno asumido y constituye un abuso y degradación del funcionamiento de la democracia, porque ésta no existe sin atenerse a formas y procedimientos reglados que ofrezcan el máximo de garantías al parlamentarismo, es decir, a escuchar las propias opiniones y las que se pueden producir en los ámbitos de consulta necesarios o convenientes.
Con este enfoque basta con que el gobierno disponga de una mayoría en el parlamento para que transforme instantáneamente sin atenerse a ninguna otra consideración más que a sus intereses políticos, las leyes. Y esto tiene un nombre, que se llama dictadura de la mayoría. Bajo esta lógica bastaría con ganar las elecciones para que a partir de ahí quedara legitimado todo cambio que el gobierno quisiera impulsar sin otro freno y consideración más que su voluntad.
No hace falta esperar a ver las consecuencias, ya son evidentes; por ejemplo, a base de estas prisas la pena máxima por malversar será previsiblemente de 4 años, mientras que al empresario que tenga falsos autónomos le caerán 6 años de cárcel. La desproporción entre uno y otro tipo de pena de acuerdo con el delito que se comete es evidente. Se trata de una consecuencia más de elaborar leyes a medida de los intereses del poder sin otra consideración sobre su calidad y equidad.
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