La prueba de fuego de la presidencia de Illa es hacer efectivo el acuerdo de financiación entre PSC y ERC con el apoyo del gobierno Sánchez. Hay que decir que ya nos preparan para justificar un proceso largo, de años, pero esto se transformará en un engaño si la máquina de introducir las modificaciones -que depende de la mayor parte del gobierno, del Congreso y del propio gobierno- no se pone en marcha de forma inmediata.
Una cosa es el tiempo para resolverlo totalmente y otra es el momento de iniciarlo y su ritmo. Es en este segundo aspecto donde no se pueden producir dilaciones, e Illa es el primer responsable, junto a los votos de ERC en el Congreso, de que ningún retraso se produzca. En el fondo, late el problema de un pacto asimétrico. Por un lado, el efecto instantáneo de apoyar a la candidatura de Illa como presidente; por otra parte, un nuevo planteamiento de la financiación.
El acuerdo escrito está bastante claro en su exposición, y ahora hay que ver cómo se concreta. La Generalitat será la única responsable de la recaudación, gestión y fiscalización de los impuestos. Pagará una parte no determinada al gobierno español en concepto del gasto del estado con Cataluña, y otra, también pendiente de definir, como aportación a la solidaridad. Estos dos extremos no precisados son decisivos.
En la actualidad, la recaudación del estado en Catalunya es del orden de 58.000 millones de euros, de los que la Generalitat percibe 28.000 millones en concepto de ingresos de IRPF, IVA e impuestos especiales. Los 30.000 restantes son los que ahora quedan en manos del gobierno de España. ¿Qué parte de estos 30.000 quedará en manos de Cataluña?
Cabe recordar que el déficit fiscal estimado por la Generalitat se sitúa en 14.631 millones de euros. Sin embargo, cabe advertir que mientras las cifras de impuestos son reales y concretas, el déficit fiscal no deja de ser un cálculo que varía significativamente según la metodología que se aplica. Es más, cambia como de la noche a la mañana si se introducen las pensiones, que hacen un flujo hacia el estado en dos direcciones: la cuota que pagan los trabajadores y las pensiones que reciben los jubilados. Este balance hace años que, en el caso de Catalunya, es negativo y, por tanto, resta la magnitud de déficit fiscal.
Las elucubraciones previas señalan que en Catalunya podrían permanecer entre 6.000 y 13.000 millones de euros. Como puede constatarse, el abanico es muy amplio. En el primer caso, la mejora sería sustancial, pero pequeña en relación al potencial de ingreso, los 30.000 millones. En el segundo, prácticamente compensaría el déficit fiscal e incluso lo superaría si se tuviera en cuenta, como he apuntado antes, el déficit catalán con la Seguridad Social.
Sea como fuere, junto con el tiempo, la concreción de estas cifras es crucial para saber si estamos ante una buena solución o un engaño. La credibilidad de Illa está en juego. No ayuda que la ministra Montero vaya predicando que el sistema es generalizable a las demás autonomías. No es así, porque salvo Madrid y Baleares, todas las demás, poco o mucho, reciben del fondo de compensación, mientras que Catalunya paga.
Por tanto, para que fuera generalizable, el estado debería añadir dinero a estas autonomías en un importe no inferior al que reciben, y ésta es la cuadratura del círculo. Además, si la gestión completa de los impuestos se generalizara, la Hacienda española perdería de facto la información del control fiscal en buena parte del estado, lo que sería una revolución difícil de asumir, especialmente cuando los cuerpos de funcionarios de Hacienda se niegan rotundamente a ser trasladados de su dependencia estatal a la autonómica.
Esta última cuestión podría tener una solución: la autoridad fiscal, tal y como se ha convenido en el pacto, sería de la Generalitat, pero ésta delegaría a la Hacienda española radicada en Cataluña todo el procedimiento y gestión. Sería una versión similar al consorcio fiscal que prevé el Estatuto de Autonomía, y que en todo caso quedaría muy lejos de los conciertos vasco y navarro, en los que realmente son las diputaciones, en el caso vasco, las que tienen toda la autoridad sobre la gestión y control de la fiscalidad.
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