Según el sindicato Csif el Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) vuelve a retrasar los nuevos ERTE que se están solicitando por parte de las empresas. Este colapso podría hacer que el 40% de los perceptores de los Ertes encuentren dificultades para recibir la prestación a tiempo en los próximos meses. Lo mismo está ocurriendo con las nuevas prestaciones que se han aprobado, como el subsidio de 430 euros para aquellos desempleados que se quedaron sin ingresos durante el primer estado de alarma.
Desde Csif señalan que en las dos primeras semanas de noviembre, se han tramitado casi 150.000 Ertes con más de 720.000 trabajadores. La tramitación de todos estos nuevos expedientes implicará una nueva sobrecarga sobre los casi 8.000 trabajadores del Sepe. Aunque como remarcan desde UGT, el problema se arrastra desde hace meses pues no se ha conseguido dar salida a los errores que se han ido acumulando durante los meses más duros, cuando llegaron a cobrar del Sepe más de 3,5 millones de personas sólo de los Ertes.
El proceso exige que se les comunique por escrito para que el afectado pueda presentar las alegaciones oportunas, para lo cual tiene diez días. Hasta que el Sepe no tiene constancia de que este paso se ha realizado, no solicita formalmente la devolución de las cantidades transferidas indebidamente. Algo difícil de que se produzca, pues aún hay muchos afectados que no han recibido la comunicación del Departamento de Cobros Indebidos del Sepe. Finalmente, hay un plazo de un mes para devolver este dinero.
Durante la primera ola de la pandemia se reconocieron unos cuatro millones de ERTE y algunos empresarios utilizaron esta medida de forma irregular para su beneficio, como obligar a sus trabajadores a acogerse al ERTE y a su vez trabajar a jornada completa. De hecho, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, avisó en julio de este año a las empresas de que el fraude en los ERTE podría conllevar “consecuencias penales”. Aunque la ministra aseguró que en la mayoría de los casos imperaba la honestidad de las empresas, también advirtió que los fraudes en los ERTE son un “mal uso de los recursos públicos”, y no constituyen simplemente “una sanción administrativa grave”.
Por ese motivo, desde la Inspección de Trabajo se puso en marcha una campaña intensiva específica para evitar estos fraudes. Dicha campaña se realizó mediante el envío masivo de cartas a aquellas empresas que habían adoptado estos expedientes y a las que se le había abierto una investigación para comprobar que todo estaba correcto –unas 70.000 cartas– y, sobre todo, con la visita de los inspectores de trabajo a las compañías en las había indicio de fraudes.
A finales de octubre, la Inspección de Trabajo ya había sancionado a 1.755 empresas por infracciones en los ERTE como incluir en los expedientes a intrusos, es decir a empleados ficticios para que cobrasen la prestación, u obligar a desempeñar sus tareas a asalariados con el contrato suspendido o por periodos de tiempo más amplios de los que permitían sus reducciones de jornada. Con la oleada de los nuevos ERTE, la situación vuelve a ser similar.
La tramitación de todos estos nuevos expedientes implicará una nueva sobrecarga sobre los casi 8.000 trabajadores del Sepe Share on X
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