Hoy existe una constatación clara del fracaso de las políticas gubernamentales contra la violencia que, sobre todo, experimentan las mujeres y, en mayor medida todavía, las menores. Esto se hace evidente en las cifras de cómo ha evolucionado este problema en los últimos años. Y no será por falta de relevancia política y mediática ni de recursos o pactos de Estado, puesto que, de hecho, es uno de los pocos temas que han recibido consenso en los últimos años. Es en la concepción cultural y moral que rodea a estas políticas públicas, y las informa, donde radica la raíz de este estrepitoso fracaso.
Recientemente se ha publicado un informe que analiza un aspecto del problema: el estudio «Violencia sexual ejercida en grupo: análisis epidemiológico y aspectos criminológicos en España», elaborado por el Ministerio del Interior en colaboración con diversas universidades.
Aunque las agresiones sexuales en grupo representan un pequeño cupo dentro del total, tienen una carga terrible porque involucran la acción conjunta de varios agresores. Del conjunto de estas agresiones, un 3% son ejercidas por dos personas y un 1,4% por tres o más, siendo estas últimas conocidas como mandadas. Una característica relevante es que, cuanto más jóvenes son los agresores, más largas y violentas son las acciones y, además, mayor es el número de integrantes del grupo. La edad media de los agresores es de 23,8 años, mientras que la de las víctimas es de 23,4. Una de cada tres víctimas es menor de edad, un porcentaje abrumador y terrible, ya que la proporción de chicas menores en la población total femenina es mucho menor. Esto implica que su prevalencia como víctimas es mucho mayor que en mujeres mayores de edad.
Este patrón no es una excepción, puesto que sucede también con la violencia sexual en general, que es cometida mayoritariamente por una sola persona. El informe revela, además, que casi la mitad de estas agresiones ocurren en contextos relacionados con el ocio nocturno y se concentran durante los fines de semana.
Sin embargo, las denuncias constituyen sólo una pequeña parte del total. Los datos del Ministerio del Interior, recogidos en sus informes anuales sobre delitos contra la libertad sexual, exponen un panorama desolador. En 2017 se registraron 11.692 delitos de este tipo, mientras que en 2023 se alcanzaron 21.855. En sólo siete años, los casos casi se han duplicado, multiplicándose por 1,9. Dentro de esta categoría, el delito más violento, la agresión sexual con penetración, ha mostrado un crecimiento aún mayor: en 2017 se registraron 2.136 delitos (18% del total), mientras que en 2023 se contabilizaron 4.890 (22%), lo que representa un aumento de 4 puntos porcentuales en siete años.
Esto confirma lo que se ha señalado al principio: el rotundo fracaso de las políticas aplicadas. Si analizáramos una serie más amplia desde 2013, el porcentaje de crecimiento sería similar.
Cataluña no sale bien parada en este examen estadístico. En el ranking de delitos por cada 10.000 habitantes, entre las diez primeras provincias, cuatro son catalanas. Lleida ocupa la tercera posición con 6,2 delitos, seguida de Barcelona en la quinta posición con 5,5, Tarragona en la novena con 5,3 y Girona con la misma cifra. La media española se ubica en 4,5.
Por comunidades autónomas, Baleares ocupa el primer puesto con 8,8 delitos por cada 10.000 habitantes, seguidas de Navarra con 6,9 y Catalunya con 6,3. No parece que el tamaño de una gran capital influya decisivamente, como demuestra el caso de Madrid, cuya prevalencia es de 4,5, igual a la media española.
Dos hechos adicionales son relevantes. Por un lado, el peso importante (en torno al 40%) de los agresores de origen extranjero, cuando su proporción en la demografía española es mucho menor, aproximadamente la mitad. Sin embargo, esta relación no se da en el caso de las menores de edad. En este grupo, las víctimas menores de 17 años representan prácticamente el 40% del total de casos, una cifra mucho mayor que su peso en la población. En estos delitos, la presencia de inmigrantes no es proporcionalmente significativa.
La conclusión es evidente: el crecimiento de estos delitos no puede ser indefinido ni mantener la magnitud observada hasta ahora, pero las cifras actuales son tan alarmantes que revelan un problema profundamente extendido. Decenas de miles de mujeres son agredidas cada año, y las políticas desplegadas, a pesar de su ambición, han resultado completamente ineficaces.
La sociedad, los medios de comunicación, las entidades sociales y especialmente el Congreso y el Senado deben abrir una profunda reflexión sobre lo que está ocurriendo y las causas de este fenómeno. Esto tiene mucho que ver con cómo se ha generalizado una determinada cultura de las relaciones sexuales, especialmente entre los más jóvenes, y cómo esa cultura se ha integrado en el ocio nocturno.
Una ley no puede tener éxito si requiere un policía junto a cada presunto delincuente. Las leyes sólo funcionan cuando están ancladas moralmente en la conciencia de cada individuo, y esto es lo que ha desaparecido en España, especialmente entre los jóvenes. Éste es el problema que el gobierno y la cultura dominante no quieren ver, a pesar del escándalo de las cifras, simplemente por ceguera ideológica.
Cargando ...
