Hay un esfuerzo evidente por mostrar a Salvador Illa como un presidente muy atareado, que lleva a cabo un número extraordinario de contactos y reuniones. Quiere mostrarse, y probablemente también responde a la realidad, que es un hombre muy trabajador. Ésta es una manera de compensar su hasta ahora gris actividad como gobernante: revestirla de eficacia.
El problema de fondo radica en que este posicionamiento que se quiere alcanzar por parte de su gobierno no resuelve la gran limitación de Illa, que ya se pone de manifiesto a pesar del poco tiempo que lleva gobernando. Se trata, como es notorio, de su fuerte dependencia de Sánchez, política y también personal, desde los tiempos en los que le nombró ministro de Sanidad. De hecho, Illa tiene más dependencia del gobierno socialista que la que podía tener, por ejemplo, su antecesor en el partido, Montilla. Pese a proceder de las filas socialistas del Baix Llobregat —teóricamente las menos catalanistas—, Montilla supo mantener cierta diferenciación entre su función como presidente y el PSOE.
El primer hecho relevante se ha producido con motivo de la pretensión del gobierno español de prolongar su impuesto extraordinario a las empresas del sector de la energía y de la banca. Se trataba de extender a ambos sectores el importe que ya se había aplicado por tres años adicionales. En el caso de la banca, el impuesto grava el margen de intereses y comisiones obtenidas con un tipo progresivo que oscila entre el 1% y el 6%, según la base liquidable. Un 25% de este impuesto será deducido de la cuota del impuesto de sociedades y se contempla una deducción extraordinaria si se reduce la rentabilidad. En el caso del País Vasco y Navarra, el impuesto será gestionado por las haciendas forales de acuerdo con sus respectivos regímenes tributarios.
Las eléctricas recibían un trato similar. Este impuesto tenía una fuerte y doble repercusión en Cataluña. Por un lado, Repsol declaraba que no llevaría a cabo su inversión extraordinaria de 1.100 millones de euros en Tarragona, destinada en su mayor parte (800 millones) a la ecoplanta de El Morell, dedicada a la producción de metanol y biometanol renovable. Los 300 millones restantes iban dirigidos a un electrolizador de 150 megavatios (MW), asociado a la ecoplanta, para producir hidrógeno verde.
Por otro lado, en el caso de la banca, el impuesto afectaba especialmente a CaixaBank, porque de los grandes de este sector es el que tiene más negocio localizado en España. De rebote, este hecho afectaba gravemente a la Fundación la Caixa, ya que, como es sabido, a través de los fondos de Criteria, los beneficios que le corresponden de esta participación mayoritaria en CaixaBank son la fuente de financiación de la Fundación. Esta particularidad en el sistema bancario español fue la solución que Isidro Fainé encontró para reconvertir la Caixa en un banco y, al mismo tiempo, mantener la importante Obra Social que la ha convertido en la mayor fundación de España y una de las mayores dedicadas a propósitos sociales en toda Europa. El presupuesto de la Fundación en 2023 fue de 538 millones de euros, y el 60% se destina a programas de transformación social como la lucha contra la pobreza infantil, la integración laboral de colectivos con dificultades, la atención integral a personas con enfermedades avanzadas al final de su vida; y el programa para personas mayores, entre otros.
En el caso concreto de Catalunya, a diferencia del resto de bancos, el impuesto perjudicará los presupuestos futuros de la Fundació y reducirá su impacto social, del que también se beneficiaría la Generalitat. De hecho, la Generalitat ha firmado un acuerdo plurianual por el que recibirá más de 200 millones de euros para actuaciones públicas de carácter social.
En ambos casos, el gobierno de Cataluña se mantuvo en silencio: no se opuso en ningún momento al impuesto a pesar del perjuicio específico que causaba a Cataluña. La dependencia de Illa de Madrid, y de Sánchez en concreto, lo impidió.
Muy distinta fue la actuación del gobierno vasco, a través del PNV, y la de Junts, que actuó de forma decidida haciendo valer sus siete votos decisivos en el Congreso de los Diputados. La acción conjunta del PNV y de Junts consiguió, por un lado, lo que podríamos llamar sin matices a una especie de “cacicada”: que el impuesto no se aplicara a las eléctricas, sólo a la banca, sin que haya razones objetivas para esa diferencia. El PNV, por su parte, se ocupó de pactar que, en el caso del impuesto a la banca, tanto en el País Vasco como en Navarra, su gestión sería llevada a cabo por las haciendas forales y no por el gobierno de el estado, conforme a los regímenes tributarios de sus territorios.
Esto hace prever, ya se sabe, que en la práctica el impuesto quedará sin efecto en estos territorios. Así, BBVA será el gran beneficiado, mientras que CaixaBank y la Fundación la Caixa serán los grandes perjudicados, porque en este caso Junts no jugó la carta hasta el final. La pregunta es evidente: ¿cómo es posible que, ante hechos de esa magnitud que afectan a los intereses de Cataluña, haya ese religioso silencio de Illa?
Esta dependencia de Illa también se pone de manifiesto ahora en el caso de Valencia. La terrible tragedia que vive este país ha provocado un despliegue de gran solidaridad, tanto interna como de toda España, incluida Cataluña. Pero las acciones de solidaridad llevadas a cabo han sido sobre todo individuales, de colectivos de la sociedad civil y de los alcaldes del ámbito metropolitano. Todo esto ha contrastado con el gran silencio de la Generalitat. Se ha perdido así una gran ocasión para superar las diferencias con un territorio tan cercano a Cataluña como es el valenciano y ofrecer todos los recursos posibles, aprovechando también la proximidad. Si se hubiera hecho, esto habría creado una notable incomodidad política, tanto con el PP, algo que no tiene impacto para Illa, como también con el gobierno español, que no ve con buenos ojos la posibilidad de que Catalunya se involucre en la tragedia valenciana.
En cualquier caso, todavía hay tiempo para que Isla corrija esta situación concretando públicamente ofertas de colaboración y ayuda. Sea como fuere, también sería lógico que el Parlamento de Cataluña dedicara atención a examinar estas dos cuestiones: la de los impuestos a las eléctricas y la banca, con su afectación específica a Cataluña, y la ayuda que la Generalitat ha concretado y ofrecido públicamente en el País Valenciano.
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