A fin de facilitar el pacto de Iglesias con Sánchez, los Comunes han optado por olvidarse de dos de los puntos cruciales del programa con el que concurrieron a las muy recientes elecciones.
El partido de Colau, que tiene la pretensión de pescar en el terreno independentista, o al menos no perder la fracción de voto que le queda de este signo, ha optado por eliminar del acuerdo con los socialistas dos puntos que podrían estorbar.
Uno era el relacionado con establecer fórmulas con el gobierno central que permitieran lograr la libertad de los líderes independentistas encarcelados. El otro era abrir foros de diálogo que pudieran desembocar en un referéndum de autodeterminación.
No eran propuestas radicales, sencillamente apuntaban a la apertura de posibilidades, tanto en un aspecto como en otro. Eran instrumentales y no prejuzgaban que las finalidades, libertad de los presos y referéndum, fueran logradas. Eran propuestas modestas. Pero esta modestia tomaba sentido si los Comunes-Podemos eran necesarios para gobernar, como así ha sido.
Pero, precisamente cuando llega la hora de la verdad, se envainan las propuestas. Es una manifestación más de la vieja política y del engaño electoral, que consiste en presentar programas dirigidos a atraer votos y después actuar para lograr el poder prescindiendo de los compromisos del programa. No es ninguna novedad en la trayectoria de Ada Colau como alcaldesa de la ciudad, y en parte de los temas de mayor relevo con los que se presentó a las elecciones. El caso de la vivienda, también una vez lograda la alcaldía pasó a mejor vida.
Pero lo más extraño es que al mismo tiempo que dulcifican el programa de gobierno haciendo desaparecer la cuestión catalana, alineándose completamente con la posición del PSOE, Ada Colau ha abierto un grave conflicto al cuestionar la independencia de los jueces del Supremo. A la alcaldesa le ha caído muy mal que aquel Tribunal otorgara finalmente la razón a AGBAR en su conflicto sobre la adjudicación del servicio del agua en el área metropolitana de Barcelona.
La conclusión del Tribunal Supremo hace inviable el proyecto de Colau de municipalizar este servicio porque, una vez reconocida por el Tribunal la titularidad de AGBAR, la expropiación sería cuantiosa y significaría más de 400 millones de euros de costosa amortización. En relación con la sentencia, Colau manifestó: «No puedo hacer una afirmación categórica, pero no es solo el agua, son las hipotecas y otras causas del Supremo que generan perplejidad (…). Cada vez que hay causas mayores que afectan a los grandes intereses económicos hay sentencias que van contra el sentido común». Y para rematarlo, añadió «otro dato curioso: AGBAR tiene un convenio con el Consejo General de Poder Judicial para la formación de jueces en materia de agua». Y expresó su convencimiento de que «hay un mal funcionamiento de la cúpula judicial que requiere que se revise».
De este modo, la principal fuerza aliada con Iglesias, y que forma parte del mismo grupo parlamentario, considera que se tiene que revisar la cúpula judicial. La cuestión es que ahora sus declaraciones, graves por lo que prejuzgan sobre la independencia judicial, van más allá de su importante cargo como primera autoridad de Barcelona, porque tienen que tener traducción en la perspectiva de un gobierno común con Sánchez. Si Colau no pone sobre la mesa la necesidad formulada por ella misma de revisar lo que hace la cúpula judicial, aclarando la incógnita de si está influenciada o no por los poderes económicos, mostrará una vez más que sus palabras y su práctica política discurren por caminos diferentes.
Una última observación menor. Si bien es muy exacto que existía un acuerdo entre la Fundación AGBAR y el CGPJ para la formación de jueces, este dejó de tener efecto en 2016.
