El presidente del gobierno español habla y no para de sus logros en nuestro beneficio, pero la realidad es que para nuestros bolsillos pintan bastos. Las palabras pueden engañar, los datos, si responden a la realidad, no. Y los datos nos dicen lo siguiente: en relación al 2019, los asalariados de este país considerados en su conjunto ingresan 2.200 millones de euros menos. Es el camino que nos falta recorrer para volver a la situación precovid, y que la mayoría de países de Europa ya han hecho. Pero, pese a ser mala esta situación, no es lo peor, porque resulta que encima de ingresar menos, pagamos 7.700 millones de euros más por IRPF al Estado, es decir al gobierno español y a la Generalitat. Son los efectos de la inflación, un impuesto invisible para nuestros bolsillos y un gran negocio para el Estado. Todo suma, casi, la astronómica cifra de 10.000 millones de euros que salen de la renta personal y de nuestras familias.
Si a esta realidad pelada se le añade lo que se llama cuña fiscal, que incorpora lo que pagamos a la Seguridad Social, resulta que nuestro sistema impositivo es de los más exigentes de la OCDE. El hecho de que paguemos pocos impuestos es un mito como tantos otros que se han inventado a medias entre la progresía y los que viven de las rentas del Estado.
Por si no fuera suficientemente desdichado todo esto para nuestras economías personales, resulta que al menos para la OCDE la inflación, en contra de lo que nos van explicando, no se acabará rápidamente. De entrada, ya tenemos garantizado que durará 6 meses más y llegaremos a un fin de año en el que todo habrá subido entre un 7 y un 8% como promedio. Pero es que ahora la Organización para el Desarrollo Económico anuncia en su última previsión que en 2023 tendremos una inflación media anual del 5%, es decir, todo lo que vayamos a comprar seguirá subiendo y además proseguiremos la ruta de que los impuestos, por esa razón inflacionaria, nos vacíen los bolsillos. Si esta previsión la combinamos con que no recuperaremos la situación de ingresos hasta finales del próximo año o principios del siguiente, es muy difícil creer al presidente del gobierno cuando nos explica sus continuas películas.
Este hecho perjudica, además, de manera especial a los catalanes. La razón es muy sencilla, pagamos los impuestos que nos toca, que, como hemos visto, son muchos. Pero al mismo tiempo, dada la falta de atención y eficiencia de la administración central, ayudada por los enredos de la Generalitat, sabemos de forma fehaciente, porque ha sido el escándalo de la semana pasada, que lo que realmente se invierte en Cataluña es muy poco, incluso en relación a lo presupuestado.
Pero, como el estado es rico, Sánchez ya ha anunciado, como buen anfitrión que será de la OTAN en la próxima reunión que se celebrará en Madrid, que aumentará el gasto militar hasta alcanzar el 2% del PIB. Lo que no cuenta es de dónde saldrá tanto dinero. La respuesta afortunadamente es muy sencilla: de nuestros bolsillos. De momento Margarita Robles ha pedido ya un anticipo de 3.000 millones para ir haciendo camino. Está claro que parte de ese dinero es necesario porque con sus donaciones a Ucrania, España, por ejemplo, se ha quedado con las reservas de munición muy reducidas, que es necesario recuperar rápidamente. Y es que como preguntaba Josep Pla “todo esto ¿quién lo paga?”.
Por último, una buena noticia que habrá que matizar: finalmente se ha aprobado por parte de Bruselas limitar el precio del gas. Y esto es bueno porque reducirá nuestra factura del hogar. En contra de lo anunciado por parte del gobierno, sin embargo, la reducción no será del 30% sino de más o menos la mitad. Lo que hay que aclarar, y no es un tema menor, es quién va a pagar los 6.300 millones que representa este límite del precio del gas. No sea malpensado.
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