Es evidente que estamos creciendo más que la UE y que esta tónica se puede mantener el próximo año. Es una buena noticia que ya hemos subrayado en anteriores ocasiones, pero lo que no es tan bueno es cómo crecemos o, en otros términos, cuál es la composición del PIB. La mayor parte de este crecimiento, el 63% el pasado año y el 82% este año, se debe a la demanda interior. En 2023, esta aportación correspondió en 1 punto al sector privado y 1,1 puntos al público. Este año, el privado se incrementa hasta los 1,3 puntos y el público se sitúa en el 0,9.
Hay que añadir que esta participación del consumo público es muy grande y no es sostenible en el tiempo, especialmente porque resulta imperativo realizar ajustes en el gasto. Sin embargo, lo más preocupante es la poca inversión, que tuvo un signo negativo en el 2023 y aumentará sólo una décima este año.
El consumo privado y la inmigración
El consumo privado no se mantiene alto a consecuencia de una mejora de los ingresos, que querría decir también un aumento de la productividad, sino sobre todo por el añadido de más gente trabajando con bajos salarios y, por tanto, baja productividad: es la inmigración . El 70% de los nuevos puestos están ocupados por esta población.
Esta fuerte inmigración tiene efectos ramificados. Uno de ellos es particularmente importante dada la terrible crisis de vivienda que afecta a España. Se trata de la presión de estos recién llegados para formar nuevos hogares que demandan viviendas de alquiler de rentas bajas en las grandes ciudades, lo que contribuye a la situación actual. Por otra parte, como esta población se concentra sobre todo en el ámbito agrario y en la hostelería, así como en los servicios personales, en las poblaciones intermedias de base agraria o turística, como diversas ciudades rurales de Andalucía o municipios turísticos de Cataluña, Baleares y Canarias, se produce un desajuste entre los salarios que se pagan y los precios de los alquileres.
Un mal diagnóstico de futuro
Todo ello hace que el actual escenario tenga un mal diagnóstico si lo proyectamos a corto plazo. Esta situación se agrava porque el gobierno no tiene ningún aliciente para regular la inmigración en función de las condiciones globales del país, sino sólo en relación a la demanda de los sectores de bajas remuneraciones. No existe ningún incentivo para hacerlo porque es el factor fundamental que permite al gobierno mostrar crecimiento del PIB y del empleo.
Con las actuales políticas de vivienda y estos precedentes sobre la mesa, es del todo improbable que el gobierno Sánchez, y por extensión el gobierno Illa, sean capaces de apaciguar la crisis de la vivienda. Por un lado, la presión por la nueva vivienda seguirá afectando especialmente a los niveles más bajos de ingresos. Por su parte, la presión de los pisos turísticos continuará si no se adoptan medidas radicales.
Seis años sin soluciones efectivas
Hay que recordar un hecho que a menudo se olvida: Sánchez lleva seis años en el gobierno y, sin embargo, a pesar de la ley de la vivienda del 2023, el problema no se resuelve, sino que se multiplica. La causa es concreta. Desde 2018, se han iniciado aproximadamente 13.000 viviendas protegidas al año, una cifra que contrasta con la del período 2003-2010, en la que se construían cerca de 80.000 anuales. Entre 1995 y 2002, la cifra era de 60.000 viviendas protegidas, pero esto se ha interrumpido con el actual gobierno.
Se han hecho muchas promesas por parte de Sánchez. Recientemente, se ha anunciado un plan para construir 43.000 viviendas de alquiler asequible y otras 80.000 en varias fases de desarrollo que forman parte de un plan más amplio. Sin embargo, vistos los antecedentes, hay que ver cómo todo esto termina. Además, estas cifras son ya insuficientes para compensar el déficit y la demanda anual.
Un mercado distorsionado
Mientras haya un flujo inmigratorio tan grande y una demanda turística tan elevada, el mercado se verá distorsionado, como lo está también por la ley de la vivienda del 2023, que aplica especialmente Catalunya con las zonas tensadas que limitan los alquileres. Cabe recordar que esta práctica fue habitual durante el franquismo, con ciertas matizaciones, y duró hasta que, en el primer gobierno de Felipe González, el ministro de Economía, Boyer, liberalizó el mercado de alquiler. La razón era sencilla: por un lado, el parque de viviendas que estaba en el mercado se degradaba cada vez más porque los propietarios no invertían en su mantenimiento; por otro, era un mercado muy pequeño.
Lo que rectifica el gobierno de Sánchez es, de hecho, la legislación socialista. En el primer trimestre en el que se han observado los efectos de esta regulación, en el caso de Cataluña, se ha registrado una rebaja del 5% en el precio del alquiler, pero al mismo tiempo una reducción del 13% de la oferta. Es evidente que este camino será una nueva fuente de problemas porque conseguir que los precios no crezcan en un mercado con una oferta cada vez más reducida complicará aún más la vida de quienes buscan vivienda.
Un problema sin solución a la vista
El gobierno español, y el catalán tampoco, marcan la diferencia. No tienen una visión global del problema y, de hecho, no lo han logrado en estos seis años de gobierno. La falta de vivienda responde a causas complejas, y por tanto se necesita una política mucho más madura y elaborada que la que está protagonizando Sánchez.
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