Como ya apuntábamos ayer, la sentencia del Tribunal de la UE ha hecho entrar en crisis las negociaciones con ERC, hasta el extremo de suspender las conversaciones que se mantenían y que casi todo el mundo daba por hecho que se cerrarían de manera favorable con la abstención de ERC a la investidura de Sánchez.
Pero ahora las cosas han cambiado radicalmente. Junqueras ha pedido la libertad de todos los presos y la anulación del proceso. De acuerdo con la actual sentencia, esta petición no tiene fundamento, porque está circunscrita a la privación de libertad provisional, una fase anterior a la actual en que la prisión ya es definitiva, y por el hecho de haberle impedido desplazarse al Parlamento, cuestión que ahora sí que debería abordar.
Pero da igual, porque el lío jurídico no es menor y evidentemente es explotable desde el punto de vista político. Lo peor para la negociación es la posición adoptada por ERC, que afirma con mucha lógica que antes de continuar hablando quieren conocer cuál será la posición de la Abogacía del Estado en este nuevo asunto. La fiscalía ya se ha pronunciado en sentido contrario a la libertad de Junqueras y pide que se ejecute su inhabilitación. Las defensas lo harán en la línea apuntada de Junqueras, y queda pendiente qué dirá el abogado del Estado delegado para esta cuestión.
La importancia radica en que es la instancia que directamente expresa la voluntad del gobierno, que debe tener base jurídica, pero que evidentemente sigue sus directrices. Aquí no existe el debate posible que se da sobre la independencia de la fiscalía, menor o mayor, porque esta condición no existe, en este caso dependen del gobierno y partes. Por lo tanto, o la abogacía del estado hace un texto francamente favorable a ERC o el acuerdo se romperá. Pero si la posición de esta instancia jurídica discrepa mucho de la acusación pública y de la determinación final de los magistrados, se producirá una crisis política importante en el flanco español del PSOE, azuzada de manera inmisericorde por el PP y Vox.
Cada vez más el error de Sánchez de no hacer fácil la anterior investidura se revela como más colosal. ¿Qué político no podía ver en función del calendario que se acercaba que, o bien hacía un resultado abrumador o el escenario sería, tal como sucede, terriblemente difícil?
Los senderos jurídicos del tema son complicados. Por ejemplo, un punto clave es que el juicio terminó el 12 de junio, un día antes de que se proclamaran los resultados de las elecciones europeas. Por lo tanto, cuando fue juzgado Junqueras no era eurodiputado, a menos que se considere que tenía esta condición a partir del momento en que se conocieron los resultados de las elecciones en lugar de su proclamación. En todo caso, el resultado final desde el punto de vista de la determinación que tome el Tribunal Supremo no lo conoceremos hasta pasado el día de Reyes. Pero el congreso de ERC es este fin de semana y de él saldrán exigencias muy fuertes sobre la liberación de los presos, si es que no se llegan a pronunciar sobre la nulidad del juicio.
Con todo, los más beneficiados son Puigdemont y Comín, porque de entrada el veto que tenían de la eurocámara ha quedado levantado, y es difícil pensar que no se produzca su plena incorporación en los próximos días. Esto no les facilitará la vuelta a España, pero sí la libertad de movimiento por toda Europa, produciéndose una situación contradictoria a escala europea.
La cuestión en el ámbito europeo tiene mucho más recorrido, porque además llegará un punto en que, agotadas las instancias españolas, los abogados de los líderes políticos independentistas podrán elevar todo el procedimiento al tribunal europeo. Las consecuencias que esta última instancia cuestionara el juicio y la sentencia serían extraordinarias, no ya para la estabilidad española, que lo serían, sino también para el ámbito europeo, porque se produciría una fuerte tensión entre los estados miembros y las instituciones europeas.
Este hipotético escenario estimula la estrategia de conflicto que hasta ahora ha preconizado Puigdemont, que cree que se puede arrinconar y forzar la negociación con el estado español a través de Europa.
