Puede parecer una sorpresa, pero eso es lo que dicen los datos del informe anual del Ministerio del Interior 2023 sobre delitos contra la libertad sexual. Naturalmente, el liderazgo no está en cifras absolutas, sino en lo que realmente expresa la fotografía de cada territorio: el número de casos en relación con su población .
En este caso, en relación a cada 10.000 habitantes, en el ranking de delitos en esta materia, el primer lugar lo ocupan Baleares con 8,8 casos por 10.000 habitantes. El segundo es Navarra con 6,9 y el tercero, Lleida, con 6,2. Por situar una referencia de una provincia densamente poblada como Madrid, ese mismo valor se sitúa en 4,5, el mismo nivel que la media nacional. Pero es que, además, el quinto puesto lo ocupa la provincia de Barcelona con 5,5, el noveno Tarragona con 5,3, y en similar magnitud, Girona.
Es decir, las cuatro provincias catalanas están situadas entre las diez primeras españolas en casos de violencia. Podría pensarse que esto es una anomalía de este año, pero no es así. Si retrocedemos en la serie, podemos encontrar una composición de sitio similar en todos los casos, incluso peor. Por ejemplo, en 2019, Lleida también ocupaba la tercera posición, por detrás de Baleares, que siempre encabezan el ranking, y de Las Palmas. Además, Girona era la cuarta, Tarragona la quinta y Barcelona la sexta, con una respectiva tasa de 4,2, 4,0 y 3,9 para la capital de Catalunya.
Cabe decir, además, que el conjunto de casos ha crecido de forma importante. De hecho, en la última década pasaron de 8.900 delitos de violencia y abusos sexuales a un total de 21.580. Es decir, se ha doblado con creces. De hecho, ya fue en 2021 cuando ese aumento se produjo. Por tanto, estamos ante un fenómeno masivo que no encuentra la respuesta adecuada en las políticas que se están llevando a cabo. De hecho, es uno de los delitos que crece más a pesar de que, en cifras absolutas, ya es muy elevado y, por tanto, sería lógico pensar en una ralentización de su crecimiento.
Por qué Lleida y el conjunto de Cataluña encabezan esta dinámica es motivo de reflexión, ya que, en definitiva, es un territorio básicamente situado bajo la hegemonía del progresismo de la perspectiva de género, de las campañas continuas contra el machismo, el predominio gubernamental de políticas feministas —en muchos casos muy agresivas—, así como una intervención en la escuela pública que adoctrina de forma indebida a los menores.
Todo esto, según la teoría progresista, debería contribuir a un escenario opuesto al que existe actualmente; debería reducir las agresiones sexuales, pero en realidad las multiplica y mucho. Esto indica claramente que el camino que se está siguiendo es el equivocado, y que las primeras perjudicadas son las propias mujeres, que son mayoritariamente las víctimas de este tipo de delito. Peor todavía, las más perjudicadas son las menores, ya que de esa cifra global, casi la mitad son personas menores de 17 años.
De hecho, el grupo con mayor prevalencia en función de la edad en este tipo de delito son las adolescentes de entre 14 y 17 años, que se sitúan por delante del grupo que, en principio, podría pensarse que es el más dañado: las jóvenes hasta los 30 o 35 años, que ocupan la segunda posición.
Aquí se produce otra paradoja que ni el gobierno español ni la Generalitat de Catalunya, pese a su departamento de feminismos, han dado nunca respuesta. Mientras que para las mujeres adultas, acertadamente o no, existe un despliegue de recursos, medidas, dinero, prevención, intervención policial y una administración de justicia a medida, para las menores de edad, las más perjudicadas, no hay prácticamente nada.
Un buen gobierno debería explicar dos cosas. Primera, por qué después de tantos años de políticas de género y antimachistas, este tipo de delitos se ha más que doblado y Catalunya ocupa uno de los primeros puestos. Segunda, por qué existe un desequilibrio tan grande entre la atención y los recursos destinados a las mujeres adultas y las chicas menores de edad.
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