Durante el último trimestre de 2019, el subcontinente sudamericano se ha visto sacudido por una escalada de estallidos sociales altamente conflictivos y con fuertes episodios de violencia.
Estos sucesos se han producido, casi simultáneamente, en Ecuador, Chile y Colombia; y su desarrollo ha hecho sospechar que no se trate de eventos aislados, ni mucho menos espontáneos, sino de una sucesión de acontecimientos orquestados por factores con interés en generar desestabilización política en la región.
Las protestas en cada uno de los países afectados han tenido sus particulares detonantes, como lo han sido la eliminación de subsidios, el alza de precios y el rechazo a la corrupción administrativa. No obstante, las circunstancias en que se han producido tales protestas, tienen al menos dos puntos en común, a saber: la expresión de descontento social ante medidas o modelos económicos implementados por gobiernos críticos al Socialismo del Siglo XXI (proyecto político-ideológico instaurado por Hugo Chávez y sus aliados latinoamericanos), y la existencia de graves indicios de injerencia de las dictaduras cubana y venezolana, mediante la infiltración de agentes encubiertos entre los manifestantes.
En el caso de Ecuador, una oleada de violencia callejera estremeció a este país durante la primera quincena del pasado mes de octubre; ello como protesta por la eliminación de un subsidio a los combustibles. La protesta, que generó la muerte de al menos 6 personas, hizo que el presidente Lenín Moreno se viera en la necesidad de trasladar su gobierno desde la capital de la República (Quito) hasta la ciudad de Guayaquil; y terminó forzándolo a derogar el correspondiente decreto, a fin de procurar la pacificación del país.
Colombia, que también ha sido alcanzada por esta ola de manifestaciones callejeras, está siendo campo de protestas contra las políticas económicas y sociales del gobierno de Iván Duque, desde el pasado 21 de noviembre. Por ejemplo, cada vez más personas están en el punto de mira de centrales de riesgo como DataCrédito, sin opciones a solicitar préstamos.
Con ocasión del VIII Gabinete Binacional colombo-ecuatoriano, celebrado el pasado 11 de diciembre de 2019 en la ciudad de Cali (a unos 300 km al suroeste de Bogotá), los presidentes Duque y Moreno han aprovechado para plantar cara a este fenómeno que ha estado asediando las democracias de la región, y que ya empieza a ser conocido como “la primavera latinoamericana”.
En el encuentro, ambos gobernantes acordaron estrechar lazos binacionales en pro de la defensa y fortalecimiento de la institucionalidad democrática de la región; y en su declaración final, que también abordó aspectos de seguridad, defensa e integración fronteriza, entre otros; ambos mandatarios enfatizaron en renovar su compromiso de apostar por la cooperación y la integración como espacios para el diálogo y la concertación regional.
El presidente Lenín Moreno, al referirse al derecho constitucional a la manifestación pública, señaló que las protestas podrían estar legitimadas; pero, al mismo tiempo, aludió a factores desestabilizantes que estarían infiltrados en las mismas.
Este tipo de manifestaciones «se tornan peligrosas cuando se filtran en ellas enemigos de la democracia y la paz”, señaló Moreno.
Asimismo, al invocar los límites democráticos y constitucionales del derecho a la protesta, Moreno enfatizó en que “hay una línea roja que no hay que atravesar, en la cual se busca desestabilizar al Gobierno, se agreden a las persones y se les lesiona físicamente«.
Cabe destacar que distintos gobernantes, dirigentes y analistas políticos han manifestado sus sospechas de que la “primavera latinoamericana”, habría sido orquestada por las dictaduras de Caracas y la Habana.
El presidente ecuatoriano expresó que los brotes de violencia han sido provocados por «fuerzas extrañas a la paz, a la seguridad y a la libertad» y cuyos autores ya fueron «identificados«.
“A ese grupo no le interesa el avance de los pueblos, su único interés está en mantener agendas políticas«, señaló Moreno.
Por su parte, el presidente neogranadino, Iván Duque, al coincidir con las apreciaciones de Lenín Moreno, invocó la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos (OEA), como instrumento para defender la institucionalidad amenazada en el continente.
«La democracia en nuestra región debe ser siempre preservada y fortalecida. No en vano tenemos una Carta Democrática Interamericana que defendemos, nos inspira y nos motiva«, declaró el gobernante colombiano.
Al igual que Moreno, Duque reconoció el deber de todo gobierno en cuanto a escuchar el clamor popular y respetar las protestas pacíficas; pero destacando que éstas deben producirse dentro del marco constitucional, “porque la violencia solamente busca deteriorar la democracia y las libertades de los ciudadanos«. Asimismo, condenó a quienes se habrían infiltrado en las protestas ciudadanas con la finalidad de procurar la desestabilización política de la región.
«Han pretendido pescar en río revuelto y aprovecharse de las expresiones genuinas de la ciudadanía para tratar de incidir con violencia para que se muten a la violencia«, aseveró el presidente colombiano.
Ante este escenario, resulta oportuno tener presente que la manifestación pública y pacífica es un derecho político fundamental en todo sistema democrático; y que los factores externos que estarían soliviantando a los manifestantes de estos países sudamericanos, serían precisamente los dos regímenes más represivos del continente americano: las dictaduras de Cuba y Venezuela.
En circunstancias como estas, nos permitimos invocar y complementar las sabias palabras del eminente filósofo y político francés, Alexis de Tocqueville: “Los problemas de la democracia, se resuelven con más democracia”; nunca con la migración hacia sistemas políticos que, con ofertas populistas, inician seduciendo a las mayorías desfavorecidas, para luego mostrar su verdadero rostro, que no es otro que el totalitarismo opresor del hombre y supresor de toda libertad ciudadana.
La democracia no es un sistema perfecto, pero sí perfectible. Ningún otro sistema político garantiza un hábitat tan propicio para el respeto de la dignidad y derechos inherentes a la persona humana. Algunos pueblos olvidan esta realidad por un momento, y ello puede ocasionarles muy duros y prolongados períodos de opresión y sufrimiento; tal como ha ocurrido a la nación venezolana, cuya democracia se suicidó en diciembre de 1998 con la elección popular de un militar golpista (Hugo Chávez), cuyo proyecto político siempre tuvo por objetivo la extinción de la democracia, para instaurar una dictadura inspirada en el castro-comunismo.
Las consecuencias, que son hoy historia viva, invitan a todo el pueblo latinoamericano a atender y entender las palabras de Juan Pablo II en su carta encíclica Centesimus Annus:
“La Iglesia aprecia el sistema de la democracia, en la medida en que asegura la participación de los ciudadanos en las opciones políticas y garantiza a los gobernados la posibilidad de elegir y controlar a sus propios gobernantes, o bien la de sustituirlos oportunamente de manera pacífica”.
