España es el país de la UE donde más ha crecido la presión fiscal en los últimos años. En 2022 el porcentaje de ingresos públicos sobre el PIB alcanzó el 38,7%. En 2017 eran del 34,6%. Por tanto, ha crecido 4 puntos en 5 años. No existe ningún caso parecido a la OCDE.
Esto comporta que estadísticamente la diferencia de la presión fiscal con la media de la UE se ha reducido sensiblemente. Este argumento, que es utilizado sistemáticamente por el gobierno Sánchez para justificar el aumento de impuestos, estaba situado en una diferencia de 6,4 puntos. Mientras que con las cifras más recientes se ha reducido a 2,7.
Sin embargo, hay que recordar que esta forma de medir la situación no expresa bien la realidad. Entre otras razones porque no considera el hecho de la evasión fiscal. Es decir, quienes pagan y los que pasan no pagando nada o muy poco. Puesto que los resultados se expresan en términos de recaudación sobre el PIB, nada dice del nivel de presión que realmente soporta la gente que paga, y ese es el problema. Haciendo las correcciones debidas a nivel europeo, considerando la defraudación fiscal, tendríamos que España se sitúa a la cabeza.
Pero es que además este hecho ya se ve en otro indicador que expresa mejor la realidad. Es la comparación utilizando la llamada cuña fiscal que es la suma de las cotizaciones que pagamos a la Seguridad Social más el IRPF. Ésta ya se sitúa casi en el 40% y tenderá a crecer aceleradamente, porque las medidas que aplicará el gobierno para equilibrar la Seguridad Social coinciden precisamente con este punto, ya que incrementa las cuotas, sobre todo para los niveles de retribución más altos, que son los que afectan más a la clase media. En este caso la injusticia es aún mayor porque las personas que han aportado mayor cuota a la Seguridad Social cada vez, proporcionalmente, recibirán una pensión menor. De esta forma las pensiones actúan como un mecanismo fiscal redistributivo en paralelo a la fiscalidad de hacienda.
Este hecho repercute, por un lado, a la renta de trabajadores y familias, pero también, y esto tiene una particular importancia para el futuro, se traduce en una menor competitividad de las empresas, que es uno de los puntos flacos de la economía española. En este sentido, la Tax Foundation, un think tank de EEUU especializado en fiscalidad, elabora el llamado índice de competitividad fiscal que situó a España en el puesto 30 de 37 países analizados. Con las nuevas medidas aplicadas seguramente la posición habrá empeorado; en cualquier caso es seguro que no ha mejorado. Cabe decir que para el año anterior, en 2020, España ocupaba el puesto 26º y, por tanto, ha perdido cuatro posiciones en sólo 12 meses.
Por su parte, las cotizaciones a la Seguridad Social son de las más altas de Europa. Factor que también afecta a la competitividad y al empleo, porque las cotizaciones actúan como un impuesto al puesto de trabajo.
España es el 7º país con las cotizaciones más costosas en la Seguridad Social de la OCDE, con un 29,9%, claramente por encima del de la UE-27 que está en el 21,9%. Alemania, un país competitivo por excelencia, obtiene en el 19,9% y la media de la OCDE está en el 16,3%.
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