La mujer de Sánchez y la pareja de Ayuso podrían parecer dos casos paralelos, atendiéndonos a la escandalera montada. Pero, en realidad, a poco que nos detengamos a examinarlo concretaremos que presentan importantes asimetrías políticas.
Alberto González Amador, pareja de Ayuso
La pareja de Ayuso, Alberto González Amador, está sujeta a una denuncia por supuesto fraude fiscal. Según la denuncia, González habría utilizado facturas falsas y empresas pantalla para no declarar todos los beneficios de su empresa, Maxwell Cremona SL, en 2020 y 2021. El juzgado de instrucción número 19 de Madrid abrió una investigación el pasado 22 de marzo, imputando a González dos delitos de fraude fiscal.
El fraude se muestra en gastos ficticios emitidos por diversas sociedades de la empresa Maxwell Cremona SL , de la que González Amador es propietario. Esta conducta tenía la finalidad de «ingresar en el erario público menor cantidad de la que le correspondía abonar por el impuesto de sociedades de los ejercicios 2020 y 2021». Además de González, también se acusa a un empresario mexicano y a otros tres andaluces, como representantes de otras sociedades distintas que habrían estado involucradas en la emisión de las facturas.
Alberto González Amador se enfrenta a acusaciones de fraude fiscal y falsedad documental por su presunta participación en esta trama de facturación irregular.
Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez
La mujer de Sánchez, por su parte, se ve incursa en una denuncia presentada por el PP ante la Oficina de Conflicto de Intereses en relación con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. La denuncia se centra en las relaciones de Begoña Gómez con el grupo empresarial Globalia.
Según el PP, está acreditado que Air Europa financió la cátedra universitaria de la pareja del presidente del gobierno desde apenas un mes después de que Pedro Sánchez llegara a la Moncloa. Además, se mencionan las relaciones de Gómez con Javier Hidalgo, hijo del fundador de Globalia. Estas relaciones incluyen la creación del hub de innovación turístico Wakalua, que firmó un contrato con el África Center del Instituto de Empresa (IE) , dirigido por Begoña Gómez. Aunque el contrato no se ejecutó completamente a causa de la pandemia, se vincula con el préstamo que Air Europa recibió por 140 millones de euros avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y ayudas por 475 millones a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas.
Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha estado en el centro de la atención debido a un hecho reciente. Según El Confidencial, en 2020, Begoña Gómez firmó una carta de recomendación en apoyo a una UTE (Unión Temporal de Empresas) que se presentó a una puja del Ministerio de Economía. El contrato tenía un valor de 7,7 millones de euros. Pese a la pandemia, la UTE finalmente se llevó el contrato.
Uno de los accionistas de esta UTE es Carlos Barrabés, que también está relacionado con el máster que dirige Begoña Gómez actualmente. La situación ha generado controversia y plantea preguntas sobre posibles conflictos de intereses debido a la relación entre la esposa del presidente y la empresa adjudicataria.
Las diferencias entre un caso y otro son evidentes. En el de Ayuso, el supuesto delito lo ha cometido su pareja y no consta que haya ningún vínculo lucrativo entre ambas personas. En el caso de Gómez, la infracción no sería suya, en todo caso sería un beneficiario de una pretendida vulneración cometida por su marido, el presidente del gobierno. La diferencia no es menor. La responsabilidad en el caso de Ayuso no recae sobre una figura política, sino sobre su pareja. Y en el caso de Gómez sí recae sobre un político, nada menos que el presidente del gobierno.
Existe una segunda diferencia muy importante que se deriva de quien tiene el poder.
El Colegio de Abogados de Madrid ha presentado una denuncia contra la Fiscalía Provincial de Madrid por revelar datos privados que desmentían la versión proporcionada por Miguel Ángel Rodríguez , jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre la pareja de Ayuso. La denuncia se basa en la difusión de información confidencial que afecta a la privacidad de las personas involucradas en el caso.
¿Por qué el colegio de abogados más importante de España ha actuado de esta forma? Pues por el precedente que significa que la fiscalía haya entregado información confidencial que afecta a una persona privada, algo que está claramente penado por la ley. En este caso, el poder del Estado ha actuado para intentar acentuar el problema del inculpado.
Por otra parte, la posible infracción de Sánchez no ha tenido la misma suerte.
La Oficina de Conflictos de Intereses ha archivado la denuncia presentada por el Partido Popular (PP) contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El PP acusaba a Sánchez de no haberse apartado del Consejo de Ministros en el que se acordó el rescate de Air Europa, pese a los presuntos vínculos de su mujer, Begoña Gómez, con la aerolínea. La Oficina concluyó que Sánchez no tenía la obligación de abstenerse en estas decisiones.
Cabe decir que esta oficina es una instancia orgánica del propio gobierno y esto ya puede cuestionar su imparcialidad. No es lógico que los conflictos de intereses sean arbitrados por personas que orgánicamente dependen del propio gobierno. Debería existir una instancia independiente para estas cuestiones. En este caso, el poder ha actuado defendiendo al pretendido inculpado.
En definitiva, a pesar de las semejanzas aparentes, las diferencias entre ambos casos son tan importantes que constituyen dos situaciones claramente distintas, donde el peso de la responsabilidad política no existe en un caso y, si fuera cierto todo lo narrado, sí que se daría en el caso del presidente del gobierno.
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