Pese a la abundancia de problemas que tiene Cataluña, muchos de ellos vinculados a una mala gestión de la Generalitat, y que pueden ir desde lo pequeño, pero significativo, del puente de Verges sobre el río Ter que, tras ser renovado resulta que no pueden pasar dos tractores a la vez, vista la crisis de la policía catalana, pasando por el colapso del sistema viario y del transporte público, por citar 3 referencias, el gobierno catalán, en este caso por medio del singular departamento de Igualdad y feminismos, se dedica a presentar querellas contra los pequeños grupos de personas que rezan en un rincón frente a las clínicas abortistas.
Este departamento, que dirige la consellera Tània Verge, ya se ha caracterizado en el pasado por la singularidad de sus actuaciones y campañas que han rozado o sobrepasado claramente el ridículo y la inutilidad. Es una forma de malgastar el dinero público para satisfacer la manía ideológica de unos pocos. Es un departamento cuya principal finalidad es practicar, o al menos intentarlo, el dirigismo cultural y el formateado de mentes.
Ahora con motivo de la campaña internacional “40 Días por la Vida”, que promueve la oración y el ayuno en relación con el aborto, el departamento ha tenido la idea de presentar una querella a la fiscalía acusándoles de acoso e intimidación. Estos dos conceptos están bien definidos en el Código Penal y es evidente que no es necesario ser un experto jurista para deducir de su lectura que está muy lejos de constituir un delito de este tipo lo que hacen las personas que rezan, que ni siquiera tienen contacto con quien entra y sale de las clínicas. Tampoco rezan formando un griterío, sencillamente rezan.
Este hecho es tan evidente que un precedente mucho más modesto que se produjo en el País Vasco donde la Ertzaintza, no una acción directa del gobierno, sino la policía, les indicó que debían retirarse a una distancia superior para rezar, en concreto a 90 metros. Los abogados de “40 Días por la Vida” presentaron un recurso contencioso-administrativo que se ha resuelto negando el derecho de la Ertzaintza a proceder como lo había hecho y restituir al grupo que oraba al lugar que había escogido.
Por tanto, no hay jurisprudencia todavía, pero sí hay un precedente claro de lo que para todos es evidente: que orar nunca puede ser considerado acoso o intimidación.
La diferencia con el País Vasco es notoria porque aquí se va mucho más lejos. Se implica a todo el gobierno porque es una acción de un departamento encabezado por la consejera, se ha hecho con conocimiento del presidente, mientras que en el País Vasco fue una acción de la policía consistente en apartar al grupo de la clínica, mientras que aquí se presenta una querella criminal contra todas las personas que participan en estas acciones.
Los medios de comunicación partidarios del poder dicen que se trata de grupos “ultra religiosos y de extrema derecha”. Lo que se pone de manifiesto es que para determinadas mentalidades orar para que las personas no aborten es ser un ultra de extrema derecha.
Es algo lamentable sobre todo cuando son periodistas que en el marco de la información la califican en estos términos. Aprovechamos para decir que es una deriva más de la crisis que vive nuestra sociedad en la que un grueso importante del periodismo en el ámbito de la información ha perdido por completo esta característica y sólo utiliza los hechos para construir un relato ideológico interesado.
Cabe añadir que la Generalitat es el único gobierno autonómico que ha actuado en estos términos. Ni siquiera lo han hecho las delegaciones del gobierno, aunque no hace tanto se aprobó una modificación el Código Penal pensado para restringir precisamente las presencias ante las clínicas. Una modificación sobre la que pesa una grave sospecha de inconstitucionalidad porque restringe libertades fundamentales. Una vez más el gobierno de la Generalitat, que no destaca precisamente por su capacidad de respuesta y resolución de los problemas del país, se dedica a la persecución de esas ideas que no le gustan.
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