Si las discrepancias internas no acaban impidiéndolo a última hora, la Generalitat aprobará el presupuesto para el año en curso el próximo día 20. El problema radica en que este presupuesto fue diseñado mucho antes de que la pandemia ocasionara los actuales estragos y por lo tanto no da respuesta a las necesidades que se pueden plantear a lo largo de este año.
Para Esquerra Republicana y su máximo representante en el Gobierno, el vicepresidente y consejero de Economía y Finanzas, Pere Aragonés, la aprobación es la culminación de su trayectoria política, al menos antes de que el coronavirus lo cambiara todo. El presupuesto aprobado significaba tres cosas: la culminación del liderazgo de aquel partido y de Aragonés en el Gobierno, la demostración de que Esquerra era un partido solvente y que nada tenía que ver con el «Dragón Khan» de la época de Pascual Maragall, y la fama de insolventes que en aquel momento alcanzaron, y finalmente, a través del discurso de la primacía de lo social, favorecer la brillantez de los departamentos que tiene ERC a su cargo, Sanidad, Trabajo y Asuntos Sociales y Educación, dotándolos de los mayores incrementos presupuestarios.
El problema es que ahora lo que se apruebe será en la práctica papel mojado. La idea de que es mejor esto que ningún presupuesto es falsa, porque significa que hurtará el control parlamentario de su gestión, a pesar de que esta es la tarea primordial del Parlamento.
Aragonés razona que con el presupuesto aprobado se pueden cambiar las partidas para adecuarlo a las necesidades. Esto es en parte cierto, aunque dentro de unos límites, si no la aprobación de cualquier presupuesto no tendría ningún valor porque después el Ejecutivo podría trastocarlo a su gusto. Pero junto con la limitación hay otro factor importante, porque la modificación de partidas presupuestarias no pasa necesariamente por el control parlamentario, y en todo caso, pasado el tiempo, el próximo año, cuando se presente la liquidación de cuentas, es decir, cuando no haya nada que hacer, sí podrá decir el Parlamento la suya.
Pero es que además las cifras que se presentan no responden a ninguna realidad. El caso más flagrante es el de Sanidad. Se calcula que la pandemia costará al departamento 1.800 millones de euros adicionales a los disponibles, en los actuales presupuestos prorrogados. Pero la previsión de aumento para el ejercicio 2020 era de 900 millones, que era mucho en condiciones normales, pero que ahora son los que cubren el 50% de lo necesario. El resto debe salir de otras partes. Por la vía del ingreso sucede algo parecido: las previsiones se han derrumbado, porque los ingresos fiscales serán mucho más pequeños. Es pronto para saber la medida del año, pero en todo caso será muy importante, y en ninguna manera se ajusta a lo que el presupuesto de Aragonés establece.
Y todavía hay una tercera razón. Cuando se previeron las cifras y la prioridad para el gasto social, la economía catalana funcionaba razonablemente bien, con unas perspectivas de una cierta ralentización, pero nada más. Ahora muchas empresas cerrarán, y con ello se perderán puestos de trabajo. Una estrategia necesaria para la salida de la crisis es animar de una manera decisiva el sistema productivo, y esto significa gasto en este sentido e inversiones en obra pública, todo lo contrario de lo que contempla el presupuesto que se quiere aprobar.
Las preguntas son obvias. ¿Qué servicio va a ofrecer a Cataluña y a los catalanes este presupuesto? ¿No es mucho mejor retrasar su aprobación y presentar unas cuentas que respondan mucho mejor a la nueva e insólita realidad? ¿A quién beneficia este hecho político?
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