El plan presentado la semana pasada por el presidente Sánchez presenta numerosos agujeros y es objeto de crítica. En este ámbito, hay una de potente y a la vez incomprensible: el grave problema español de la natalidad, que está estrechamente conectado con la familia.
Es tanta la ignorancia, a pesar constatar el problema del envejecimiento y pérdida de población española, que hay que pensar que es sencillamente una actitud ideológica. Este gobierno ve la a familia y la natalidad como algo incompatible con su visión progresista. El plan es, en este sentido, un elemento más de una trayectoria que, a estas alturas, ya es bastante evidente.
La tasa de fertilidad de España, 1,24 según ONU en 2019, es de las más bajas del mundo. Baste decir que ocupamos el puesto 194. Más a la cola casi imposible.
En 2019 hubo 360.000 nacimientos en cifras redondas y murieron 430.000 personas. Como puede verse el agujero es grande y se produce año tras año. En 2020, además por efecto de la Covid-19, el impacto ha sido particularmente grave. El primer semestre sólo se produjeron 168 nacimientos, un 4,21 menos que el mismo período del año anterior, y el saldo vegetativo fue negativo en 94.000 personas.
Hay que pensar que el año pasado murieron a consecuencia de la Covid y sus efectos colaterales cerca de 100.000 personas, lo que ha provocado una reducción del número de pensionistas y también ha convertido a España en el país de la UE donde más cayó la esperanza de vida, porque se perdieron 1.6 años.
Asimismo, cada vez hay menos bodas y este hecho dificulta la formación de familias y, por tanto, de la natalidad. Por otra parte, la media de edad en la que las mujeres tienen el primer hijo crece y crece sin parar, y ahora ya se sitúa casi en 32,5 años. Este hecho hace muy improbable que se pueda tener el segundo hijo.
Pero, no se trata sólo de que se formen pocas familias y que nazcan pocos hijos, sino que además casi la mitad de los que vienen al mundo nacen fuera del matrimonio. Esta circunstancia, como toda la larga literatura científica acredita, empeora las condiciones de formación y de funcionamiento del ascensor social en relación con estos niños. Una circunstancia que sólo se puede paliar (véase el caso de los países nórdicos) con un gasto social y educativo muy alto, lo que evidentemente el plan 2050 no lo considera, porque no atiende a este fenómeno.
Igual que no hace caso de ninguno de los temas relacionados con la familia: la dificultad de formar nuevos hogares, de la emancipación de los jóvenes, de la vivienda (otro capítulo perfectamente ignorado). Ahora, eso sí, pone en primer término a la inmigración y sostiene que serán necesarios casi 200.000 inmigrantes cada año durante la década que falta para llegar al 2030. Es decir, casi 2 millones de inmigrantes más que se añadirían a 5 millones largos que hay en España, aunque la cifra real debe ser un 15 o 20% superior dado la abundancia de recién llegados de manera ilegal.
Este hecho determinará tres fenómenos simultáneos que tienen una resultante potencialmente conflictivo. Una población autóctona muy envejecida y que se reduce a ojos vista:
- Un grosor cada vez más numeroso de inmigrantes, que se situaría entre el 17 y el 19% de la población, jóvenes y con hijos. Aproximadamente uno de cada 5 habitantes de España tendría este origen. Es un peso muy grande.
- Pero es que, además, entre las nuevas generaciones su proporción se multiplicaría porque a estas alturas los hijos de los inmigrantes representan ya el 20% de la natalidad, muy por encima de su peso demográfico total.
- Si a estas primeras generaciones se le añaden los ya residentes y recién llegados, con el continuado decrecimiento de la natalidad, tendremos a 10 años vista un proceso de sustitución claramente definido. Este es un concepto maldito, pero que hay que utilizarlo cuando procede, y es evidente que en las condiciones españolas es de toda evidencia que la absoluta falta de política familiar favorable a la descendencia, tendrá como consecuencia, por poco que funcione la economía, un proceso de esas características.