La ‘fake news’ de La Vanguardia

Los medios de comunicación, especialmente los mayores, insisten una y otra vez en el riesgo de las ‘fake news‘ para la convivencia y la buena práctica democrática. El problema es que algunos de estos mismos medios recurren a ese mecanismo de falsear los hechos cuando les interesa por su línea editorial.

Es el caso de La Vanguardia, que el pasado sábado 30 de noviembre publicaba, en un recuadro señalado en rojo “las cifras”, en referencia a los casos de abusos sexuales por parte de sacerdotes y personas vinculadas a la Iglesia. Concretamente, afirmaba: “Más de 400.000 personas han sido víctimas de abusos por parte de algún sacerdote o religioso en España. Esto lo explicó el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, en el Congreso de los Diputados hace unos días. España, en consecuencia, es uno de los países europeos que suma más casos ”.

Bien, en tan pocas líneas, La Vanguardia introduce tres falsedades. Más en menos espacio es imposible.

1a. Ni Ángel Gabilondo ni el Informe del Defensor del Pueblo, nunca ha dicho tal cosa, ni en el Congreso ni en ningún otro sitio o medio. Es un rumor falso, una invención descarada.

2a. La cifra de 400.000 es un invento que en su día difundió El País y que, miméticamente y sin verificación alguna, ya reprodujo La Vanguardia, y que fue desmentida por varias fuentes, entre ellas el presidente de GAD3, la empresa que realizó la encuesta para el informe del Defensor del Pueblo. Narciso Michavila, calificó esta cifra de «delirio estadístico». Entonces, La Vanguardia cometió un error de seguidismo periodístico. Ahora ya no es un error: es un rumor falso que propaga una infamia.

3a. Es falso que España sea el país que suma más casos. Utilizando todas las fuentes conocidas, de hecho, es el que tiene menos.

Vamos por partes:

¿Qué dijo Gabilondo en el Congreso?

El 21 de noviembre de 2024, durante la presentación del informe, Gabilondo expuso el “Informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos” y dijo lo siguiente:

• Cifras actualizadas: Informó que la cifra de víctimas se ha elevado a 674, de las cuales el 83,5% son hombres y el 16,3% mujeres.
• Testimonios de las víctimas: Compartió testigos que hablan de daños cognitivos, espirituales y dificultades en la vida afectiva y sexual.
• Solicitó al Parlamento la implementación de «medidas concretas» para reparar el daño a las víctimas.
• Presentó 24 recomendaciones dirigidas al legislativo, el ejecutivo, los poderes públicos, la Iglesia y la sociedad española.
• Propuso la creación de un fondo estatal, con participación de la Iglesia, para indemnizar a las víctimas.
• Sugirió la celebración de un acto público de reconocimiento y reparación simbólica a las víctimas.
• Instó a la colaboración entre la Iglesia y el Estado para adoptar compromisos conjuntos en beneficio de las víctimas.
• Enfatizó que «las víctimas esperan una respuesta concreta a su situación y que no se postergue».
• Priorizar la reparación: Pidió priorizar la reparación de las víctimas por encima de cualquier diferencia ideológica o creencias.
• Reconocimiento de avances: Mencionó los pasos dados por la Iglesia católica, como el Plan PRIVA.

Ni de lejos dijo nada parecido a lo que afirmaba La Vanguardia.

El delirio infame de las 400.000 víctimas.

Un medio de comunicación normal, es decir, no especialmente sectario, debería haber tenido cuidado con los desmentidos que se produjeron en su momento para no reiterar ahora, con alevosía, esta cifra. Además, si esta normalidad estuviera relacionada con la inteligencia, habría reparado, sin necesidad de información adicional, en el increíble hecho de esta cifra:

400.000 víctimas para un período de ochenta años, representaría un valor medio anual de 5.000 menores que han sufrido abusos por parte de personas vinculadas a la Iglesia. El sentido común ya dice que no puede ser, y la estadística lo demuestra, porque habrían representado, por ejemplo, más que el número total de abusos a menores (4.776) registrados en la estadística del Ministerio del Interior año 2015, una imposibilidad metafísica, o el 54% de los casos del pasado año, cuando las cifras reales según los datos judiciales son de unos pocos casos.

Más concretamente, el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), citado por el informe del Defensor del Pueblo, señala los datos de las sentencias dictadas entre los años 1990 y 2022: un total de 146 casos, de los que 131 terminaron con sentencias condenatorias, es decir, 4 casos al año, con 67 culpables, de los que 43 eran sacerdotes, poco más de uno por año, en promedio, a lo largo de los últimos treinta y dos años. Y, además, con una clara tendencia decreciente a partir de principios del siglo, como revelan los datos del Defensor del Pueblo.

Es realmente escandaloso que se concentre la atención en estas víctimas, mientras que sólo en el 2023 se produjeron 9.185 abusos, de los que a lo sumo un par tenían ese origen. ¿Por qué la atención se centra en esta minoría y no se investigan las 9.183 víctimas restantes? ¿Por qué La Vanguardia no siente la mínima curiosidad profesional por esta criminal paradoja?

Los que menos en Europa

En contra de lo que afirma el diario de los Godó, España no destaca. Incluso el registro de El País, basado en gran medida en denuncias anónimas, y que nunca ha querido contrastar sus datos con otras fuentes, da un máximo para ochenta años en sus cuatro informes presentados: 704 testigos y 545 casos en un período de ochenta años. Estas cifras muestran aún más el escándalo de los 400.000.

Es tan obvio, que La Vanguardia debería rectificar de oficio. Simplemente por dignidad profesional.

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