Cada día que pasa la actividad económica española y la vida de las familias se hunde un poco más. Las empresas sufren cuatro grandes efectos negativos:
- La crisis del precio de la energía.
- La crisis de costes, no sólo debido al precio del gas y del petróleo, sino también por las rupturas de la logística de aprovisionamiento.
- El desabastecimiento efectivo de alimentos y productos que aunque no es crítico, ya genera alarma. No es raro ver cómo hay personas que compran grandes packs de leche porque temen su ausencia en los supermercados. Es un signo.
- La dificultad, en este contexto, de las empresas para devolver los créditos Covid.
En este escenario, la huelga de transportes crece con la incorporación de dos de las patronales que hasta ahora mantenían su actividad regular. La huelga de los pescadores, si bien no general, es suficiente para afectar al abastecimiento de los mercados. Las plantas embotelladoras de leche no tienen materia prima y el problema se hace sentir. La construcción está paralizada tanto en obra comenzada como en nuevos proyectos y no sólo por el abastecimiento, sino por los crecientes costes de bienes básicos. El caso del acero y la cerámica son paradigmáticos.
Nuevos riesgos se suman al panorama. El sector agrario está debatiendo unirse a la huelga de los transportistas y está prevista una gran manifestación de taxistas y conductores de autobuses en Madrid.
En este contexto Sánchez espera en la reunión del Consejo de la Unión Europea, y lo único que consigue es que la bola de nieve sea cada vez mayor. Paradójicamente, en otros ámbitos el gobierno sí se mantiene activo, lo que ocurre es que esta actividad no es la que esperan y necesitan los ciudadanos. El caso más espectacular es la iniciativa con Marruecos que hemos comentado sobradamente en Converses. Argelia ya ha informado de que está preparando una respuesta global a la iniciativa española.
El gobierno no se está de descalificar la huelga de camioneros con una acusación muy grave, que es que están al servicio de la extrema derecha. Y a la vez añade que los agricultores están «infiltrados» por Vox y el PP, un concepto democráticamente muy peligroso, porque quiere decir que estos dos partidos no están legitimados para participar en las protestas. Hay que recordar que no hace tantos meses que el gobierno despenalizó la acción de los piquetes de huelga, por tanto, que las huelgas sólo las hacían «suyos». Y como una cosa llama a la otra, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, avisa a Vox de que hablar de violencia intrafamiliar causará «más asesinatos machistas». Mientras, a base de no tratar este tipo de violencias, la pederastia que tiene en este ámbito una de sus máximas representaciones, sigue campando sin límites.
Carece de disponibilidad económica para dar una respuesta rápida a las demandas y necesidades de empresas y autónomos. Pero sí la tiene para dedicar dinero a la “digitalización” del sector agrario. Vaya en estos momentos a los agricultores y ganaderos a hablarles de digitalización. Y como Sánchez es sobre todo brillante, en el último consejo de ministros en el que no ha habido tiempo de ocuparse de las necesidades de la gente, ha acordado una inyección de 220 millones de euros (sí, ésta es la cifra) para gastos aeroespaciales. La razón literal es esta: «ha empezado la batalla por conquistar el universo y España no se puede quedar atrás».
Mientras la contrapartida de Marruecos, oficializada en un documento, de renunciar a la reivindicación sobre Ceuta, Melilla, las aguas territoriales de las Islas Canarias y el control de flujos de inmigración, no está ni se le espera.
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