Los dos partidos que gobiernan en Barcelona y en España han alcanzado una representación sobre el censo electoral en las elecciones catalanas del 15%, y el independentismo gobernante de ERC y JxCat del 20%. En otras palabras, entre el 80% y el 85% de los electores son adversos o se encuentran fuera de las posiciones de los que nos gobiernan.
Vivimos bajo una democracia de representatividad muy frágil, que exigiría leyes de grandes consensos, pero que en la práctica genera todo lo contrario. La legislación cada vez es más ideológica y reducida a los intereses de un sector del electorado.
Pero esta es sólo una parte del problema, porque el primer partido de la oposición, que en el ámbito español debería representar la alternativa, apenas representa el 4% del electorado catalán. Y el Congreso es incapaz de establecer una agenda que proyecte sobre la sociedad el debate de las grandes cuestiones, como por ejemplo la ausencia de leyes de prevención de la salud para luchar contra la epidemia, prometida en el mes de mayo por la vicepresidenta Carmen Calvo, políticas para evitar la crisis estructural en que se va transformando la crisis de la Covid-19, la lamentable situación de la enseñanza y de los jóvenes o la prometida revisión de las políticas contra la Covid-19.
Estas cuestiones, junto con la omisión del informe del Consejo de Estado en la presentación del decreto ley sobre los fondos europeos Next Generation, son dos de los hechos concretos recientes más escandalosos. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud acordó el 7 de octubre del año pasado evaluar las actuaciones sobre la pandemia tanto en el ámbito central como autonómico con el fin de conocer «el impacto que han tenido sobre el control de la pandemia, además de ofrecer opciones de actuación «. Pues bien, esta evaluación ni siquiera tiene el informe que establecía el marco de las cuestiones a examinar, que permanece encerrado en un cajón desde el mes de diciembre. En otras palabras, los dos partidos del gobierno boicotean su propio acuerdo y se niegan a indagar cómo han funcionado las políticas contra la Covid-19 a fin de mejorarlas, del mismo modo que se niegan a hacer público el informe del Consejo de Estado sobre la forma cómo el gobierno piensa actuar en relación con los fondos europeos.
Todo este cúmulo de hechos deteriora día a día la democracia y su credibilidad, y lo hace a partir del descrédito de los partidos políticos. No ayuda nada, en este sentido, la continua pelea entre Podemos y socialistas en el gobierno, que obliga a preguntarse al ciudadano sobre en qué están de acuerdo en realidad, más allá de mantener las cuotas de poder para sus respectivos partidos. El problema de fondo es que nadie parece capaz de aportar esperanza, confianza y respuestas razonablemente buenas en el ámbito de la gestión y la técnica de gobierno.
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