La autoridad política es necesaria en razón de la tarea que le es propia y debe ser un componente positivo e insustituible de la convivencia civil. Su tarea es garantizar la vida ordenada y recta de la comunidad, sin suplantar la libre actividad de personas y grupos, sino orientándola hacia la realización del bien común, respetando y tutelando la independencia de los sujetos individuales.
La autoridad tiene la obligación de reconocer, respetar y promover los valores humanos y morales esenciales que no se fundan en mayorías de opinión. Si así fuera serían provisionales y cambiables.
Tiene la tarea de mandar según la recta razón y de obligar por su conformidad con el orden moral. Sus leyes y ordenamientos son justos en la medida que promueven la dignidad de la persona humana. La obediencia que el ciudadano debe a la autoridad se fundamenta en el orden moral al que esta sirve. Si la autoridad no actúa en orden al bien común, desatiende su fin propio y se hace ilegítima.
