Junts per Catalunya ha culminado su congreso este pasado fin de semana en Calella (El Maresme). El significado oficial, definido por el propio Puigdemont, es el reconocimiento de una nueva etapa política que implica el abandono de las posiciones anteriores, sin una reflexión crítica sobre sus fracasos y la necesidad de un cambio radical de orientación.
Porque, ¿cómo no debe ser radical el abandono del independentismo hoy? ¿No es cierto que siguen proclamándose independentistas? Está claro que lo hacen, porque su «independencia», como la que proclama Esquerra Republicana, se ha convertido en un ritual, no en un objetivo político real. Nadie con un mínimo de realismo puede pensar, en estos momentos, que la independencia pueda alcanzarse mediante negociaciones y acuerdos con el Gobierno del Estado. Este camino, además de ser el procedimiento necesario, exige un nivel de consenso y conformidad en toda España que resulta impensable.
La otra alternativa sería seguir defendiendo la vía unilateral, pero posponiéndola con la excusa de que primero hay que recuperarse y fortalecerse; sin embargo, esto no es lo que ha acordado en el Congreso.
Aunque se hizo coincidir la clausura del acto con el séptimo aniversario de la declaración unilateral de independencia —a la que de forma inmediata y formalmente se renunció— este recordatorio carece de sentido, salvo recordar la propia renuncia instantánea de esa proclamación. La fecha del 1 de octubre ha quedado relegada al nivel de un tótem sin sentido, similar a los de las culturas polinesias, porque se ha perdido la esencia que lo hacía significativo.
Incluso la unidad del independentismo ha pasado a un segundo plano; ahora, el objetivo primordial es conseguir un partido fuerte y unido, una aspiración común a todas las organizaciones políticas. Esto es particularmente relevante para Junts, cuya vida interna en ocasiones ha sido un auténtico caos. Sin embargo, también evidencia que se trata de un objetivo de mínimos, que fundamentalmente interesa a los dirigentes y a los militantes y, aún así, a una escala muy modesta. La votación para la dirección alcanzó sólo un 45% de participación, lo que significa como máximo unas 3.000 personas. Dado que se podía votar desde casa, es un nivel de participación considerablemente pobre.
A esta realidad se le añade la debilidad en el terreno político: en Cataluña, su principal enclave es Sant Cugat, la duodécima población del país, así como la Diputación de Girona. Es un balance muy pobre después del período electoral que se ha vivido. En el Parlamento, no sólo no lograron la presidencia porque los socialistas negaron la posibilidad a quienes no habían ganado las elecciones, sino que su posición como primera fuerza de la oposición tiene un recorrido limitado, por razones internas y externas.
Internamente, Junts es un partido atípico, con todos los inconvenientes de los partidos tradicionales y algunos añadidos debido a la singularidad de Puigdemont, lo que se refleja en su situación parlamentaria. Esta formación política ha renunciado al estatus de líder de la oposición, que le permitiría visualizar con mayor claridad una alternativa. La razón es personal y no política: ese papel debería ser representado por un diputado, pero Puigdemont no está en el hemiciclo, así que la decisión ha sido menospreciar esta ventaja.
Los límites externos son consecuencia de su aislamiento político, aún mayor que el del Partido Popular, puesto que prácticamente no tiene con quien pactar. A medida que la coalición que gobierna en Madrid -especialmente Sumar y, en menor medida, el PSOE- se consolida, también se cierran las filas del nuevo tripartito en Catalunya que reproduce el esquema a nivel estatal.
En realidad, Junts sólo tiene una carta para demostrar su poder: los siete diputados en el Congreso, de los que depende el PSOE en cada votación. El intento es evidente: exigir un precio por cada apoyo, pero sin llegar a amenazar nunca —como ya se ha dicho en el Congreso— la continuidad de Sánchez en el Gobierno. Esto le da una amplia ventaja al presidente del Gobierno, quien, cuando le interese, podrá llevar la situación al límite, y Junts cederá. Esta vía de intentar mejorar los resultados y presentarlos a sus votantes no parece suficiente para darles un papel relevante, especialmente porque esto funciona mejor cuando se está en el Gobierno y se tiene capacidad de gestionar.
Además, la estrategia de jugar con la presidencia de Sánchez está limitada porque Puigdemont está atrapado en los retrasos en la aplicación de la amnistía y necesita tanto a Sánchez como al Tribunal Constitucional para resolver su situación personal. Las piedras de toque son evidentes: ¿qué hará Junts cuando esté claro que el pacto para una nueva financiación de Catalunya entre Esquerra y Sánchez llegue tarde y mal? ¿O cuando quede constatado que los acuerdos sobre importantes traspasos no se cumplen en absoluto, evidenciando una vez más que solo se trata de juegos de palabras? ¿Dónde queda, por ejemplo, el acuerdo sobre inmigración que motivó votar a favor de Sánchez como presidente?
Con todas estas limitaciones, Junts es incapaz de transformar la realidad y dotar a Cataluña de grandes competencias.
Hay demasiadas contradicciones, incluida la del liderazgo excesivo de Puigdemont. Ahora ocupa la presidencia del partido como resultado de una serie de retranqueos y fracasos previos. La idea inicial de Puigdemont era muy distinta: él se consideraba el presidente legítimo, el presidente del Consejo de la República, el organismo que debía velar por el camino hacia la independencia desde la libertad que da estar en el exterior.
No quería ser presidente de su partido para quedarse por encima de las formaciones políticas y, de ahí, sus sucesivos intentos de crear organizaciones suprapartidarias. Todo esto no ha funcionado, y ha acabado con su repliegue a la presidencia de Junts… después de declarar que, de no ser presidente, se retiraría.
En última instancia, como sucede con ERC, y en el fondo con todos o casi todos los partidos, existe un problema radical de credibilidad.
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