El informe presentado por el Defensor del Pueblo, basado en testigos directos e indirectos recogidos por su equipo, identifica a 347 agresores de abusos sexuales, de los que sólo 7 son mujeres. El 87% de los agresores varones pertenecen al ámbito eclesiástico, es decir, sacerdotes, diáconos o religiosos. Estos datos corresponden a un período de 80 años, lo que equivale a una media aritmética de menos de 4,3 agresores por año, una cifra muy baja frente a las estadísticas que indican algunos miles cada año. Sin embargo, dada la concentración de casos en el siglo pasado, la magnitud en las dos últimas décadas estaría claramente por debajo de esa media.
El informe registra 487 víctimas, con un total de 522 episodios de abuso. De media, esto equivale a aproximadamente a 6 víctimas por año. La distribución temporal dels casos se concentra principalmente en les décades de 1960 (24%), 1970 (30%) y 1980 (20,5%), acumulando así tres cuartas partes del total de casos. Entre los años 1940 i 1950, los casos representan sólo el 7%. Aunque es posible que este período esté subestimado por el paso del tiempo, se esperaría encontrar más testigos en las décadas recientes. Sin embargo, no es así: para el período comprendido. entre los años 1990 y 2023, sólo se registran el 17,5% de los casos. Además, la mayor parte (12%) corresponde a los años 90, mientras que que en la década de 2010 a 2023 se registra sólo el 1,5% de los casos.
Las cifras muestran una clara tendencia decreciente: en las últimas tres décadas, los casos son casi inexistentes, en contraste con el incremento general de los abusos sexuales a menores. Esta evidencia revela la arbitrariedad de centrar el enfoque del informe exclusivamente en los casos vinculados a la Iglesia católica.
Según estos datos, el número anual medio de víctimas para este siglo sería de 0,85, con un total de 28 en 33 años. Los agresores identificados ascienden a 19, lo que equivale a 0,6 agresores por año. Para el último período de 13 años (hasta 2023), el informe identifica sólo a 7 víctimas y 5 agresores, con ratios anuales de 0,5 y 0,4, respectivamente.
Estas cifras contrastan drásticamente con los datos del Ministerio del Interior sobre abusos sexuales a menores en 2023, cuando se registraron más de 9.000 víctimas: 4.238 de entre 0 y 13 años, y 4.947 de entre 14 y 17 años. Este conjunto representa más del 40% del total de víctimas de delitos sexuales, aunque los menores constituyen sólo una pequeña parte de la población.
Al centrarse sólo en las víctimas vinculadas a la Iglesia, el Defensor del Pueblo olvida el 99% de los restantes casos, lo que constituye un escándalo institucional de gran magnitud. Otro instrumento de investigación del informe es una encuesta que constituye la base del estudio, con una muestra de 8.000 entrevistas y un margen de error de ±1%. Sin embargo, los datos relativos a los agresores católicos presentan cifras irrelevantes desde el punto de vista estadístico, ya que los porcentajes obtenidos se encuentran dentro del margen de error (0,6% entre religiosos y 0,53% entre laicos, con un agregado de 1,1%). En términos absolutos, el informe menciona a 48 sacerdotes y 42 laicos (90 agresores en total) para una población encuestada de entre 18 y 90 años, lo que representa una media de poco más de un agresor anual. Estas cifras resultan incoherentes con el discurso presentado por el Defensor del Pueblo en el Congreso de los Diputados.
El informe también muestra inconsistencias en el número de agresores, que varía en diferentes páginas: 85 en la página 172, 52 en la página 174 y un máximo de 90 en la página 182. Además, la recapitulación ofrece una cifra media de 4 agresores y 5,5 víctimas anuales según las entrevistas, mientras que según la encuesta la media anual de agresores sería un máximo de 1,5 y la de víctimas, 2.
Es cuestionable que el informe no presente los resultados de forma clara y en términos anualizados, lo que podría derivarse fácilmente de los datos obtenidos. Al omitir esa información, los resultados agregados de varias décadas inducen a interpretaciones erróneas. Esta presentación deliberadamente confusa sugiere mala fe, ya que los datos anuales revelan lo reducidas que son las cifras relacionadas con la Iglesia católica en comparación con la magnitud de los abusos cometidos fuera de ella.
En este contexto, cabe destacar que el informe Gabilondo, realizado por un ex ministro socialista y candidato derrotado a la alcaldía de Madrid antes de asumir el cargo de Defensor del Pueblo, presenta dos datos significativos: el porcentaje de casos atribuidos a personas vinculadas a la Iglesia es del 1,1%, mientras que el porcentaje de abusos cometidos por el conjunto de la población asciende al 11,7%. Este último dato no se ve afectado significativamente por el margen de error, porque oscilaría entre el 10,6% y el 12,8%, manteniéndose en el mismo orden de magnitud, mientras que en el caso de los católicos estaría entre 0 y 2,2, lo que señalaría un claro problema de significación. Todo esto subraya una desproporción evidente en el enfoque del informe.
La pregunta que deberían responder el Defensor del Pueblo y el Congreso de los Diputados es por qué se concentra la atención en un dudoso 1% de los casos, mientras se omite toda consideración sobre el 12% restante, dejando sin investigar la situación de la mayoría de las víctimas y agresores. Esto significa considerar sólo una pequeña minoría y “olvidarse de más del 90% de casos y víctimas.
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