Este fin de semana puede ser decisivo para el conjunto independentista que encabeza Puigdemont y su posibilidad de continuar siendo la fuerza más destacada en este campo. Sobre estas fechas confluyen, en primer término y con carácter muy decisivo, las negociaciones que se están produciendo en el seno del PDeCAT para evitar la ruptura con La Crida. Hoy viernes se lleva a cabo una reunión de la dirección del partido, que tiene en David Bonvehí su coordinador general, para intentar resolver el punto muerto entre las dos posiciones.
Por un lado, el planteamiento de Jordi Sánchez, presidente de La Crida y representante del criterio del anterior presidente de la Generalitat, de disolver las organizaciones en un nuevo partido, previsiblemente con el nombre de JxCat, y la posición de la parte mayoritaria de la dirección del PDeCAT, empezando por David Bonvehí, de rechazar la disolución de la organización heredera de CDC y que postula una coalición entre La Crida y ellos. Las espadas están en alto, si bien en la dirección del partido la línea oficial tiene mayoría en la comisión ejecutiva. Está claro que esta decisión debería ser refrendada por el Consejo Nacional, donde los favorables a Puigdemont y la disolución podrían encontrar un apoyo mayor.
El riesgo de rotura está, y se ve aumentado por el hecho de que este fin de semana se produzca el primer congreso del PNC, que podría ser un polo de atracción para aquellos miembros del PDeCAT que están disconformes con la línea de Puigdemont. Hay, pero, un factor que frena esta vía: la duda razonable sobre la capacidad de crear una organización importante que atraiga precisamente a gente del PDeCAT. Hasta ahora los nombres que han salido como Marta Pascal y Carles Campuzano en primer lugar, son los que en 2018 fueron defenestrados por Puigdemont de la dirección del partido. Si sólo es esta la carta de presentación, las dudas sobre su viabilidad electoral son grandes. Muchos opinadores se preguntan si Marta Pascal puede tener éxito allí donde fracasó un líder con más notoriedad como Duran.
Pero, como todo lo que se puede complicar se complica aún más, una nueva tensión se ha añadido en esta ocasión a las ya muy deshilachadas relaciones en la coalición que gobierna Cataluña. Se trata del suplicatorio del Congreso de Laura Borràs para que pueda ser procesada por un presunto delito de corrupción. El hecho de que tanto ERC como la CUP no se hicieran presentes en la votación, mientras que JxCat votaba contra el suplicatorio, ha causado una herida profunda. La tesis entre un amplio sector de esta última organización es que en el caso de Laura Borràs no hay ningún problema de corrupción y que es un caso inventado por la justicia española. Lo fundamentan en el hecho de que en el primer informe elaborado por los Mossos no se acreditó el delito, mientras que uno posterior de la Guardia Civil sí mostró que este existía. Es evidente que el hecho de que sea la Guardia Civil quien fundamenta la información es un argumento de peso para el independentismo.
A Laura Borràs se le acusa de haber fraccionado el valor de un contrato en varias contrataciones más pequeñas para poder hacer una concesión directa a un notorio amigo suyo, evitando así el necesario concurso con varias ofertas. Hay que decir dos cosas. Una, que esta es una práctica nada infrecuente en la administración, sobre todo cuando la cantidad global es relativamente modesta, como es el caso. Dos, que existen e-mails que parecen indicar que realmente este favor se produjo. La tesis del independentismo de que no pueden ser juzgados por ninguna instancia española porque no es parcial con independencia del delito daría pie a tener una inmunidad total sobre sus actos.
Sea como sea, es un hecho que entierra aún más la viabilidad del actual gobierno de Torra y acerca la convocatoria de elecciones.
