Uno de los peores pecados en la gestión de gobierno es que la ideología y los intereses del corporativismo pasan por delante de la realidad y las razones técnicas.
Si esto además sucede en ámbitos tan sensibles como en la lucha contra el fuego en el monte o la seguridad ciudadana, el pecado se vuelve ya mortal.
Obviaré en este comentario el revuelo que vive de un tiempo a esta parte el cuerpo de Mossos d’Esquadra y con él nuestra seguridad, por motivos de ideología y de preferencias muy subjetivas ligadas a ella, como las que viene aplicando el conseller Elena . No lo voy a tratar ahora, no porque no sea importante, que lo es y mucho, sino porque quiero centrarme en algo que está pasando y que reviste también una particular gravedad.
Me refiero al conflicto que el consejero del Interior ha logrado provocar con dos de los factores esenciales en la previsión, lucha y prevención de los incendios forestales. Me refiero a la iniciativa de Elena de prohibir el acceso a las zonas de incendio a los agentes rurales y a las agrupaciones de defensa forestales (ADF) hasta que los bomberos autoricen su entrada. Es una iniciativa absolutamente irracional, que ha quedado en vilo ante la enérgica protesta de los afectados y la circunstancia de que Elena no quiere tener problemas antes de esta campaña de verano, pero ya ha anunciado su propósito de llevar la medida más adelante.
Si lo hace, se estará volviendo a un modelo viejo y fracasado, que la Generalitat puso fin a partir de 1987 con el programa Foc Verd, la creación del cuerpo de agentes rurales y la constitución e impulso legal y material a las agrupaciones de defensa forestal, que integraban una nueva estrategia de lucha contra el fuego. Hasta entonces, el incendio forestal se consideraba un ámbito propio de la intervención de los bomberos, que eran la única autoridad con presencia.
Pero en 1986 se produjeron desoladores incendios en Catalunya que quemaron más de 60.000 hectáreas y llegaron a afectar a los bosques de la montaña de Montserrat. Fue la constatación de que no se puede dejar el incendio sólo en manos de la extinción. Ésta es muy importante y en un momento determinado es decisiva, pero por sí sola es insuficiente y, sobre todo, no tiene capacidad para afrontar una realidad marcada por grandes incendios, que son la amenaza actual.
La nueva estrategia, y sé bien de lo que hablo porque yo la diseñé, partía de una teoría verificada que se aplicaba a otros muchos campos, la de la lucha contra el foco. Desde entonces el afrontamiento de los incendios en Cataluña se realiza a partir de aquellos criterios. Obviamente con el tiempo transcurrido existen diferencias sustanciales, pero sobre todo son ocasionadas por la abundancia de recursos actuales comparados con la escasez de los años 80. Pero la lógica estratégica todavía es la misma. Se fundamenta en unos criterios esenciales y todo el planteamiento radica en traducirlos a realidad práctica.
Se trata de la detección rápida, de modo que el tiempo transcurrido desde que el incendio realmente comienza y es percibido por el sistema de alertas sea lo más breve posible. La segunda condición es la intervención inmediata para llegar al foco antes de que éste se haya extendido y, evidentemente, antes de que haya llegado a configurar un frente.
Estas dos exigencias, conllevan una serie de medidas. Por ejemplo, a partir de 1988 y con los medios disponibles entonces, se inició la denominada detección anticipada, que era prever en qué áreas del territorio había mayor probabilidad de que se iniciara el incendio. Con la información acumulada, las capacidades de tratamiento de datos, la información meteorológica en tiempo real de la que ya se dispone, esta detección anticipada puede ser hoy de gran eficacia. Y la tercera condición era la del control del territorio, y aquí jugaban un papel determinante las Agrupaciones de Defensa Forestal que, unidos a los agentes rurales, permitían alcanzar esa posibilidad. Sin implicación del territorio antes, durante y después, del fuego, sin su protagonismo razonable, la lucha, se hace muy difícil.
Los agentes forestales y las ADF deben poder intervenir antes, durante y después, si bien en el momento en que comienza la extinción, su tarea, eso sí, debe situarse bajo la disciplina de quien la dirige. Pero deben estar presentes, si es que han estado actuando en ese caso concreto.
Si se culmina la iniciativa del conseller Elena, el resultado más tarde o más temprano, será un empeoramiento de las condiciones con las que la Generalitat afrontará los incendios forestales, lo que tiene consecuencias.
Por ello, pido al presidente de la Generalitat que haga una reflexión informada sobre las causas que han permitido que Catalunya tenga un buen sistema de lucha contra los incendios forestales. Que haga rectificar la iniciativa del consejero del Interior y que recupere la plenitud del papel de los agentes forestales y de los ADF en esta importante labor. Esto y volver a articular bien la prevención y la acción posterior al incendio con la política forestal. La extinción es crucial, repito, pero es un elemento más de un complejo de medidas que definen una política integral como era y debe seguir siendo, la que inspiraba los logros del programa Foc Verde.