Parece mentira que en estos momentos de la película seguimos con un debate tan simplificado como es el de la presión fiscal y subir o bajar impuestos sin considerar el papel de quien los recauda: Administración central, Generalitat y Ayuntamientos.
El límite de gasto de la Generalitat para el próximo año, si se aprueba el presupuesto, será de 33.000 millones de euros. Es una fortuna inmensa, pero nunca se han rendido cuentas de forma transparente, sistemática. Nunca una instancia independiente ha examinado la eficiencia de este gasto. Por ejemplo, cuando hablamos de gasto social y sale una determinada cifra, no podemos creer que todo esto va destinado a resolver problemas de este tipo. No es así, de hecho sólo una pequeña parte tiene como destino final al receptor necesitado de la ayuda y la mayor parte se gasta en medio. Entre que el euro ingresa en la administración autonómica hasta que llega, pongamos por el caso al receptor de la renta de ciudadanía, pasa por una serie de circuitos que generan una serie de costes de transacción, de gastos de personal y consultoras que se comen la mayor parte del dinero.
Esta caja negra, que es la administración, nunca se ha abierto a la luz y es una necesidad vital. Un ejemplo paradigmático es comparar si se dan 100 euros a Cáritas o la administración de la Generalitat para un fin social, cuánto dinero llega finalmente para la prestación final del servicio o para la subvención. La diferencia es brutal y oscila entre 8 y 10 veces. Es decir, el coste de la administración para realizar esta función es entre 8 y 10 veces mayor que lo que llega Cáritas.
Naturalmente, son entidades diferentes, en una el voluntariado juega un papel muy importante y, por tanto, la equiparación no puede ser tomada al pie de letra, pero sí es una referencia a considerar y a relacionar con esta otra: los sueldos de los funcionarios para cada uno de los niveles equivalentes están claramente por encima de los que se pagan en el sector privado. El funcionario no sólo cobra más, sino que vive en un mercado laboral protegido. A pesar de este hecho, no existe ninguna medida de productividad de la función pública y ésta es una gran carencia.
Por tanto, antes de hablar de los impuestos y sobre todo de subirlos, lo primero que hay que exigir es revisar la situación actual de las administraciones públicas, pidiendo examen y rendimiento de cuentas por instancias independientes que nos permitan constatar su eficiencia en el gasto y también medir su productividad.
Por ejemplo, un hecho escandaloso es cómo tratan la pobreza estas administraciones, empezando por muchas locales, como la de Barcelona. Hay mucha gente dedicada a trabajar y sus resultados son escasos porque su objetivo real no es tanto paliarla y conseguir su reinserción, sino simplemente gestionarla. Es como si tu médico en lugar de abordar la enfermedad que tienes con la voluntad de resolverla o paliar sus efectos se dedicara a gestionar el día a día, e ir tirando.
Un segundo factor decisivo cuando hablamos de fiscalidad es que es necesario introducir las cotizaciones sociales porque son un impuesto sobre el puesto de trabajo. Y son muy elevadas, de hecho están a un nivel muy similar a los ingresos tributarios del estado y de las comunidades autónomas. Existen incluso algunas anomalías (Madrid, Canarias, Murcia) donde los ingresos fiscales propios de la comunidad autónoma son prácticamente igual a los ingresos por cotizaciones sociales. Por tanto, sin introducir esta variable no tenemos una idea real de la presión fiscal que soporta nuestro país y, por tanto, cuando nos enseñan los impuestos y los comparan con los de la UE, como no se introduce este capítulo, salimos claramente por debajo, pero si se añade, la cosa cambia. Aquí la única excepción, gracias al hurto o a lo que sea, es el País Vasco, donde las cotizaciones sociales son muy inferiores a los ingresos que tienen tanto Vitoria como Navarra.
El tercer factor a considerar es el de la fiscalidad efectiva. La presión fiscal no dice que pagamos poco en realidad, lo que sobre todo nos explica es la eficacia recaudatoria de las administraciones. Para comparar lo que realmente pagamos, lo que hay que observar son los tipos impositivos, y los de España son francamente elevados en su conjunto, lo que no quiere decir que no puedan afinarse mucho más, pero no presenta ninguna diferencia significativa con la UE.
Donde sí se da la diferencia es que, con este tipo, se recauda menos, es decir, hay más economía sumergida y aquí es donde juega la eficacia de la administración para corregirla.
Consecuencia: antes de hablar de la presión fiscal tal y como se entiende, es decir, sólo considerando lo que se recauda a través de impuestos y tasas de las administraciones, lo que hace falta es revisar la eficacia de la administración en la recaudación y la reducción de la economía sumergida. A partir de ahí, todo toma otro cariz y la racionalidad se impone.
