El 21 de noviembre será un día para recordar porque la convulsión que registraron varias instancias del tercer poder, el judicial, son de las que hacen época y señalan importantes temblores en la arquitectura del estado provocadas por la forma de proceder de Sánchez, muy marcada por sus procedimientos imperativos. Constatemos los principales hechos:
- El juez instructor de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, envió al Tribunal Supremo la imputación por terrorismo de Puigdemont y Rovira dado que entiende que por sus cargos Puigdemont y Ruben Wagensberg están aforados. El juez envía la cuestión sin esperar a que la Audiencia Nacional resuelva el recurso que planteó el fiscal contra la imputación de terrorismo. Se trata de un hecho crucial porque el delito de terrorismo está excluido de la «amnistía Sánchez«.
- Dolores Delgado, exministra de justicia socialista y exfiscal general del estado, quien dimitió por «motivos de salud», ha visto anulada la decisión del fiscal general Álvaro García Ortiz de nombrarla fiscal togada del Tribunal Supremo, que constituye el máximo nivel jerárquico de la carrera fiscal. Este nombramiento que en su día despertó polémica y fue rechazado por el Consejo Fiscal por 6 votos a 5, ve ahora cómo queda sin efecto y además se produce una gran crítica por parte del TS al considerar que los argumentos que utilizó García Ortiz constituyen una «desviación de poder» ya que el otro candidato a fiscal de la sala militar tenía muchas más calificaciones específicas que Dolores Delgado. El Tribunal considera que el haber optado a cargos políticos, como ex ministro, o nombramiento político, como ex fiscal general, no se pueden considerar méritos profesionales.
- Por si esto no fuera suficiente, 18 fiscales del penal del TS, que son muchos, han escrito una carta criticando duramente al fiscal general, el citado García Ortiz, porque ha ignorado «deliberadamente» la petición «de amparo institucional» de los fiscales que intervinieron en el proceso ante las comisiones de investigación parlamentarias pactadas por el PSOE y JxCat para detectar posibles casos de lawfare .
- Para redondearlo, se ha fijado la fecha de 10 de abril para juzgar a los miembros de ERC, Lluís Salvador, Josep Maria Jové y Natàlia Garriga, consejera de cultura, acusados de organizar el 1-O. En aquella fecha de abril difícilmente puede estar terminada la ley de la amnistía y, por tanto, no es descartable que estas personas acaben ingresando en prisión, al menos por un plazo corto de tiempo.
- Además, circunstancias externas, lo que en el análisis estratégico (DAFO) se consideran amenazas, el Parlamento Europeo en algo insólito debatirá hoy 22 de noviembre a las 16h. el punto titulado «amenazas al estado de derecho a consecuencia del acuerdo de gobierno de España«; es decir, debatirán sobre la amnistía desde la perspectiva de que puede constituir una amenaza al sistema legal europeo. Este punto impulsado por el grupo liberal y también por el PP europeo, tiene muy claro el apoyo de otros grupos menores situados a su derecha. El presidente del PPE Manfred Weber destacó que era el punto más importante del plenario de hoy. Es insólito porque hasta ahora las cuestiones llevadas al Parlamento por cuestiones en el ámbito del poder judicial afectaban a Hungría y Polonia. Y ahora España se suma a este grupo de países, pero con un gobierno de izquierdas. El hecho, además, se produce cuando Sánchez es el presidente de turno de la UE y le presta un mal servicio a las protestas de su cargo. Al PSOE y a Sumar no debe resultarles nada satisfactorio que España se sume a la lista de los pocos países que se exponen en la picota europea porque presentan actuaciones contrarias al estado de derecho.
- Y para acabar de animar la agitación de fiscales y jueces, el nuevo letrado mayor del Congreso de los Diputados, previamente cuestionado porque ha saltado de un cargo gubernamental a esa función que se considera que debe estar presidida por la máxima neutralidad, ha dado el visto bueno considerando que no presenta riesgos de inconstitucionalidad, a la propuesta de ley sobre la amnistía, que como es lógico ahora la mesa del Congreso resolverá satisfactoriamente para el gobierno. Cabe recordar que el anterior letrado mayor descalificó por razones de constitucionalidad la iniciativa sobre la amnistía llevada por ERC y Junts al Congrés. Claro que Sánchez repetía entonces el mantra de que no era constitucional. Todos estos juegos de manos generan factores muy adversos. Unos de carácter general, el desprecio por la política y los partidos porque la gente sin entrar en detalles entiende que hacen lo que quieren cuando les interesa. También de forma más específica, porque acentúa el mal estar creciente en el ámbito del tercer poder. Y, finalmente, porque en cada encontronazo se desgastan las instituciones que intervienen en ella, letrados y Mesa del Congreso, el mismo Congreso que se aviene a que un proyecto de ley sea transformado en propuesta de ley, prostituyendo así el sentido que tiene una iniciativa surgida del gobierno o directamente de la voluntad surgida de los partidos políticos, del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo, de la Fiscalía General del Estado, de los fiscales. Todo va rodando en medio de polémicas por la pendiente del descrédito. Y por supuesto, esto no favorece el buen funcionamiento, la estabilidad y las garantías que puede ofrecer un país europeo.
- Y si todo lo anunciado no fuera suficiente, sin movernos del plan de la justicia, pero en la vertiente parlamentaria, también la Mesa aprobó ayer la constitución de las dos comisiones que se pactaron cuando la elección de la Mesa del Congreso para que la candidata socialista, Francina Armengol, ganara con los votos independentistas a la candidata Cuca Gamarra del PP, que había ganado las elecciones. Ambas comisiones hacen referencia, una, a los atentados yihadistas en Barcelona y Cambrils en el 2017 , y la otra, a la denominada operación Catalunya, que se presupone montada para desacreditar a los políticos separatistas (¿independentistas?). Ambos casos parten de supuestos gravemente perjudiciales para el estado porque en el primero sobrevuela la teoría de que los atentados eran conocidos en cuanto a su intencionalidad por instancias de la inteligencia española y la otra porque se presupone que el aparato del estado actuó ilícitamente para perjudicar a determinadas personas. Son estas comisiones las que abren la puerta al lawfare, que es ahora la bestia negra de jueces y fiscales.
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