El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, parece haber encontrado la fórmula para gobernar en tiempos difíciles: no resolver los problemas, sino simular que se actúa. En ausencia de presupuesto y sin perspectivas que haya pronto, el Gobierno presenta ante la prensa un nuevo plan y ya llevamos varios. Este se llama Responem, y pretende combatir los aranceles impuestos por Trump con un anuncio de 1.500 millones de euros.
Ahora bien, ¿de dónde saldrá ese dinero? Como con tantos otros planes del gobierno español, la respuesta es sencilla: endeudándonos. La mayor parte de esta cantidad proviene de créditos que será necesario devolver. En realidad, solo 300 millones son recursos nuevos. El resto son una mezcla de nabos y coles: préstamos, reasignaciones y aportaciones a fondo perdido, todo envuelto como si fuera una inversión pública directa.
Pero ya se sabe: en política, la imagen es mejor que la realidad.
Si consideramos que el plan se dirige a 3.161 empresas, toca una media de 95.000 euros por empresa, una gota de agua en un mar de aranceles que afectan a productos por valor de 4.351,4 millones de euros. Pero eso no importa. Lo que cuenta es tener un nuevo plan para presentar.
Barcelona no se queda atrás. El alcalde Collboni ha convocado a la prensa para anunciar su propio plan: Barcelona Impulsa, con la ambición de crear 180.000 puestos de trabajo en 10 años. Es decir, 18.000 anuales, cuando toda la provincia de Barcelona generó 15.733 a lo largo de todo el 2024. No se explica cómo lo harán, pero la cifra da titulares. Y si se lee un poco más allá, se entiende que estos sitios saldrán de solo 890 millones, contando desde 2023 hasta 2027.
¿Magia? No. Política.
Una característica común a todos estos planes es la ausencia total de debate parlamentario. La nuestra no es una democracia parlamentaria, sino una democracia mediática. El presidente, o el alcalde de turno, comparecen ante los medios con una presentación y cuatro cifras. Los medios lo publican sin demasiada comprobación, y la función queda cerrada.
En una democracia digna, los planes se presentarían en el Parlament, se debatirían y aprobarían. Aquí, la política se ha reducido a la publicidad institucional, con la complicidad de unos medios demasiado cercanos al poder.
Mientras, Sánchez, Illa y Collboni nos entretienen con sus planes de hacer ver que, mientras el país sigue empantanado. Los aranceles de Trump, la crisis económica, o el clima, sirven de pretexto para llenar titulares y vaciar contenidos.
¿Qué sabemos del famoso nuevo sistema de financiación para Cataluña? Nada. Seguimos igual que el primer día: expectativas, pero ninguna concreción.
¿Y del traspaso de Cercanías? Sabemos que cada día empeora, con retrasos, incidencias y creciente indignación de los usuarios. Ahora hemos sabido que la nueva empresa no será de la Generalitat con participación de Renfe, como se había anunciado, sino justo lo contrario: de Renfe con participación de la Generalitat. El efecto es el mismo: nada cambia.
¿Y la AP-7? Los colapsos y accidentes son constantes, pero nadie asume su responsabilidad. ¿Y de la cita previa a la administración pública, un verdadero fraude a los ciudadanos? Ninguna mejora, ni siquiera una propuesta concreta.
Esa ineficacia parece estructural. Recordamos la T-Mobilitat, anunciada hace 13 años como la solución para que los usuarios pagaran por el kilometraje real en el transporte público. Hoy sigue detenida, sin fecha de resolución.
Renfe aplaza indefinidamente el AVE entre Barcelona y Toulouse
Y ahora nos llega otra renuncia: Renfe aplaza indefinidamente el AVE entre Barcelona y Toulouse. Hace un año se celebraba con grandes sonrisas la cumbre hispanofrancesa con Macron y Sánchez en Barcelona, con la firma del Tratado de Amistad y Cooperación. Hoy, todo esto sirve para poco: Renfe no entrará en Francia y la frontera se mantiene como un muro político y logístico.
Tampoco se nos dice que Cataluña es una de las peores autonomías en la incorporación de nuevos fármacos en los hospitales públicos, aunque es de las que tiene más restricciones en la atención primaria. ¿Quizás es porque aquí pagamos menos impuestos? ¿O quizás es porque la gestión es puro maquillaje?
Y mientras todo esto ocurre, se publican notas de prensa grandilocuentes: el gobierno español transfiere a la Generalitat la gestión de dos fincas forestales, cuyo titular parece una hazaña histórica. Pero esta competencia ya había sido transferida en los años ochenta.
Al final, el sistema parece claro: nosotros pagamos sus sueldos, y ellos nos ofrecen humo en forma de planes, promesas y titulares. Solo durante las campañas electorales vuelven a tenernos en cuenta. El resto del tiempo, la política en Cataluña se hace a golpe de titular… y el control democrático, como los trenes de Cercanías, llega con retraso. O directamente nunca llega.
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