El BOE ha publicado ahora un acuerdo del gobierno creando una comisión para controlar la desinformación y las noticias falsas que será presidida por Iván Redondo, el director del gabinete de Pedro Sánchez, acompañado del secretario de estado para la comunicación, Miguel Ángel Oliver. En realidad el acuerdo fue adoptado en el Consejo de Seguridad Nacional del pasado 6 de octubre, pero hasta ayer no ha sido publicado en el BOE. De la citada organización forman parte del ámbito información del Ministerio de información y el Centro Nacional de Inteligencia, entre otras instancias gubernamentales.
La información ha provocado una protesta generalizada entre los medios de comunicación, porque es una práctica inhabitual en las democracias que se creen organismos de control de la información dentro del mismo gobierno y en el que además participan los servicios de inteligencia del país, de la policía y la Guardia Civil. Esta tarea es normalmente ejercida en último término por la justicia, o bien corresponde a una instancia independiente del gobierno alejada de la controversia política. A nadie se le escapará que el problema de fondo es el de los criterios que se utilicen para considerar lo que es información y lo que es una fake news . Más cuando a lo largo de estos meses han sido frecuentes las diferencias entre la verdad oficial y la verdad hecha pública. Sin ir más lejos, sobre el número de muertos de la Covid, un hecho literalmente escandaloso pero que el gobierno mantiene a base de dar unas cifras que no corresponden a la realidad, o hacer creer que había un comité de expertos para la Covid que nunca existió.
En definitiva, estamos ante una práctica muy peligrosa que ya tuvo un precedente fugaz cuando en pleno confinamiento de la primera ola y en las ruedas de prensa diarias que se llevaban a cabo, el representante de la Guardia Civil informó de que los servicios de inteligencia hacían un seguimiento de toda aquella información que pudiera ser contraria a los planteamientos del gobierno. La escandalera que se produjo dio lugar a una justificación, pero el hecho y su anuncio ya se había producido.
Esta iniciativa gubernamental se añade a la decisión del gobierno, frustrada por Europa, de elegir la mayoría del Consejo General del Poder Judicial por mayoría absoluta, dejando así este poder en manos del gobierno. Los reiterados avisos de la Comisión Europea y el riesgo que equipara el gobierno Sánchez con el de Orban, han congelado la iniciativa y han forzado al gobierno a reanudar las negociaciones con el PP.
Pero es que después se ha producido un hecho también insólito, dudosamente constitucional y muy criticado en el ámbito del derecho, como ha sido declarar el estado de alarma durante medio año sin ningún tipo de votación de control a lo largo de su desarrollo y limitando la información del gobierno a una aparición cada dos meses. Todo esto se produce a pesar de que la Constitución determina que el estado de alarma sólo podrá decretarse por 15 días y, en todo caso, se pueden producir sucesivas prórrogas que deben ser votadas en el Parlamento.
Un precedente de todo ello fue forzar de manera inmediata su salida del ministerio a la ministra de justicia, Dolores Delgado, i ser nombrada fiscal general del estado. Es impúdico que una persona pase de tener una militancia gubernamental y política a ejercer el mando de la fiscalía, teóricamente independiente. Antes de eso fue el nombramiento de José Félix Tezanos, destacado miembro de la ejecutiva socialista, como responsable del CIS.
Todo ello es demasiado como para no obligar a alertar sobre la deriva peligrosa para el equilibrio democrático que ha emprendido el gobierno Sánchez.
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