Sánchez y sus ministros nombran continuamente sus logros, algo normal, y lo hacen a base de explicar lo mucho que están gastando y también de las leyes que han hecho y hacen. Cabe decir que esta forma de proceder es muy engañosa porque no refleja para nada la eficiencia ni la eficacia del gobierno que es en definitiva lo que importa. Porque, como decía Newton Friedman: “uno de los grandes errores es juzgar las políticas y programas por sus intenciones y no por sus resultados”.
Lo que necesitamos saber es precisamente eso, los resultados de las leyes y el dinero que gastan. Y no nos lo cuentan. Por no saber ni siquiera conocemos la eficiencia de nuestras administraciones. Es decir, cuando el ministerio correspondiente dedica 100 millones a asistencia social, esa cifra, ¿qué parte se transforma en beneficios finales para los ciudadanos y cuál en salarios de los funcionarios, compra de bienes y servicios, contratos de prestación de servicios a terceros, etc.?
Hay un segundo capítulo en todo esto que es el de las leyes. La cantidad de leyes no significa mucho, y su constitucionalidad tampoco, porque es una obligación inexorable que a menudo se la pasan por el forro. Lo que cuenta de las leyes es su resultado y también el coste de su aplicación. Y esto tampoco se lleva a cabo. El Congreso de los Diputados debería tener una oficina independiente dedicada a esta labor. Pero, evidentemente, como los que la dirigen son unos simples subalternos del poder ejecutivo no tienen ningún interés en que se establezca este sistema de control.
Mientras tanto las grandes ineficacias perduran, no se resuelven y se gastan mucho dinero en su nombre. Constatémoslo:
La renta per cápita real de los ciudadanos de este país es prácticamente la misma que en 2008. Hace una década y media que perdura y nos convierte en los últimos de Europa. Y ahora cuando se presentan las previsiones que hacen organizaciones internacionales, no ya el gobierno, sino los medios de comunicación progubernamentales, maquillan los resultados. Por ejemplo, de las últimas previsiones del FMI, los gubernamentales destacan que la previsión para este año crecerá en 4 décimas y pasará a ser de 1,5.
Pero lo que sólo explican entre líneas es que esta previsión para el año siguiente se ha reducido en 4 décimas, o sea que estaremos como estábamos. Y lo que aún es peor, omiten que el déficit público se mantendrá, si no crece, por encima del -4% y que el endeudamiento público se situará en el 107% y en el 2028 se habrá incrementado hasta el 109% .
Esta situación contrasta con un país que técnicamente tiene peores condiciones que España. Es el caso italiano porque con un crecimiento mucho más bajo que el español, conseguirá reducir su déficit público hasta el -0,7% y, por tanto, con unas finanzas casi equilibradas en 2028. Y al mismo tiempo reducirá su endeudamiento público en 6 puntos, aunque se mantendrá muy elevado, el 131,9%. Son datos que indican un mal funcionamiento de la gestión económica pública.
Pero es que, además, otras cuestiones básicas siguen donde estaban. Estamos anclados en una deficiente productividad total de los factores que es la más decisiva de todas desde principios de los años 90. La natalidad, problema grave, presenta uno de los peores indicadores del mundo, pero no se hace nada para mejorarla. El paro sigue en los niveles más altos de toda la UE. Aparece el interrogante, antes inexistente, de las personas consideradas como ocupadas, pero que no trabajan, son los fijos discontinuos, y se hace evidente que junto a un paro muy grande carecen trabajadores en el sector de la hostelería y los de los transportes.
Las administraciones públicas funcionan muy mal, y la única que parece haberse interesado en obtener resultados es Hacienda.
El problema de la vivienda, que tiene mucho que ver con la natalidad, está enquistado. Pese a que el banco malo, la Sareb, tiene almacenados miles y miles de pisos. La inversión es escasa y además se realizan normas que, en lugar de incentivar, retiran viviendas del mercado y generan discriminaciones forzadas. ¿Quién dará un piso, aunque acredite un sueldo, a una madre soltera con un hijo cuando el propietario sabe que si deja de pagar no podrán desahuciarla porque es una persona que, de acuerdo con la legislación, sólo puede desocupar el piso si tiene otro a dónde ir? Este hecho y la generalización de las okupaciones, la permisividad de las administraciones públicas no es más que una forma de cargar sobre la espalda de los privados el problema de la falta de vivienda, que es una responsabilidad de los poderes públicos.
Si nuestra sociedad no se transforma y logra una mayor exigencia y transparencia con lo que hace el gobierno, los resultados los sufriremos nosotros mismos porque es evidente que el poder y su alternativa nunca sufren los estragos de las crisis.
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