La primera de ellas se produjo la semana pasada cuando el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés y la consejera de Justicia Esther Capella, presentaron con una notable exhibición escenográfica el listado de las inmatriculaciones de la Iglesia en Cataluña, a la vez que anunciaban la creación de una Oficina de Mediación, en un intento de que los particulares formularan sus reclamaciones. Como es habitual en estos casos, la televisión pública catalana TV-3 acentuó el castigo presentando una información en la que se justificaba que las inmatriculaciones eran arbitrarias.
Por otra parte, la Conferencia Episcopal Tarraconense sí se manifestó con claridad, exponiendo que las inmatriculaciones respondían a bienes de la Iglesia debidamente documentados, que era un procedimiento que debía seguirse, porque desde 1998 ya no existía la disposición legal que consideraba estos bienes inmuebles fuera del comercio y que, por su pública notoriedad, pertenecían a la Iglesia. Por consiguiente, era obligado proceder a su inscripción a través de la certificación eclesiástica que estuvo en vigor hasta el año 2014. Recuerda que estos bienes no son propiedad de un rector ni tan siquiera del obispo, sino que pertenecen a los fieles a través de la Iglesia. Son, por tanto, bienes comunes.
Asimismo, los obispos de Cataluña siempre han manifestado su disposición a tratar las posibles inscripciones que no responden realmente a su titularidad histórica.
En el listado de la Generalitat se incluyen las catedrales de Barcelona, Girona, Solsona y Tarragona ,la basílica de la Mercè , más de mil iglesias, centenares de ermitas, cementerios, templos románicos, capillas urbanas y rurales, conjuntos parroquiales; en fin, es una lista que resume mal que bien por qué gran parte del patrimonio ha sido expropiado o destruido en diversos avatares históricos por la presencia de la Iglesia a lo largo de 2000 años.
El enfado de los obispos catalanes procede sobre todo de que la Generalitat haya actuado al margen de toda relación con ellos y prescindiendo de la comisión que existe para dirimir posibles diferencias. Simplemente el ERC ha adoptado una iniciativa en un escenario pre-electoral del agrado de una parte del electorado de ERC, visceralmente anticatólico.
Pero, casi simultáneamente se ha producido otro conflicto, esta vez con la Generalitat en pleno, a causa de la prohibición expresa del Procicat (Plan Territorial de Protección Civil de Cataluña) de celebrar el anunciado funeral por las víctimas de la pandemia en la basílica de la Sagrada Familia de Barcelona. La prohibición surge del hecho de que el Gobierno catalán prohíbe los actos religiosos con más de 10 personas. Esto significa, por ejemplo, que las celebraciones dominicales del pasado domingo han sido todas ellas ilegales, como lo son las misas cotidianas. La Iglesia intentó hacer ver al Gobierno catalán lo absurdo de la medida porque no se trata tanto del número de personas como del espacio donde se encuentran y la distancia que medie entre ellas. Es absurdo que se admita en bares y restaurantes un aforo del 50%, prescindiendo del número de personas, y se condene a las iglesias a reunir a más de 10, al margen de que se trata de una actuación que vulnera el derecho constitucional a la libertad de culto, mediante una norma de rango administrativo.
La Iglesia en Cataluña emitió un duro comunicado anunciando acciones legales y manifestando que se sienten discriminada.
El funeral se celebró, si bien se extremaron las medidas de precaución y se redujo el aforo de la Sagrada Familia a un 20% de su capacidad, además de las medidas de rigor como la obligación de la mascarilla y de los geles alcohólicos, y la toma de temperatura a la entrada del templo, así como la organización de la salida para evitar que se producieran aglomeraciones. En total se reunieron 400 personas en un espacio pensado para reunir a varios miles de ellas.
Ninguna autoridad del Gobierno catalán ni del Ayuntamiento, empezando por Ada Colau, acudieron al acto. El único político presente fue el diputado de Units, Ramón Espadaler. El Ayuntamiento negó que le correspondiera establecer ninguna sanción, aduciendo que correspondía a la Generalitat este acto. Finalmente, el Gobierno catalán ha anunciado que sacionará a la Iglesia
Lo ha hecho, en una agresiva comparecencia, el propio presidente Torra, quien ha declarado que «No me temblará el pulso. No me doblegará ninguna presión, ni lobby, si los expertos piden tomar decisiones». Ha anunciado también la apertura de un expediente sancionador al Arzobispado de Barcelona por la celebración ayer de la misa por las víctimas de la Covid-19 en la Sagrada Familia a pesar de la orden del Procicat.
Además Torra ha cargado contra el cardenal Joan Josep Omella, quien dijo que les medidas del Govern atacaban la libertad de culto. «Lamento que durante todos estos años se haya olvidado la Constitución y los derechos fundamentales y humanos. Lamento que durante estos años no haya alzado la voz para condenar la represión que vive Cataluña».
Los obispos catalanes siempre han manifestado una posición de gran discreción hacia las políticas de la Generalitat que frontalmente se oponen al cristianismo. Ahora mismo, hay una campaña a toda página en los medios escritos donde se promueve la perspectiva de género y la autodeterminación sexual entre los menores de edad, con imágenes explícitas de una niña de pocos años. La Iglesia siempre ha callado. A pesar de ello, ahora tiene servido un enfrentamiento por partida doble: las inmatriculaciones y la libertad de culto. No es poco.
