El pasado 27 de mayo los diputados de la cámara baja del poder legislativo francés, la Asamblea Nacional, votaron en primera lectura a favor de la proposición de ley «relativa al derecho a la ayuda a morir» por 305 votos a favor, 199 en contra y 57 abstenciones.
Se trata de una iniciativa gubernamental del presidente Emmanuel Macron presentada el pasado año y criticada por ser un medio de apuntarse una victoria fácil en un contexto que le es cada vez más hostil, así como para reivindicar su “progresismo”.
Macron inició los trabajos preparativos en 2022 con la instauración de un “Comité consultivo nacional de ética” que se manifestó favorable a la instauración de una “ayuda activa a morir” con la condición de regularla de forma estricta y que se reforzaran en paralelo los cuidados paliativos. Una condición, esta última que también se aprobó el mismo día a través de una proposición de ley paralela.
La proposición de ley votada por los diputados prevé la instauración de un “derecho a la ayuda a morir”, sin utilizar el término “suicidio asistido”, por los enfermos mayores de edad afectados por una enfermedad grave y que hayan expresado su demanda.
Las próximas etapas de la proposición de ley consisten en un examen por la Cámara Alta, el Senado, y un posterior retorno del texto, eventualmente modificado o rechazado, a la Asamblea Nacional.
El texto aprobado en primera lectura ha suscitado la viva reacción de varios actores de la sociedad civil francesa, entre ellos la Conferencia Episcopal del país y la Conferencia de los Responsables del Culto en Francia (CRCF), que reúne a los más altos representantes católicos, protestantes, ortodoxos, judíos, musulmanes y budistas.
Esta última ha denunciado que tras una apariencia de voluntad de compadecer y regular estrictamente el acceso al acto letal, el texto supone un cambio radical, ya que autoriza legalmente la posibilidad de administrar la muerte, ya sea por la vía del suicidio asistido (administración de la sustancia letal por el mismo paciente con ayuda externa) así como de la eutanasia (administración por un tercero), dando la vuelta así a los fundamentos de la ética médica y social.
Además, la CRCF ha apuntado que las garantías de una «regulación estricta» promesas no se corresponden con el contenido real del texto. Por ejemplo, la decisión de autorizar el acto la puede tomar un médico de forma individual, sin procedimiento colegial ni evaluación psiquiátrica. Además, el texto prevé un período de reflexión de tan solo 48 horas después de una instrucción de 15 días.
La CRCF ha criticado igualmente la sobreexposición que sufrirán las personas más vulnerables y socialmente aisladas frente a las presiones externas, induciendo un sentimiento de culpabilidad, de ser «una carga» para los demás.
En una sociedad donde los vínculos familiares y sociales van progresivamente debilitándose, la proposición de ley establece la autodeterminación individual como principio absoluto, obviando la dimensión social intrínseca del ser humano. El principio mismo establecido por la ley de un “acompañamiento digno” se convierte en una grotesca hipocresía al consistir en presentar la opción de la muerte como una solución.
Los críticos apuntan finalmente que en los países donde se ha legalizado la eutanasia, las solicitudes para acceder no han parado de crecer, mientras que se ha observado una caída en las inversiones en cuidados paliativos.
Los críticos apuntan finalmente que en los países donde se ha legalizado la eutanasia, las solicitudes para acceder no han parado de crecer, mientras que se ha observado una caída en las inversiones en cuidados paliativos Compartir en X
