Hace unos días leía «La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) tacha de ‘utópicos y suicidas’ los planes que maneja Europa (CE) encaminados a limitar el uso de productos fitosanitarios mientras el sector agrario no disponga de alternativas naturales o ecológicas que resulten verdaderamente eficaces para combatir las cada vez más numerosas plagas y enfermedades que atacan las producciones agropecuarias «.
La misma Asociación ponía en boca de su presidente Aguado: «Queriendo evitar un problema ambiental, la UE genera otro mucho peor al incentivar el abandono de tierras y la dependencia alimentaria de países terceros».
En la nota se denuncia, además, que las políticas verdes impuestas por las autoridades comunitarias actúan al margen, incluso en dirección opuesta, a las directrices agrarias llevadas a cabo en el resto de mundo, una circunstancia que, a juicio de AVA-ASAJA, condena al sector agrario europeo a una pérdida progresiva de competitividad tanto en el mercado global como en el mismo mercado europeo donde se permite a las importaciones de países terceros el uso de sustancias prohibidas a los agricultores comunitarios.
Así de contundente se expresaban ante la presentación de la estrategia ‘De la granja a la mesa’ con la que Bruselas abre el debate sobre la necesidad de elevar aún más las exigencias ambientales a la actividad agraria ante la salida de la pandemia. Este plan forma parte del Pacto Verde europeo (Green New Deal) que pretende conseguir en 2050 una economía neutra en emisiones de CO₂.
En las notas que comentamos el mismo presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, asegura que «los agricultores somos los primeros interesados en contar con la agricultura más segura y sostenible pero, al competir en un mundo globalizado, esta aspiración será irrealizable si la Unión Europea intenta llevarla a cabo de forma unilateral y sin medir su impacto económico. Convertirnos en el vertedero mundial de las plagas y enfermedades vegetales introducidas desde terceros países y, al mismo tiempo, arrebatarnos las herramientas necesarias para hacerles frente, mientras el resto del mundo sí puede utilizarlas, quiere decir condenarnos al derroche alimentario, a la competencia desleal y a la ruina. En lugar de soñar por su cuenta, Bruselas debería tener los pies en el suelo y buscar coincidencias con el exterior, tanto a la hora de investigar nuevos métodos de lucha como de aplicar normas recíprocas de mercado «.
«No aprenden de la Covid-19»
Parece claro que la Comisión Europea no está aprendiendo nada de la Covid-19. La extraordinaria recuperación ambiental experimentada durante esta pandemia ha dejado bien claro que el sector agrario, que ha seguido trabajando , no contamina como algunos habían difamando de manera demagógica y pseudocientífica. A cambio, el campo se ha erigido como una actividad esencial para suministrar alimentos y preservar el territorio. Por eso no se entiende que la clase política siga empeñada en castigar la agricultura europea con más restricciones y menos apoyos. Queriendo evitar un problema ambiental que se ha demostrado exagerado, Bruselas genera otro peor al incentivar el abandono de tierras agrarias y la dependencia alimentaria de países terceros.
Sin embargo hay que comprender, también, que las presiones ejercidas por grupos activistas naturalistas y ecologistas, algunas muy influyentes en los grupos políticos, motivan a plantear políticas a veces inconsistentes e incluso incongruentes por parte de Europa.
Lástima que suelen recibir siempre los mismos.
Las políticas verdes impuestas por las autoridades comunitarias actúan al margen, incluso en dirección opuesta, a las directrices agrarias llevadas a cabo en el resto de mundo Share on X
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