La situación política catalana es tan inestable que el escenario de un día no sirve al día siguiente. Lo constata la secuencia que estamos viviendo.
Primer día, martes 28. En un lugar tan teóricamente solemne como el Parlamento de Cataluña, se escenifica la ruptura absoluta entre ERC y JxCat, porque la presidencia del Parlamento no aceptó que Torra se mantuviera como diputado. Las redes claman encendidas contra los «traidores» de ERC, pero en la calle se concentran sólo 300 personas para protestar. Todo parece muy desgastado.
Miércoles 29. Aquella mañana la agenda del vicepresidente del gobierno, Pere Aragonés, presentaba la aprobación de los presupuestos por parte del gobierno y su entrega formal al presidente del Parlamento. Repentinamente, sin embargo, el presidente Torra pospone la reunión gubernamental para la tarde y anuncia una declaración institucional que consiste en constatar que el gobierno ha quedado roto por falta de confianza con ERC, y que tiene una duración limitada al período que sea necesario para aprobar los presupuestos, entre 2 meses y medio y 4, según los avatares del trámite parlamentario. Anuncia también que se verá con el presidente Sánchez en la fecha prevista para plantearle el derecho a la autodeterminación de Cataluña y la situación de los presos políticos.
Este anuncio, que conlleva también el compromiso de convocar elecciones una vez aprobados los presupuestos, despierta incertidumbres y críticas. Primero, porque Torra no controla la agenda, dado que el Supremo le puede inhabilitar antes de que los presupuestos queden aprobados por el Parlamento de Cataluña.
Por otra parte, se formulan críticas en el sentido de que aprobar unos presupuestos y convocar elecciones no tiene mucho sentido, sobre todo cuando su vigencia será de medio año y el nuevo gobierno quedará ligado por el documento más importante de acción gubernamental, como son las asignaciones presupuestarias. El enfrentamiento entre JxCat y ERC es ya total, porque Torra descalifica, incluso, al presidente del Parlamento. El anuncio, por tanto, hay que situarlo dentro de una lógica electoral compartida por Puigdemont.
Tercer acto. Jueves 30. La vicepresidenta del gobierno, más que enfriar, prácticamente congela la reunión entre Sánchez y Torra y advierte que, de producirse, será dentro «del marco jurídico». La vicepresidenta lo que hace es tomar distancia, porque Torra ya declaró el día antes que la Mesa de diálogo entre el gobierno español y el catalán era para conocer en qué condiciones se negociará con el estado el derecho a la autodeterminación, y él quería abordar previamente esta cuestión con Sánchez.
Automáticamente, el encuentro se ha hecho radiactivo para los socialistas, y han empezado a aplicar dosis masivas de plomo para intentar frenar la radiactividad. La vicepresidenta ha descartado que Sánchez esté dispuesto a hablar de autodeterminación, y que ésta no es una condición para llevar adelante la mesa de negociación, concretamente ha bajado mucho el listón, porque ha formulado que «la política es acuerdo y diálogo y sobre todo realidad», en referencia a cuestiones como el salario mínimo, el mundo rural, la memoria democrática. «Quien quiera estar en otra cosa tiene que sacar lecciones de lo ocurrido en los últimos años», advirtió Calvo a Torra. ¿A qué se quiere referir la vicepresidenta hablando de «los últimos años»? ¿A las cargas policiales? ¿A los presos? Es evidente que el panorama ha cambiado absolutamente y ahora habrá que ver cuál es el papel que juega ERC vista esta situación, sobre todo si la reunión no se lleva a cabo.
Última hora: un nuevo cambio radical se produce en el panorama posterior a las declaraciones de la vicepresidenta del gobierno. En este caso, el propio presidente del gobierno ha declarado que suspende la mesa de negociación hasta que se establezca un nuevo gobierno en Cataluña, la mesa con Cataluña que había pactado con ERC, pero mantiene la reunión con el presidente Torra. Este cambio repentino de una banda deja en el aire la dimensión formal del acuerdo con ERC y vacía de contenido la reunión con Torra.
Parece extraño que Sánchez haya tomado una decisión de este tipo cuando la aprobación de los presupuestos depende de los votos de ERC. Por lo tanto, es probable que haya sido una decisión pactada porque el contenido de los acuerdos, por ejemplo, los relacionados con los presos, estén ya decididos y se estén llevando a cabo sin necesidad de luces y taquígrafos. En todo caso, es una maniobra arriesgada, porque otorga argumentos a los críticos con la línea que viene siguiendo ERC.
También podría ser que Sánchez se creyera algunas de las encuestas no hechas públicas que circulan y que otorgan el primer lugar a ERC, pero también un buen resultado a los socialistas. De hecho, ambos se acercarían al 45% de los votos, y con el añadido de los Comunes superarían claramente la mayoría absoluta. El espectro de repetir en Cataluña un modelo de gobierno similar al de Madrid aparece en el horizonte. Un hecho que aliviaría las presiones que el PSOE registra por su alianza fáctica con los independentistas, porque entonces ERC se transformaría en un componente más de un gobierno de «progreso» en lugar de un gobierno independentista.