Cataluña se ha transformado en un callejón sin salida por las políticas socialistas.
La política catalana presenta una doble e insólita condición:
Tiene un claro ganador, relativo, pero ganador en el PSC. Tanto en las autonómicas como en las europeas, gobierna en Barcelona gracias al PP y domina la Diputación. En definitiva, es hegemónico en las principales instituciones de Cataluña.
Pero, al mismo tiempo, el gobierno socialista de España depende de forma decisiva de ERC y Junts, que en este sentido tienen la sartén por el mango. Hay cierta inversión de poder. El socialismo es más fuerte que el independentismo en Cataluña y más débil en el Congreso de los Diputados frente al independentismo catalán. El balance de esta situación está ahora más acentuado por la debilidad electoral de Sánchez y de su socio Sumar.
En el marco de este escenario se sitúa la negociación y el pacto para alcanzar la presidencia de la Generalitat. Sobre ella pesan, en gran medida, los precedentes. Por un lado, se han obtenido dos reivindicaciones importantes: primero el indulto y después, sobre todo, la amnistía, a reserva de su aplicación, pero que políticamente ha sido un objetivo alcanzado. Fuera de estos factores, que benefician sobre todo a los líderes del procés y al resto de inculpados, el balance por el conjunto catalán es muy magro.
La mesa, sea de diálogo o de negociación, ha sido una enredada monumental. Todo el mundo sabía que lo era, con la excepción, al parecer, de Aragonès y Junqueras.
Pero, es que los acuerdos con Puigdemont en Bruselas –¿quién se acuerda?–, ¿en qué han quedado? Más cercano en el tiempo todavía, los traspasos pactados sobre inmigración, ¿en qué consisten? Porque ni hablan. ¿Por qué Junts no les reclama?
Ahora ERC pide para hacer presidente a Illa, no se sabe si un acuerdo para una financiación diferenciada, los lunes, miércoles y viernes, o la condonación de la deuda de los flacos, martes y jueves. El problema es que un sistema de financiación diferenciado y específico para Cataluña no puede consistir en una alusión genérica, sino que debe fundamentarse en unas concreciones que estructuren y condicionen el futuro acuerdo. Y no parece que esto pueda producirse ahora.
También, en este caso, juega la carencia de credibilidad, como en la mayoría de los hechos ya citados. Hace ya un año que se quedó en condonar 15.000 millones de la deuda total. Aún no han llegado y ahora María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, dice que acaba de cerrarlo. Bien, si lo hace sólo habrá llevado a cabo lo acordado hace un año, pero que no se puede presentar como una contrapartida para dar el voto a Illa.
También se ha referido a abordar la financiación con un “trato especial” en Cataluña, que nadie sabe qué quiere decir, si bien la idea expresada al tiempo que se negociaría con el marco de las comunidades el régimen general de la financiación, indica que por esta vía poco puede resolverse y también señala que el gobierno excluye una de las condiciones de ERC, que es la bilateralidad.
La pregunta del millón, el gran enigma es ¿por qué, siendo Sánchez tan dependiente por su presente político de ERC y de Junts, llevamos años y años sin que se haya registrado ninguna contrapartida mínimamente significativa, beneficiosa para el conjunto del país?
Y ese es el problema de fondo, y ese es el callejón sin salida que en realidad no afecta sólo a los socialistas, sino a los propios partidos independentistas, que más allá de la reivindicación y la amenaza no consiguen mover ni un solo papel en la mesa.
Mientras, el País Vasco sigue haciendo vía.
Consiguió el traspaso de la gestión de la Seguridad Social, o que en los convenios laborales y los de carácter económico se impusieran los de carácter general. Y ahora mismo ya han consumado el primer paso que acabaría consolidando al País Vasco como un estado confederado, un estado libre asociado a España. Ya lo es en materia financiera y fiscal, y ahora quiere rematarse en el ámbito político.
Por ello el PNV y el partido socialista han pactado un nuevo estatuto para 2025, que significaría trasladar al ámbito político el esquema que ya rige en la nueva financiación. Reconocimiento de la excepcionalidad vasca y su condición nacional y bilateralidad política. Todo se había tratado en el marco de una relación entre el gobierno vasco y el español al margen del resto del sistema territorial. Incluso se cuestiona el papel del Tribunal Constitucional y su posible sustitución en el caso de conflictos entre el gobierno vasco y el español por una nueva instancia.
Las comparaciones siempre son odiosas, pero no deja de ser llamativo que los 5 votos del PNV en Madrid valgan más que los 7 de ERC y los 7 de Junts. Misterios de la política catalana.
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