Por enésima vez ERC amenaza al gobierno Sánchez, y teóricamente pone en riesgo su apoyo imprescindible. No es la primera vez y, por tanto, no hay nada que temer, sobre todo a Sánchez. ERC bajará del árbol al que se ha encaramado Aragonès y se conformará con migajas políticas.
Lo que ocurre es que ahora los hechos son mucho más graves porque se trata de un caso de espionaje telefónico llevado a cabo desde las mismas instancias del estado. Es el escándalo del software Pegasus de la empresa NSO Group, un sistema que permite “colonizar” los teléfonos de las personas a las que quieren espiar y disponer de toda la información que el mismo contiene o puede adquirir.
Según la firma israelí, porque éste es el país de origen, estos programas sólo se venden a gobiernos e instancias oficiales. Hay constancia de que el gobierno español dispone de él. Junqueras y Puigdemont hicieron una insólita rueda de prensa en el Parlamento Europeo reclamando medidas y explicaciones, y esta misma instancia europea ha decidido abrir una comisión para estudiar este escandaloso asunto, que si bien en otros países, no es la primera vez que estalla.
Estamos frente a una vulneración de derechos fundamentales de las personas y además de carácter masivo.
Ante este hecho, la reacción de Aragonès ha sido amenazar con que dejaría de apoyar al gobierno, pero, atención, porque los términos en los que lo ha hecho no dejan demasiado lugar a la posibilidad de que Sánchez acabe viéndose realmente afectado. Aragonès ha dicho «y la forma cómo lo afronte el gobierno español podrá tener consecuencias políticas». Por tanto, es una amenaza muy condicionada y deja todas las posibilidades abiertas para que Sánchez con algunos gestos lo resuelva.
Se conforma con pedir al presidente de la Generalitat un «cara a cara» con Pedro Sánchez, como si esto resolviera nada. Lo mínimo habría sido impulsar una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados y otra en el Parlament de Catalunya, pero nada de esto se ha hecho y se conforman con lanzar balones al área de la política exterior, en el ámbito judicial, presentando denuncias en varios países.
Aragonès ha reiterado que la confianza en las instituciones del estado es mínima y que «las cosas no pueden continuar igual». Pero no concreta qué es lo que no puede seguir igual, porque aquí también sería lógico pedir que se depuraran responsabilidades, y si no judiciales, sí políticas. Y es que previsiblemente el gobierno español ha llevado a cabo estos espionajes porque en ningún momento ha negado que se hayan producido. Lo que sí ha afirmado alguno de los ministros, como la de defensa Margarita Robles, seguramente la más implicada porque el CESID depende de ella (y sobre todo de Pedro Sánchez), ha sido que siempre se ha actuado de acuerdo con la ley. Hablando en plata, el espionaje se ha producido con autorización judicial, algo perfectamente viable porque puede argumentarse su interés por preservar el principio constitucional de la unidad española, que el independentismo puede, al menos teóricamente, poner en riesgo.
Sánchez ya ha dado señales de que asume el reto y la crítica de ERC, pero la cuestión es qué tipo de respuestas va a dar.
Sería una gran sorpresa que la cosa fuera mucho más allá de convocar la mesa de diálogo, demostrando así que es un instrumento, no para pactar los grandes temas que dice ERC, sino como válvula de seguridad de las tensiones y aportar algún tipo de contrapartidas de ese tipo que en la época de Pujol se calificaban de “el peix al cove”. Habría, en este caso, un gran decalaje entre el hecho provocador de la crisis que afecta a derechos fundamentales y el tipo de respuesta que se movería en el ámbito del vuelo gallináceo. No habría ceses, ni dimisiones, ni depuración de responsabilidades, puramente un gesto simbólico y algunas francesillas. Migajas.
Pero es que además todo este asunto se produce pocos días después de que se haya confirmado otra cuestión muy grave que deja en evidencia la significación de ERC frente al gobierno español, y de hecho de todo el independentismo. La cuestión ha pasado sin pena ni gloria, pero es muy importante porque se trata de que PSOE y PP, es decir, Sánchez y Núñez-Feijoo, sí llegaron a algunos acuerdos el pasado 7 de abril, y uno de ellos ellos es dejar para la próxima legislatura la financiación autonómica, lo que perjudica de una manera extraordinaria a Cataluña.
Cabe recordar que esta cuestión debería haber sido resuelta en el 2014 y ahora con este acuerdo se produce un aplazamiento hasta que finalice el actual ciclo electoral, a finales del próximo año o a principios del 2024.
El actual sistema de financiación no satisface a ninguna autonomía, pero como la mayoría de ellas están gobernadas por partidos de disciplina socialista o popular, con la notable excepción del País Vasco que tiene un régimen de financiación propio, Cataluña se encuentra doblemente aislada en relación con su escasa capacidad de influir en el gobierno español y por su mala relación con las demás comunidades autónomas. Es un doble fracaso que no se entiende.
¿Cómo es posible que Sánchez acuerde con el PP algo tan decisivo, cuando para continuar su gobierno depende de los votos de ERC? ¿Qué debe pasar para que realmente los republicanos den un puñetazo de verdad sobre la mesa?
Continuamos anclados en una mala financiación, nos espían masivamente, nos someten al escarnio de las contrapartidas que el PNV, con menos de la mitad de los diputados, obtiene en cada ocasión en que levanta el dedo. ¿Qué piensan hacer para resolver esa bola de nieve de descrédito que crece y crece?
Y esto no se arregla haciendo ruedas de prensa en el Parlamento Europeo, sino actuando al pie del cañón, es decir, en casa, demostrando la fuerza que se tiene y aplicándola si es necesario. No puede ser que «la afinidad republicana» de ERC, Sánchez y Podemos condene los intereses y necesidades de Cataluña. O, en todo caso, si esta es la bandera a seguir, que de una vez por todas caigan los disfraces y se presenten con ella en el escenario público catalán.
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