El discurso dominante presenta la inmigración en términos estrictamente utilitarios. Se nos dice que resuelve el déficit de natalidad, que impulsa el crecimiento del PIB y contribuye a sostener el sistema de pensiones. Pero este relato omite un indicador fundamental: la renta per cápita, que es lo que realmente mide el bienestar económico de los ciudadanos.
El PIB puede crecer simplemente porque hay más población, pero esto no significa necesariamente mayor prosperidad individual. Si la renta per cápita no crece o lo hace muy poco, el resultado es una sociedad mayor, pero no más rica.
Además, el sistema de pensiones no se refuerza automáticamente con la llegada de nuevos residentes. En las condiciones actuales, una parte significativa de los nuevos contribuyentes cotizará menos de lo que acabará percibiendo a lo largo de su vida, incrementando la presión sobre el sistema en el futuro.
Pero el problema no termina ahí.
En primer lugar, estamos importando pobreza y exportando capital humano.
España ha registrado una ganancia demográfica acumulada por migración exterior de unos 3,4 millones de personas entre 2016 y 2024. De estas, aproximadamente 1,5 millones se encuentran en situación de riesgo de pobreza según la tasa AROPE. Esto implica un aumento directo de la demanda de prestaciones sociales y un impacto indirecto sobre múltiples servicios públicos.
Al mismo tiempo, durante este mismo período, cerca de un millón de personas han emigrado de España. La mayoría eran jóvenes adultos españoles, a menudo con niveles elevados de calificación, que se han ido hacia países como Alemania, Reino Unido, Francia o Estados Unidos. Es decir, exportamos capital humano cualificado mientras importamos sobre todo población con niveles de renta y calificación inferiores.
La relación es económicamente desfavorable: aproximadamente un millón y medio de personas en situación de pobreza han llegado, mientras cientos de miles de trabajadores potencialmente cualificados se han ido.
En segundo lugar, el volumen de inmigración supera ampliamente las necesidades demográficas reales.
Desde 2016, el déficit vegetativo acumulado —la diferencia entre nacimientos y defunciones— ha sido de unos 870.000 habitantes. Sin embargo, la inmigración neta ha superado los 3,4 millones de personas.
Esta diferencia no responde exclusivamente a una necesidad demográfica ni laboral. Una parte significativa de este excedente alimenta a sectores económicos de baja productividad, que crecen gracias a la disponibilidad de mano de obra abundante y barata en lugar de invertir en tecnología, capital y mejoras de productividad.
Este modelo genera un círculo vicioso: en lugar de impulsar una economía más eficiente y con mayor valor añadido, consolida actividades con bajos salarios y baja productividad. Es una solución aparente que, a largo plazo, reduce el potencial de prosperidad.
La prosperidad real no depende de tener más población, sino de tener mayor productividad, más capital humano y más eficiencia económica.
Y en este sentido, la tendencia actual plantea interrogantes profundos sobre el modelo económico y social que estamos construyendo.
Aproximadamente un millón y medio de personas en situación de pobreza han llegado, mientras cientos de miles de trabajadores potencialmente cualificados se han ido. Compartir en X
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