El Tribunal Constitucional ha anulado la condena de la audiencia de Sevilla, confirmada por el Tribunal Supremo, a Magdalena Álvarez, consejera de la Junta de Andalucía, por la corrupción en los casos de los ERE. De hecho, esta anulación equivale, a efectos prácticos, a una especie, no tanto de indulto, como de amnistía, porque la condena no se ha producido al ser anulada. Esta sentencia es una bomba que hace estallar el estado de derecho, que ya había experimentado, bajo el mandato de Sánchez, numerosas y profundas grietas.
Grietas en la división de poderes
Estas grietas afectan a todos los ámbitos de la división de poderes, que es toda la base del estado de derecho.
Afectan al Congreso de los Diputados, totalmente domesticado. Un proceso que ya empezó en el anterior mandato, fue llevado a máximos con la actual presidenta, Francina Armengol, que funciona como un simple apéndice de la Moncloa. Al mismo tiempo, se registran prácticas abusivas y fraudulentas en el ámbito legislativo, cuya finalidad es restringir el debate parlamentario para reducirlo a la mínima expresión, de modo que la aprobación de leyes se convierta en un trámite burocrático lo más breve posible .
Para ello, se ha abusado como nunca de los decretos ley, de declarar urgentes leyes que no lo son, y de transformar proyectos en propuestas de ley para acortar la tramitación y evitar los informes preceptivos de instancias ajenas al gobierno, como el Consejo de Estado. Este fraude al procedimiento parlamentario, garantía de la democracia liberal, ha culminado con la arbitraria decisión de no presentar presupuestos en 2024, algo que vulnera la obligación del gobierno y que le obligaría a dimitir.
Fiscalía General del Estado
Ha destruido la Fiscalía General del Estado, que siempre ha sufrido de cierta dependencia política en razón de que es el gobierno quien nombra al fiscal general, pero nunca se había llegado al extremo actual. Esto empezó con el nombramiento de la exministra Dolores Delgado y ha continuado hasta el paroxismo al situar a su hombre de confianza, Álvaro García Ortiz, de sustituto, pese a no disponer de un currículum profesional mínimo que le acreditara para esta importante responsabilidad . Actualmente, la fiscalía vive un doble enfrentamiento: con el Tribunal Supremo, e internamente, entre los propios fiscales, en un escenario nunca visto desde la recuperación de la democracia.
Polémica de la amnistía
En esta dinámica se produce la polémica de la amnistía que Sánchez había negado hasta las últimas elecciones y que, de repente, consideró necesaria cuando dependió de los votos de los independentistas catalanes para continuar en el gobierno. Más allá de la constitucionalidad de la norma y para objetivar el debate, cabe señalar que, tal y como se ha tramitado y con su contenido, no cumple con las exigencias que estableció la Comisión de Venecia, sobre todo en cuanto a criterios de igualdad ante la ley y de independencia del poder judicial, y que se acordara por mayoría calificada mejor que por mayoría absoluta. También por otro criterio: que sea el poder judicial quien decida si una persona cumple con los criterios para ser amnistiada.
Escándalos y falta de explicaciones
Ahora, estas y otras muchas grietas, como la situación del CIS y el escándalo de la gestión de Tezanos, o el otro escándalo de Begoña Gómez , que, pese a ser sujeto de la atención judicial de un juzgado de Madrid, audiencia de Madrid y de la justicia europea, no ha merecido la menor explicación por parte del presidente ni de la afectada, se añaden a esta bomba que acaba de estallar sobre la condena de Magdalena Álvarez por la corrupción de los ERE.
Algo que comporta que, detrás de ella, también queden sin responsabilidades penales los dos últimos presidentes andaluces de la Junta, José Antonio Griñán y Manuel Chaves. Resultaría que el caso más grave de corrupción de toda la democracia española, que malversó unos 80 millones de euros, quedara prácticamente sin responsabilidad por parte de las principales figuras del gobierno, pese a ser práctica continuada y reiterada durante años.
La sentencia significa generar graves rupturas en el Estado de derecho.
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