El programa de gobierno de Sánchez -que deberán desplegar cuatro vicepresidencias y veintidós ministerios, con todas las dificultades de coordinación que la proliferación de responsables implica- tiene como principal dificultad la falta de fundamento económico de sus propósitos.
Se inicia por tanto una etapa que vendrá marcada por tres características:
- La debilidad parlamentaria, que pasará la primera prueba de fuego con la aprobación del presupuesto,
- la coordinación de la acción de gobierno, y
- la dificultad para llevar a cabo todo lo que se ha comprometido y que comporta gasto.
Este último punto puede hacer que el gobierno Sánchez se convierta en un conjunto de gestos de cara a la galería por la dificultad económica de llevar a cabo lo pactado.
Del conjunto de informaciones que han aparecido en los medios especializados, queda bastante claro por donde se rompe la costura presupuestaria del nuevo gobierno. El incremento de las pensiones representará un gasto adicional de 1.400 millones de euros, al que habrá que añadir el déficit estructural que se producirá este año. La subida de sueldo de los funcionarios representa entre 3.000 y 3.300 millones de euros adicionales, lo que suma sólo con estos conceptos una cifra cercana a los 5.000 millones de euros, que es la magnitud prevista que puedan aportar los nuevos aumentos impositivos: IRPF, grandes empresas, diésel, tasa Google y gravamen a las transacciones financieras. Hay que decir también que esta es una hipótesis máxima, porque si bien el gasto apuntado tendrá efectos desde el 1 de enero, los nuevos ingresos fiscales comenzarán a realizarse bien entrado el año.
Hay un segundo paquete de medidas, como es la de aumentar a lo largo de cuatro años el presupuesto de educación del 4% al 5%, y esto puede representar unos 2.300 millones de euros cada año; pasar la Sanidad del 5,3% al 7%, otros 3.000 millones anuales como mínimo; la renta mínima de inserción, 3.000 millones; dependencia; vivienda; el coste de suprimir el copago; el permiso de maternidad y el aumento de inversión en I + D. Todo este paquete puede significar unos 12.000 millones de euros adicionales.
Un tercer epígrafe es la necesidad de reducir los costes en 8.000 millones de euros, tal como pidió la Comisión Europea en relación con el proyecto del presupuesto anterior no aprobado. En total unos 20.000 millones de euros, que pueden ser un poco menos en función de cuándo se implementen las medidas y de la negociación con Bruselas. En lo que respecta a los ingresos no contabilizados, se podrían obtener unos 1.000 millones de euros para la Seguridad Social generados por el salario mínimo interprofesional, 800 millones de euros de la mejora de la lucha contra el fraude fiscal (a pesar de que hay opiniones técnicas que consideran que esta cifra no debería formar parte del presupuesto) y 2.000 millones de euros por ahorro en los tipos de interés. Todo ello, evidentemente, da una cifra muy inferior y que hemos situado en 20.000 millones de euros.
La balanza se podrá ajustar más o menos a consecuencia de los ingresos procedentes del incremento del PIB, dado que éste siempre crece excepto en los períodos de recesión. Podrían ser unos 12.000 millones de euros que ajustarían más el resultado, a pesar de que el déficit del programa seguiría siendo evidente y se añadiría al estructural que sufre el presupuesto español. Por lo tanto, el desarrollo de la actividad económica a lo largo del 2020 será crucial para que el agujero sea grande o se convierta en insoportable.
Pero es que además existe el compromiso de llevar a cabo un nuevo sistema de financiación, algo lógico si se considera que ya se debería haber producido el año 2014. Cambiarlo significa, al margen del debate político, que el gobierno del estado ponga más dinero sobre la mesa, y no está nada claro de dónde puede salir. Posiblemente esta historia acabe con un nuevo retraso, que sería desastroso para las finanzas autonómicas.
Y todavía queda un nuevo factor a resolver: la quita de la deuda económica que es impagable en gran parte y que significa casi 200.000 millones de euros. Aquí destaca Cataluña, que es con diferencia la comunidad con un mayor endeudamiento, porque ella sola representa 70.000 millones de euros.
A todas estas dificultades para cuadrar los números habría que añadir dos omisiones de significación en el programa de Sánchez. Una, la más grande económicamente, porque España seguirá siendo, a pesar de su crisis de natalidad, uno de los pocos países de Europa que no tiene una política de familia digna de este nombre. La otra es que la puesta en marcha de la ley sobre la eutanasia no vendrá acompañada del correspondiente aumento de los cuidados paliativos que pueda significar para los ciudadanos una posibilidad real de optar.
