Los anuncios de iniciativas por parte del gobierno español que aumentan el conflicto político y tensan la sociedad se multiplican. Ahora se produce una de gran alcance, porque de aprobarse significaría de una manera clamorosa la sucursalización de la política.
Se trata de legislar que sólo con mayoría absoluta se puedan elegir los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Con esta medida, el poder judicial, que en teoría es independiente del político, quedaría en manos de la mayoría gubernamental de cada periodo, rompiendo así un equilibrio, quizás no totalmente satisfactorio, pero equilibrio, de llamarlo para la mayoría de las 3 / 5 partes, lo que obliga a consensos amplios.
La Constitución establece que 8 de sus miembros tienen que ser elegidos necesariamente por las 3/5 partes, pero no dice nada de la docena restante. Y es sobre este espesor que ahora Sánchez quiere legislar. Pero no es tan fácil, porque el Tribunal Constitucional en 1986 cuando lo presidía el magistrado Francisco Tomás y Valiente, determinó que el Consejo no podía quedar subordinado a los otros poderes del estado y que por lo tanto la mayoría cualificada de las 3/5 partes era en este sentido necesaria. Esta sentencia hace difícil que pueda prosperar la iniciativa de Sánchez.
Por otra parte hay que recordar la continuada polémica de la Unión Europea con Polonia porque el gobierno legisla en términos que la Comisión considera que dan independencia a los jueces. Pues bien, por otra vía, el gobierno español que ya no tiene una buena calificación desde este punto de vista en el contexto europeo, estaría actuando de forma similar al polaco, comportándose como una democracia iliberal.
Por si fuera poco, también ayer la Mesa del Congreso descongeló la tramitación de la ley de la eutanasia pocos días después que el Comité de Bioética de España adoptara por unanimidad el acuerdo de rechazar el actual proyecto, que hacía meses que estaba aparcado. Por su parte, la ministra Irene Montero ha anunciado una modificación de la ley del aborto que entre otros cambios introduciría la muy polémica decisión de prescindir de la conformidad de los padres cuando es una menor la que quiere abortar. También reiteró sus ataques a la monarquía en una rueda de prensa oficial. Días antes el gobierno había lanzado el globo sonda de aumentar el IVA hasta un 21% para la escuela privada y concertada, así como para la sanidad privada. Un hecho que castigaría especialmente a la población catalana, que es donde este sector tiene más grosor. Antes se produjeron las iniciativas de una ley de memoria histórica en términos muy beligerantes, y otra ley de enseñanza que prescinde completamente del consenso.
Parece como si el gobierno quisiera calentar los ánimos políticos y que buscara en esta confrontación una forma de distraer la atención sobre los dos focos determinados de nuestro presente y futuro, la Covid-19 y la situación económica, en los que está fracasando de una manera escandalosa.
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