En sede parlamentaria el presidente Sánchez anunció que el 16 de julio se haría un acto conmemorativo de las personas muertas por la pandemia. Y añadió sin rubor la cifra famosa de los 27.000. La misma que hace más de 15 días que está congelada por el doctor Simón y que no incorpora ninguna de las muertes que le son comunicadas por las CCAA.
Este es un caso escandaloso que provoca la desconfianza de la población en el gobierno, y un hecho muy grave para un país turístico. Es visto con incredulidad por la opinión internacional. No hay ningún otro país en el mundo que no actualice los datos de forma diaria o casi diaria.
Que el presidente haya dado por supuesto que son 27.000 y lo haya hecho en sede parlamentaria es particularmente grave, porque él sabe perfectamente que son muchas más. La falta de explicación clara la evidencia en este caso la respuesta de la ministra portavoz del gobierno a la pregunta de un periodista de Televisión Española y otro de la cadena internacional CNN, que se interesaban por el número de muertes. La respuesta de María Jesús Montero fue extensísima. La versión escrita tiene más de 700 palabras, lo que equivale a unos 2.400 caracteres, la extensión de un artículo largo en La Vanguardia. Pues bien, toda esta extensa respuesta, cuando se lee, se contempla que es un conjunto mal atado de palabras vacías y en algunos casos despropósitos, cuando no sencillamente falsedades, como cuando insiste dos veces en que España sigue estrictamente las instrucciones de la OMS para contabilizar los muertos, cuando no es así. Porque aquí sólo se consideran difuntos por el Covid-19 aquellos que han sido sometidos a un diagnóstico por PCR, mientras que la OMS señala específicamente que también se incorporarán los sospechosos, aunque no se haya podido llevar a cabo el análisis.
Por otra parte, es evidente que tres fuentes diferentes y solventes, el INE, el Sistema MoMo y la Organización de Empresas Funerarias, dan cifras coincidentes de muertos por encima de los 40.000. Naturalmente no todos son causa del Covid-19, pero sí lo son la gran mayoría, y entre 27.000 y más de 40.000 hay un mundo de diferencia. Sólo que se incorporaran las muertes en las residencias no contabilizadas, la cifra ya se situaría en ese orden de magnitud.
El gobierno actúa de esta manera por dos razones fundamentales que mueven a escándalos, porque es jugar con los muertos. La primera, evitar a toda costa llegar a la cifra simbólica de 30.000. La segunda, impedir que España sea el primer país del mundo -ahora, a pesar de todos los maquillajes, ya es el tercero- en muertes en relación con su población.
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