En los últimos años, el Gobierno de España ha impulsado un conjunto amplio de medidas contra la violencia de género y la violencia sexual. Estas políticas, enmarcadas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y la Estrategia Estatal contra las violencias machistas 2022–2025, han sido presentadas como un compromiso integral y transversal para combatir distintas formas de violencia: la violencia vicaria, económica, digital e institucional, entre otras.
Entre las actuaciones adoptadas se incluyen campañas de sensibilización, formación a profesionales, refuerzo de los servicios de atención a las víctimas, mejora de la coordinación institucional y asignación presupuestaria específica para programas de protección. Se han creado juzgados especializados y mecanismos como el sistema VioGen. El esfuerzo presupuestario ha sido notable: en 2025, se asignaron más de 160 millones de euros para el desarrollo del nuevo Pacto de Estado.
Además, destaca el consenso político alcanzado: tanto el Pacto original de 2017 como su renovación en 2025 fueron aprobados con un respaldo parlamentario casi unánime. En un clima político profundamente polarizado, este acuerdo representa una rara muestra de unidad institucional.
Y, sin embargo, en medio de este despliegue institucional, hay una ausencia clamorosa: la falta de una política pública específica, coherente y efectiva frente al abuso sexual infantil, particularmente en el ámbito de las niñas y adolescentes.
Una realidad silenciada
Los datos oficiales del Ministerio del Interior sobre delitos contra la libertad e indemnidad sexual no permiten equívocos. Entre el 42% y el 49% de los abusos sexuales denunciados en España cada año tienen como víctimas a menores de edad. Este grupo, que representa menos del 20% de la población, soporta casi la mitad de este tipo de delitos. La prevalencia, medida en relación con su peso poblacional, duplica con creces la registrada entre personas adultas.
Las cifras son inequívocas: en 2013 se registraron 3.364 víctimas menores de abuso sexual. En 2023, el número asciende a 9.185. Un incremento de casi el triple en apenas una década. En términos comparables, esto constituye uno de los mayores escándalos sociales y de derechos humanos contemporáneos en España.
Este fenómeno no solo crece, sino que se concentra: más de la mitad de los abusos sexuales a menores afectan a chicas de entre 14 y 17 años. Un grupo demográfico muy reducido y, sin embargo, desproporcionadamente expuesto a la violencia sexual.
Un olvido institucional inaceptable
Frente a estas cifras, resulta incomprensible —y moralmente inaceptable— que ni el Gobierno ni las principales organizaciones feministas hayan desarrollado estrategias específicas dirigidas a proteger a este colectivo. La autodefinición del Ejecutivo como “feminista” debería conllevar un compromiso activo con la protección de las adolescentes, precisamente por tratarse de mujeres en una situación de extrema vulnerabilidad.
El Ministerio del Interior y el de Justicia conocen perfectamente esta realidad. No pueden alegar ignorancia. Y, sin embargo, no han promovido ninguna iniciativa estructural para enfrentarla. Las organizaciones feministas, que han demostrado una notable capacidad de movilización frente a otras formas de violencia, han mantenido un silencio prolongado ante la violencia sexual que sufren niñas y adolescentes.
La responsabilidad del Estado es aún más grave si se considera que una parte sustancial de estos abusos se cometen en ámbitos bajo su directa tutela: centros de menores, entornos educativos y estructuras deportivas federadas.
Una exigencia moral y política
Ante esta omisión, lo único razonable y exigible es una respuesta urgente, completa y exigente. La sociedad española no puede tolerar que las menores de edad —especialmente las adolescentes— permanezcan invisibles en las políticas públicas contra la violencia sexual. Tampoco puede permitirse que el feminismo institucional ignore esta dimensión crítica del problema.
La justicia, la razón y el sentido más elemental de humanidad obligan al Gobierno a asumir sus responsabilidades. Se impone no solo el reconocimiento de este fracaso, sino la adopción de medidas concretas, evaluables y sostenidas para proteger a las víctimas más vulnerables de todas.
Para quienes deseen conocer un análisis exhaustivo y documentado sobre esta situación, con todas las fuentes estadísticas y normativas disponibles, existe una obra de referencia que aborda con rigor este vacío institucional. La realidad está documentada. Lo que falta es voluntad política.
https://almuzaralibros.com/fichalibro.php?libro=9176&edi=7
Las organizaciones feministas, que han demostrado una notable capacidad de movilización frente a otras formas de violencia, han mantenido un silencio prolongado ante la violencia sexual que sufren niñas y adolescentes Compartir en X
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