Por si fuera poco, una ley, que se quiere vistosa y triunfante, la de la Agencia de la Naturaleza de Cataluña, cada vez más va por mal camino. Primero, porque de una manera creciente el mundo rural está en contra de ella. Tiene lógica, es una ley concebida desde el ecologismo de moqueta que ve el monte como una especie de Turó Parc, olvidando que de él vive una parte importante de la población rural de nuestro país de manera directa o indirecta.
Este levantamiento del territorio ha calado en ERC, que ha pasado de ser uno de los partidos impulsores a presentar serias reservas que cuestionan el redactado actual de la ley. Pero como todo lo que está mal puede empeorar, el sector del mundo rural del PDeCAT también ha empezado a manifestar sus criterios contrarios. No es una reacción menor, si se considera que una parte sustancial de la fuerza de esta organización radica en los alcaldes de los pequeños pueblos de Cataluña. El choque más importante, porque el impulsor de la ley es el consejero de territorio Damià Calvet, también de JxCat.
Y del mundo rural a las dos piezas clave del país, la sanidad y la enseñanza. Ahora se ha hecho público que la semana pasada se hicieron test de PCR a sólo el 21% de los casos sospechosos de Covid-19 en el área metropolitana de Barcelona, según un informe del Ministerio de Sanidad. Por citar una referencia, la cifra en Madrid del 11 al 15 de mayo se situaba en más del doble, el 44%. Esta baja capacidad de confirmar los sospechosos constituye un grave problema que se multiplica en la medida en que se van disminuyendo las restricciones que afectan a las relaciones sociales. Es un peligro notable que el 80% de sospechosos, porque presentan síntomas, no sean sometidos a un análisis que lo confirme a partir del cual se pueda vigilar la red de contactos que hayan podido tener.
Si a este hecho se le añaden los casos asintomáticos, por lo menos 1 de cada 5 de los detectados, tenemos aquí una caja negra en el área metropolitana que es jugar con fuego. El único factor positivo es que cada vez hay más voces científicas que dicen que el SARS-CoV-2 está mutando hacia formas cada vez menos agresivas y que, por lo tanto, el impacto de la enfermedad tendería a reducirse por sí misma. Pero eso a estas alturas no pasa de ser una hipótesis.
El otro problema de la sanidad catalana afecta al resto de las patologías. La pandemia detuvo todo lo que son pruebas diagnósticas y visitas a especialistas. Y ahora deben reprogramarse. El propio gobierno considera que hay 70.000 operaciones que necesitan ser reprogramadas, y el resultado es una prolongación de las listas de espera. En definitiva, hacerse una colonoscopia por la sanidad pública conlleva unos 5 meses de espera, y para la visita al urólogo 213 días, operarse de cataratas 131 días, y así sucesivamente. O el gobierno de la Generalitat inyecta rápidamente recursos, o las colas irán creciendo sencillamente por el efecto acumulativo.
Y el último desastre afecta a la escuela. A estas alturas no está nada claro, depende de cada escuela, de cada pueblo, cuándo se abrirán los centros y cómo será esta apertura según las edades de los alumnos. Un tema tan fundamental como éste está absolutamente en el aire por falta de capacidad o voluntad política del departamento de Enseñanza de fijar la obligatoriedad y su concreción de las clases de acuerdo con los correspondientes ciclos educativos.
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