El debate político sobre la fiscalidad como siempre se conduce en términos ultrasimplificados y de agravios comparativos, cuando para la salud política del país sería bueno que introdujera los matices que la realidad impone.
El gobierno afirma y reitera que la presión fiscal española es menor que la europea. Concretamente, y en relación al porcentaje que se recauda en proporción al PIB, España se sitúa en el 36,8% y la UE en el 40,2%. Desde ese punto de vista el gobierno tiene razón. Pero, atención, porque esta razón tiene muchos aspectos que matizar.
El primero de ellos es que el IRPF, el impuesto principal, y el impuesto de Sociedades tienen, como tipo marginal máximo en el primer caso y tipo nominal en los de las empresas, unos niveles muy superiores a los de Europa. El máximo de IRPF en España se sitúa en el 49,1% y la media de la UE es sólo del 39%, 10 puntos menos, es mucho. Por lo que se refiere al de Sociedades el tipo nominal español es del 25% y la media de la UE es del 21,3%. Por tanto, si se recauda menos no es porque la fiscalidad legislada en España sea baja, sino porque el propio gobierno del estado es incapaz de recaudar lo que tocaría, por un lado, y por otro, caso del impuesto de Sociedades, porque ha ido legislando tantas excepciones que ha agujereado todo el sistema.
El primer paso racional a dar sería mejorar radicalmente la eficiencia recaudatoria y suprimir el gran número de excepciones que se aplican en el impuesto de Sociedades.
En el tercer impuesto, y segundo en importancia, el IVA , aquí sí que existe una diferencia en contra de los ingresos españoles, pero es pequeña en España. El tipo general de IVA se encuentra en el 21% y la media europea es del 21,5%. Esta diferencia no explica, por tanto, la menor capacidad recaudatoria de España. Esto se ve con las cifras de recaudación en relación al PIB.
En Europa, de media se recauda el 9,9% por la vía del IRPF y en España el 8,8%. En el impuesto de Sociedades las diferencias son de 2,45% en Europa y 2% en España, mientras que con el IVA la recaudación europea es superior, 6,9% respecto al 6,3% español. Podemos ver, por tanto, que en relación con el PIB España recauda 1,5 puntos menos que Europa por la vía del IRPF y Sociedades, y 0,6 puntos por la parte del IVA. Es evidente dónde están las carencias más importantes y cómo deben resolverse.
Un segundo factor es que, por otra parte, la recaudación, es decir, la presión fiscal en relación con el PIB, está subiendo de forma ininterrumpida desde 2009, pasando del 29,7% al 36,8% acercándonos mucho ya a los niveles europeos. Venimos, pues, de un período de creciente presión fiscal incluso de acuerdo con los criterios del gobierno.
Existe otra forma importante de ver la fiscalidad y es la denominada cuña fiscal que es el añadido del IRPF y lo que se paga a la Seguridad Social. Pues bien, todos los que trabajan en España, desde los niveles más altos a los más bajos, es decir que tienen un salario, destinan de media 4 de cada 10 euros a pagar esa cuña fiscal. Esto significa que trabajan gratis cada año hasta finales de mayo. Si a este hecho se le añade lo que pagamos por IVA, otros impuestos indirectos y los impuestos municipales está claro que cada ciudadano de ese país de media trabaja entre seis meses y medio y siete al año para pagar sus impuestos. Esto no es poco. Al contrario. La cuña fiscal está por encima de la media de los trabajadores de la OCDE.
Por otra parte, la inflación empeoró la situación que ya venía de un escenario malo, porque en 2020 el salario medio de los trabajadores era de 27.292 euros brutos al año, se redujo a 26.934. Salarios bajistas se han encontrado con precios al alza. La cesta de la compra se ha incrementado en un año un 15%. Por último, cabe considerar que el efecto de la inflación es perverso en otros capítulos.
En un reciente artículo en La Vanguardia, Jordi Gual, profesor de IESE y anterior director de CaixaBank, señalaba que la inflación “no sólo afecta al poder adquisitivo sino también al valor real del patrimonio, que ha descendido un 20%”. Este hecho debe relacionarse con el impuesto sobre el patrimonio que no considera al efecto la laminación que la inflación tiene sobre los bienes. Y esto es especialmente importante en Cataluña porque es donde se concentra en mayor medida la recaudación por este concepto. En 2020 se ingresaron 546,6 millones de euros. Las cifras de las restantes comunidades están a años luz: Comunidad Valenciana 156,4 millones, Andalucía 93,3 pero ahora la han reducido a cero como en Madrid. Baleares, el siguiente de la lista, 68,1 y Galicia y 66,6 que también lo ha reducido en este caso a la mitad. Sumado y restado, con las cifras de 2020 y contando las reducciones o la eliminación del impuesto que se ha producido en España, lo que recauda Cataluña equivale a grosso modo a todo el resto de España. Es una brutalidad.
Y si se trata del impuesto sobre la riqueza, cabe decir que el nivel español está también por encima de la zona euro de acuerdo con los datos de la Agencia Tributaria y Eurostat. Los impuestos de todo tipo sobre la riqueza tienen una media del 2,42 en la zona euro, mientras que en España se sitúa en el 2,68, claramente por encima de Dinamarca (2,64), Suecia (1,05) o Finlandia (1,64), para situar como segundos a los países nórdicos. Sólo nos superan Francia, Bélgica y Grecia. Por tanto, la riqueza en nuestro país en términos europeos ya tiene una presión fiscal sustancial.
Son todos estos factores los que deben considerarse también cuando se debate sobre la fiscalidad.