Ahí es nada. Menudo escándalo. Si resulta ser cierto lo que se está conociendo, podríamos estar ante una revelación explosiva: que el Ministerio de Hacienda, durante el mandato de Cristóbal Montoro, elaboraba leyes a demanda y ofrecía tratos de favor a determinadas empresas… a cambio de dinero.
El caso según el sumario
El exministro de Hacienda Cristóbal Montoro está formalmente imputado junto a otros altos cargos y empresarios por una presunta red de corrupción durante los gobiernos del Partido Popular, principalmente entre 2011 y 2018. El caso gira en torno al despacho Equipo Económico (antes Montoro y Asociados), fundado por el propio Montoro antes de regresar al ministerio. El núcleo de la investigación es el presunto uso de influencias políticas para aprobar reformas legales a medida de empresas gasistas, a cambio de comisiones millonarias canalizadas a través del despacho.
Empresas del sector gasístico pagaban al despacho, cuyos socios y exsocios ocupaban altos cargos en el Ministerio de Hacienda, por “informes” o “asesorías” que, en la práctica, servían para canalizar sobornos. A cambio, se modificaban leyes o regulaciones fiscales en beneficio directo de sus clientes.
Los delitos imputados incluyen cohecho, fraude contra la administración, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.
Se han investigado 28 personas físicas, incluyendo a Montoro y a varios secretarios y subsecretarios clave de Hacienda. También hay seis empresas jurídicamente imputadas, entre ellas reconocidas compañías gasistas como Air Liquide, Abelló, Messer, Praxair/Nippon Gases y Carburos Metálicos.
Los mecanismos de la trama
Según la investigación, documentos, correos internos y testimonios señalan que las empresas encargaban reformas o rebajas fiscales al despacho a cambio de pagos. Un ejemplo: la reducción del 85 % en el impuesto especial sobre la electricidad.
Entre 2011 y 2019, los pagos al despacho superaron los 780.000 euros en encargos directos. Se habría utilizado una red de empresas pantalla, y parte de los fondos se desvió a paraísos fiscales o a cuentas de empresas sin empleados ni actividad en hasta 12 países, dificultando así la trazabilidad del dinero y ocultando el destino final de las comisiones.
La Guardia Civil y los Mossos han incorporado a la causa decenas de documentos y correos electrónicos que permiten reconstruir el vínculo directo entre las demandas empresariales, el pago de comisiones y la expedición de reformas “a medida” desde Hacienda.
La causa estuvo bajo secreto hasta julio de 2025. Ahora han sido citados los principales implicados y se ha solicitado la creación de una comisión parlamentaria de investigación.
¿Corrupción o lobby legítimo?
El “caso Montoro” implica una supuesta red de tráfico de influencias y corrupción orquestada desde el Ministerio de Hacienda y un despacho privado fundado por el propio exministro, en beneficio de empresas energéticas a cambio de pagos millonarios. De confirmarse, sería un escándalo de proporciones similares al caso de los ERE en Andalucía, con el añadido del escándalo de la absolución posterior por parte del Tribunal Constitucional del núcleo dirigente de los condenados, incluidos dos expresidentes de la Junta.
Sin embargo, una cosa es el relato periodístico y otra, la realidad judicial. Será difícil demostrar que Montoro es culpable si no se prueba de forma clara que él —o parte de su equipo— recibió ingresos a cambio de favores.
Lo que está en juego aquí es trazar la fina línea que separa el lobby legítimo de la corrupción.
Lo que está en juego aquí es trazar la fina línea que separa el lobby legítimo de la corrupción. Que las empresas contacten con despachos especializados en gestión legislativa no es ilegal. Que esos despachos preparen informes y propuestas que trasladan a la administración es una práctica habitual. Que tengan acceso fluido a altos cargos del ministerio forma parte del valor que ofrecen. En Bruselas, sin ir más lejos, hay decenas de despachos que trabajan exclusivamente en este terreno: desayunan, comen y cenan con funcionarios para convencerlos de adoptar determinadas políticas.
Todo esto, en principio, es parte del juego democrático, y hasta cierto punto puede ser útil. El problema comienza cuando la administración asume propuestas no por su valor, sino a cambio de favores o dinero. O cuando se incurre en lo que la legislación española define como negociación prohibida.
Este delito, recogido en el artículo 439 del Código Penal, consiste en que una autoridad o funcionario, aprovechando su cargo, participa directa o indirectamente en actividades o contratos en los que debe intervenir, vulnerando su deber de imparcialidad, aunque no haya lucro personal.
En el fondo de esta causa hay una pregunta clave: ¿hubo contrapartidas económicas ilegítimas?
Que haya mensajes o reuniones no es delito. Que Montoro fundara el despacho tampoco, salvo que se demuestre que nunca dejó realmente de controlarlo. Que se llevara a parte de su equipo a Hacienda es normal en política. Que el despacho cobrara tarifas más altas que otros tampoco demuestra nada: como en cualquier profesión, los honorarios dependen del prestigio y de los resultados que se esperan.
La acusación deberá probar que todo ese lobby fue, en realidad, corrupción.
La acusación deberá probar que todo ese lobby fue, en realidad, corrupción. Y no lo tendrá fácil: las dos grandes rebajas fiscales objeto de investigación siguen vigentes. No han sido derogadas. Y una de ellas fue incluso defendida por Pedro Sánchez en 2013.
¿Estamos ante un delito o ante una eficaz tarea de lobby? A la justicia le tocará decidirlo. Pero conviene recordar que, en este país, no todo lo que huele mal es delito… y no todo delito deja rastro.
¿Dónde acaba el lobby y empieza la corrupción? El sumario contra Montoro reabre el debate. #Lobby #CorrupciónPolítica #EquipoEconómico Compartir en X
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