La celebración el fin de semana pasado del Día del Orgullo LGBTI, antes Día del Orgullo Gay, ha revelado un conflicto jurídico con la sentencia del Tribunal Constitucional que prohíbe que en los edificios públicos ondeen banderas que no sean oficiales. Uno de estos conflictos ha estallado en el ayuntamiento de Cádiz, porque una resolución judicial de una juez ha ordenado al alcalde de la ciudad, José María González Kichi, que retire la bandera del movimiento LGBTI. Lo ha ordenado el juzgado contencioso administrativo número 1 de Cádiz como medida cautelar, y el alcalde puede ser acusado de prevaricación. No es ni mucho menos el único caso, sin ir más lejos en el edificio de la Diputación de Barcelona, la institución gobernada por JxCat y PSC, también ha ondeado la bandera. En el caso de la ciudad, la alcaldesa Ada Colau fue por la vía de «hecha la ley, hecha la trampa» y colgó la bandera en forma de gran pancarta.
¿Banderas independentistas no y LGBTI sí?
Detrás de esta polémica de símbolos se esconde un conflicto sobre los derechos constitucionales y la autoridad del Tribunal Constitucional. Si no pueden ondear banderas ni exhibirse pancartas con la bandera independentista en los edificios públicos, ¿por qué hay que aceptar que otra opción, otra visión ideológica sí tenga derecho a colgar la suya, como es el caso de las organizaciones LGBTI? No se puede pretender que símbolos de parte representen a toda la ciudadanía, y que además la negación de esta práctica sea calificada de homófoba o de cualquier otra fobia. Nadie está obligado a compartir los puntos de vista, por otra parte muy particulares, del movimiento LGBTI, y la celebración de su fiesta no tiene por qué ser acogida como un hecho oficial por las municipalidades ni las Comunidades Autónomas.
Pero es que el problema es más complejo y conflictivo. La ley catalana que regula los privilegios del movimiento LGBTI, empezando por la inversión de la carga de la prueba, es decir, que el denunciado debe demostrar su inocencia en lugar de como es habitual tener que demostrar su culpabilidad, da pie a un proceso de reclamaciones recientes. Concretamente, y con motivo del Día del Orgullo, Eugeni Rodríguez, presidente del Observatorio contra la homofobia, reclamaba que se castigara a la Iglesia católica por ser contraria a su ideología. El peso de esta se ha hecho tan grande en nuestra sociedad que ya se acepta que puedan pedir medidas judiciales o administrativas contra aquellos que difieren de sus ideas. Es como si el PP pidiera que se denunciara a todos aquellos que lo descalifican, por poner un ejemplo.
Pero en su sino hay un amplio nivel de conflictividad. Por ejemplo, la CUP y La Crida LGBTI han manifestado su rechazo al Pride Barcelona, que es la fiesta que se lleva a cabo con motivo del Día del Orgullo y que consiste en un desfile de carrozas, en el caso de Barcelona por el Paralelo. También han pedido a la alcaldesa y al presidente de la Generalitat que no asistan. La razón es que consideran que esta celebración es una «operación de lavado rosa» de la imagen de empresas como Airbnb, B The Travel Brand y Merlin Properties, que enmascaran sus comportamientos éticos dudosos a través de apoyar las celebraciones LGBTI. Es un hecho, no sólo a escala local, que grandes grupos del mundo de la tecnología, la comunicación y las finanzas desarrollan campañas de imagen a base de apoyar al movimiento político LGBTI debido a que este se ha convertido en la principal enseña del progresismo coetáneo.
