La situación crítica del servicio de Cercanías de RENFE en Cataluña ha estallado con fuerza en el Parlament. En medio de cancelaciones diarias, trenes inservibles, estaciones degradadas y una experiencia generalizada de caos para miles de usuarios, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha intentado encabezar una respuesta. Pero su intervención, lejos de calmar los ánimos, ha evidenciado las limitaciones políticas, estructurales y de liderazgo que envuelven esta crisis.
Un mea culpa con letra pequeña
Illa pidió disculpas por el estado lamentable de Cercanías. Reconoció que un 24% de los trenes están fuera de servicio, que la situación es grave y que revertirla «no será fácil». Defendió que el traspaso del servicio a la Generalitat «no tiene marcha atrás» y prometió soluciones.
Pero sus palabras chocan con varias contradicciones. En primer lugar, aunque lleva poco más de medio año al frente del Gobierno, Illa fue ministro con Pedro Sánchez durante los años en los que la situación ya era alarmante y las inversiones previstas no se ejecutaron o se hicieron de forma mínima. Las disculpas no pueden limitarse al presente: deben incluir una autocrítica clara en el papel del PSOE durante años de desidia ferroviaria.
Un traspaso que no lo es
El anuncio del traspaso integral del servicio a la Generalitat, lejos de concretarse, ha terminado en una fórmula decepcionante. Ante la presión sindical y la amenaza de huelgas de maquinistas que no quieren salir del paraguas de RENFE, el modelo pactado no será una empresa catalana con participación estatal, sino una filial de RENFE con participación de la Generalitat. Es decir, justo lo contrario de lo prometido. No es autogestión, es delegación parcial. Y sin herramientas reales, la Generalitat sigue maniatada.
Infraestructura en ruinas, gestión fallida
La degradación no se limita a los trenes. Vías, catenarias y estaciones muestran un abandono que compromete la dignidad y seguridad del transporte público. De los 264 ascensores y escaleras mecánicas de la red, 109 están fuera de servicio. No se trata solo de grandes inversiones pendientes: también fallan la organización diaria, la información al pasajero, la respuesta a las incidencias. RENFE y ADIF no requieren solo dinero, sino también una revisión urgente de su cultura de gestión.
Excusas sin soluciones: la gratuidad como medida inmediata
Ante esta emergencia, las excusas son necesarias pero no suficientes. No basta con prometer mejoras dentro de diez años. Se necesitan soluciones ahora. Una de las propuestas más sensatas planteadas durante el debate parlamentario -por la CUP y los Comunes- es la gratuidad del servicio de Cercanías y Media Distancia hasta que no se produzca una mejora significativa y verificable. Esta medida cumple una doble función: paliar el daño al usuario y presionar a las administraciones para que no sigan aplazando decisiones.
La Generalitat debería hacer suya esta propuesta y exigir al gobierno de Sánchez que asuma su parte de responsabilidad financiando esta gratuidad, al menos mientras el servicio siga incumpliendo flagrantemente su contrato social con la ciudadanía. Porque cuando un servicio público falla de forma sistemática, no es el usuario quien debe pagar sus consecuencias.
Fragmentación política y carencia de autoridad
El debate parlamentario dejó clara la fractura política al respecto. Junts, la CUP y Aliança Catalana pidieron la dimisión de la consejera de Territorio, Sílvia Paneque. ERC propuso auditar el servicio. Los Comunes sugirieron un nuevo coordinador de Cercanías. El PP y Vox dirigieron sus ataques al ministro de Transportes, Óscar Puente. Solo el PSC defendió sin fisuras las acciones del presidente Illa.
Pero el problema de fondo es más grave: Illa, como presidente, representa a un PSC que forma parte del PSOE. No hay independencia política suficiente para exigir al gobierno central lo que Cataluña necesita. Y mientras el PSC actúe más como una delegación territorial de Ferraz que como un gobierno autónomo con voz propia, el servicio de Cercanías seguirá atrapado en una espiral de promesas no ejecutadas.
El colapso de Cercanías RENFE en Cataluña no es solo un problema técnico. Es la expresión de un fracaso político acumulado. La ciudadanía necesita más que disculpas: necesita soluciones inmediatas. Y la primera de ellas debe ser clara: gratuidad del servicio hasta que el sistema vuelva a funcionar con dignidad. Todo lo demás —planes a largo plazo, traspasos a medias y excusas técnicas— son, por ahora, humo en una estación vacía.
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