El gobierno de la independencia de ERC y JxCat debía construir estructuras de estado para hacerla posible y también para marcar la diferencia de lo que es un buen gobierno. El resultado, que va más allá del símbolo, es la pifia montada en la autopista AP-7, columna vertebral del sistema de movilidad por vehículo privado de Catalunya y puerta de entrada de la mayor parte del turismo que a nuestro país llega en coche.
La historia es muy triste y dice muy poco de la capacidad de nuestros gobernantes: constatémoslo.
El fin del peaje era un hecho conocido con antelación desde hacía años. Se sabía que en septiembre de 2021 se podría acceder a las autopistas sin pagar. Era evidente que este levantamiento de barreras comportaría una gran afluencia de vehículos privados y sobre todo de camiones, para quienes el peaje era, como es lógico, un factor de disuasión. Llegó septiembre y no se había previsto nada. Y desde entonces todo ha ido mucho a peor sin que se adoptara ninguna medida por parte del gobierno de la Generalitat, que es el primer responsable.
Nuestro gobierno se excusa detrás del argumento -es lo mismo de siempre- que no hará nada si no le paga el gobierno central. La consecuencia de esta actitud es que la acabamos pagando nosotros, los ciudadanos, que nos utilizan como conejitos de indias y lo pagamos muy caro con tiempo, dinero, heridos y muertes. Y ese último aspecto es el más trágico. Cabe recordar que en el mismo período del año pasado en la AP-7 habían muerto solo 4 personas. Y ahora son 14, multiplica por más de tres el número de accidentes mortales y eso solo sería muy grave. Un buen gobierno lo que hace es adoptar, por un lado, las medidas que tiene a su alcance y en paralelo utilizar su poder político frente al gobierno de Madrid para conseguir las contrapartidas. Más cuando resulta que ERC es un partido imprescindible para la continuidad del gobierno Sánchez. Tanta impotencia es increíble en el ámbito político.
El resultado de todo ello es que la autopista ha quedado prácticamente colapsada. Cada día se suceden los incidentes que dejan parados a los conductores, y cuando no hay accidentes, lo que hay simplemente es saturación porque el número de coches que pasan está muy por encima de su capacidad. El tramo del Penedès hasta Vilafranca registra un tráfico superior en el 55% de su capacidad, y el comprendido entre Sant Celoni y Parets del Vallès, es decir la comarca del Vallès Oriental, este aumento sobre la capacidad se sitúa en el 40 %. Es evidente que en estas condiciones no puede se funcionar. La consecuencia de todo, a más a más, es una factura enorme en combustible, contaminación y tiempo, que encarece la factura de las empresas y de las economías familiares y que se añade como un impuesto invisible a los ya muy gravosos que castigan a Catalunya. Fíjese en esta cruel paradoja, la magnífica AP-7, criticada por sus peajes, pero que ha permitido un buen funcionamiento del país durante décadas, la han convertido en un nuevo impuesto para quienes por ella circulan.
Ante este drama trágico, la capacidad de respuesta de la Generalitat se revela exigua y temerosa. Joan Ignasi Elena, responsable del ámbito de circulación, que puede tener muchas virtudes, pero evidentemente como político no tiene la de afrontar situaciones difíciles y vitales como ésta con decisión, manifestó en la rueda de prensa una posible reducción de la velocidad o que los camiones circulen algunos días en fila india, no resuelven ni de lejos el problema. Todos sabemos que este es un hecho estructural y que necesita soluciones a medio y largo plazo. Tienen que ponerse sobre la mesa y no se ven. Pero es que además se necesitan medidas urgentes que sean verdaderamente eficaces.
La más evidente y la más contundente sería reinstaurar el peaje, pero obviamente nuestros gobiernos, tanto el de aquí como el de Madrid, no se atreverán a esta medida que permitiría no sólo mejorar la calidad de la movilidad, sino disponer de recursos para su mantenimiento, que hoy son inexistentes y que hacen que, combinado con la presión del tráfico, la AP-7 se vaya degradando, y esto también pesará en el futuro a corto plazo sobre la productividad de nuestro país, de nuestras empresas y de la seguridad de la circulación.
Si no se quiere jugar esta carta fuerte y decisiva, a pesar de su impopularidad, pues al menos que pongan sobre la mesa una segunda carta que, a diferencia de la primera, sería recibida con aplausos por todos: sacar los peajes de la autopista del Garraf, que depende de la Generalitat y que, por tanto, no necesita permiso de nadie para llevarlo a cabo. Esta medida permitiría reducir el acceso de vehículos del tramo del Penedès y significaría una clara mejora. No debería ser una supresión de los peajes para siempre, sino hasta que la Generalitat haya adoptado medidas más completas para reducir el problema de la AP-7 a su paso por el Penedès. También sería un factor de estímulo. por la diligencia del propio gobierno de la Generalitat. porque vería mermados sus ingresos y tendría una razón tan tangible para acelerar soluciones, mientras que si la losa sigue sólo sobre nuestros hombros el ritmo de los despachos de la Generalitat para solucionar lo que nos afecta es más bien propio de los trópicos.
Se necesitan, además, otras medidas urgentes como los carriles adicionales, la limitación de circulación de caminos, permitir que circulen en festivo por las otras carreteras y limitar así la autopista, y en definitiva lo que necesitamos es que el gobierno de Cataluña, sobre todo los departamentos de Interior y de Territorio, y el propio presidente, nos pongan delante un modelo de solución que contemple respuestas como las aportadas a corto plazo y las que son necesarias para resolver esta desdichada historia de una manera más definitiva.
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