La decisión de Twitter y Facebook de censurar las cuentas del presidente de EEUU es un hecho que debería causar una alarma generalizada y señalar un antes y un después. En nuestras coordenadas políticas la primera reacción a la liquidación de los principales altavoces de Trump fue de alegría. La insensatez del sectarismo no tiene límites. Mientras cascase a Trump todo estaba bien. Pasados unos pocos días las reacciones de todos los colores se han hecho notar, inicialmente desde otros países, señalando la aberración democrática y del estado de derecho que significa esta medida.
Hay que considerar con atención este hecho. Trump no podía por sí solo, a lo largo de su mandato, impedir que estas grandes tecnológicas funcionaran a su aire. Para ello necesitaba un complejo compromiso político para legislar y decisiones judiciales que escapaban a su autoridad. A la inversa, los dueños de estas tecnológicas han podido decidir con total impunidad liquidar la voz del que era el presidente de EEUU, en teoría el hombre más poderoso del mundo. ¿Quién manda en el mundo realmente? No hay dudas.
Una vez más Merkel ha sido de los primeros y más claros jefes de gobierno en reaccionar, considerando que era absolutamente inadmisible que las tecnológicas pudieran actuar de este modo, considerando que no tenían ningún derecho a proceder sin una decisión judicial previa. En otro ámbito del espectro político el presidente de México, López Obrador , también ha reaccionado de la misma manera, y lo ha hecho también el opositor ruso, Navalny, señalando además el trato diferente que las redes dan a otros dictadores que hay en el mundo. Pero, con todo, la respuesta más completa y anterior al hecho, y en este sentido dotada de una visión prospectiva clara, ha venido de Polonia. Antes de que la censura de Trump se produjera, el gobierno polaco había presentado un proyecto de ley que prevé sanciones de 2,2 millones de dólares para las empresas de las redes sociales que censuren actividades legales, y establecen que en todo caso debe ser el tribunal de justicia quien lo determine en un plazo máximo de 7 días a partir de la petición y a través de un procedimiento electrónico. De esta manera Polonia hace lo que los países de la Europa occidental no se han atrevido todavía a hacer, y es limitar la capacidad arbitraria que tienen estas grandes empresas de condicionar la información.
De todas ellas, se puede decir que, o bien los estados democráticos desmenuzan sus monopolios, reducen su dimensión y establecen garantías judiciales de cómo tratan la información que circula por las redes, o bien la democracia se convertirá en inviable y los primeros interesados en que esto se haga son los políticos de todos los colores, como se ha visto en la reacción. Y también los medios de comunicación, todos, porque quedan sometidos a la dictadura del que decide ,Twitter, Facebook, Google y tuti quanti .
También se ha de regular el hecho de que algunas de estas empresas, que disponen de grandes servidores que utilizan redes menores, no puedan a su criterio dejar de prestar servicios como han hecho Google, Apple y Amazon con la red Parler, con la justificación de que acoge a grupos de extrema derecha. Una vez más la libertad de expresión no puede quedar en manos de unos grandes empresarios, sino que debe ser la justicia quien lo determine. Google, Apple y Amazon tienen todo el derecho del mundo de considerar que lo que circula por Parler es contrario al estado de derecho, pero no les corresponde a ellos tomar la decisión. Los ciudadanos no podemos quedar en manos de esta gente que acumula enormes fortunas y que determina qué podemos leer y condiciona día a día lo que pensamos.
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