Crisis migratoria en España y Cataluña: Análisis de las cifras y percepciones

En tan sólo el último año, la Seguridad Social ha sumado 200.000 afiliados extranjeros. Si observamos el total de personas de este origen afiliadas, podemos constatar que Cataluña es el lugar en el que hay más, con 695.867 afiliados extranjeros, seguida de Madrid con 587.770. A mucha distancia, viene ya Valencia, con 325.663 y Andalucía, con 319.006.

Este hecho explica que España sea un país con alto porcentaje de personas nacidas en el extranjero. De hecho, el 17% de la población tiene esta característica, lo que representa a 8,7 millones de personas, una proporción mucho mayor que la francesa o la italiana.

El impacto de la inmigración en la población joven

El hecho inmigratorio hace sentir su impacto en el marco de una natalidad autóctona muy débil: una cuarta parte de la población menor de 30 años es hija de padres inmigrantes. Si sólo consideramos la población de 0 a 4 años, la cifra alcanza el 30%. Por tanto, la inmigración tiene un efecto multiplicador, tanto en la cifra de gente recién llegada como en la de sus hijos.

En Cataluña, estas magnitudes son aún mayores porque cerca de 1/4 de la población tiene ese origen, que en Barcelona supera el 30%. Sin embargo, no se aprecia todavía un conflicto especial. Según datos de las encuestas, un 69% de los entrevistados considera que la integración de los inmigrantes es un éxito; por el contrario, un 22% lo contempla como un fracaso.

Estas cifras contrastan con las de Italia, donde los mismos conceptos se traducen en un 49% y un 46% respectivamente. En Alemania, las cifras son de un 46% y un 41%, y en Francia de un 41% y un 38%. En definitiva, mientras que la diferencia entre los que lo ven como un éxito y los que opinan lo contrario en España es de 27 puntos a favor de los primeros, en Italia y en Francia es sólo de 3 puntos y en Alemania, hasta los últimos incidentes recientes, de 5 puntos.

Percepción de la inmigración como problema

La percepción de la inmigración como problema, según los datos del CIS, se sitúa en un 16,9%, una magnitud similar a la de los años 2018 y 2019 y claramente inferior a la de inicios de siglo, cuando la primera ola inmigratoria alcanzó el máximo en 2006 con un 34,6%. Pese a la bondad de estas cifras, un 37,4% está de acuerdo en que España debería limitar la inmigración para proteger su estilo de vida, mientras que un 38,4% opina exactamente lo contrario. Estamos, por tanto, ante un empate técnico que puede desequilibrarse en función de los acontecimientos, como los que están sucediendo con la inmigración ilegal en Canarias y en Ceuta .

Algunas encuestas también señalan un trasfondo de conflictividad entre los inmigrantes y los nacidos en España. Más de un 60% de la población considera que ese fenómeno existe. Un 20% la ve como un problema, una cifra claramente inferior a la italiana, francesa o alemana, mientras que un 29% la ve como una oportunidad. Pero atención, porque la gran mayoría, el 39%, considera que la inmigración comporta simultáneamente problemas y oportunidades. Este bloque mayoritario puede decantarse de una u otra forma en función de cómo evolucionen los hechos, que en estos momentos no marchan en buena dirección.

La necesidad de una política integral sobre inmigración

Cabe apuntar que el problema o la dificultad no es la inmigración ilegal, la que llega con cayucos o nadando, que sólo representa un 5% del total. El gran flujo llega sencillamente por avión con algún tipo de permiso ocasional, y vienen masivamente porque hay trabajo. Si no hubiera esa oferta, vendrían en una proporción mucho menor. Y es en este punto donde esta cuestión se articula con el turismo, que se ha convertido en la muñequita de los ojos del gobierno porque redondea las cifras macroeconómicas de crecimiento del PIB. El turismo, junto con otras actividades conexas, genera un gran empleo, pero de muy baja productividad, y esto es una derivada del problema.

La idea de que la inmigración es sólo beneficiosa y no tiene contrapartidas negativas importantes es radicalmente falsa. Y la negativa a debatir todos sus aspectos descalificando rápidamente a quien lo hace como chovinista o racista es un error monumental, porque no hace otra cosa que hacer crecer el problema que se encuentra bajo la alfombra.

Cuando, por ejemplo, se dice que el balance de los inmigrantes con la Seguridad Social es positivo, lo que se está omitiendo es que dejará de serlo cuando se jubilen. Es positivo ahora, no porque sean inmigrantes, sino por su edad. En realidad, la curva económica vital de los recién llegados, la que establece los intercambios entre ingresos y gastos con el estado para cada persona, será en la mayoría de casos negativa cuando lleguen al final de su periplo vital; es decir, cuando pasen a cobrar jubilación y necesiten mayor atención sanitaria a causa de la edad. Su aportación a lo largo de la etapa más productiva difícilmente compensará el gasto que generarán. Pero atención, éste no es un hecho intrínseco del inmigrante, sino de cualquier persona, inmigrante o no, que tenga un bajo nivel de ingresos, una baja productividad o una escasa preparación. Éste es el problema de fondo que genera un lastre creciente que se acumula en la bodega de esta embarcación, que se puede llamar España o Cataluña.

Hay demasiados datos para no admitir que vivimos una crisis migratoria que, de momento, no tiene traducción lógica, pero que precisamente por eso sería el momento óptimo para actuar, estableciendo una moratoria y diagnosticando la situación para definir una política integral que tendría efecto no sólo sobre esta población sino también sobre la autóctona de menor renta y sobre aspectos colaterales básicos como la vivienda o la escuela.

El propósito de Sánchez de modificar la ley de inmigración situando todo el problema en la obligación de redistribuir a los inmigrantes por comunidades autónomas es escandalosamente insuficiente; podríamos decir que cínicamente insuficiente, porque aborda una pequeña emergencia sin afrontar la dimensión total del problema. Y esto es así porque el gobierno actual, por la heterogeneidad de sus alianzas, es demasiado débil para abordar la política migratoria que el país necesita.

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